El general Francisco José Gan Pampols. Biel Aliño
Valencia El diagnóstico de Gan Pampols sobre la Administración: "Es un error dar autoridad a personas sin la capacidad necesaria"El exvicepresidente hace un informe de conclusiones y critica la escasa coordinación, las disputas políticas y la burocracia en la gestión de la dana.
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Raquel Miralles Valencia Publicada 19 abril 2026 02:26hEl exvicepresidente del Gobierno valenciano encargado de la Recuperación tras la dana de octubre de 2024, Francisco José Gan Pampols, califica de "error de graves consecuencias asignar autoridad política a personas sin el conocimiento, la preparación o la capacidad necesaria para el ejercicio del liderazgo de estructuras administrativas complejas".
Así se desprende de un informe sobre lecciones aprendidas de la dana de Valencia de 2024 que presentó en el Círculo Cívico de Opinión y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que Gan Pampols analiza, "sin perseguir la atribución de responsabilidades", las disfunciones estructurales de la Administración Pública en relación con esta catástrofe.
El objetivo, según explica, es "formular propuestas orientadas a reforzar la capacidad de prevención, protección, respuesta y recuperación", entre las que destaca la creación de una Agencia Estatal de Emergencias, aumentar la profesionalización de los implicados en las catástrofes, rediseñar los procedimientos administrativos y aumentar el fondo de contingencia nacional ante las catástrofes.
Mazón nombra al teniente general Francisco José Gan Pampols vicepresidente para la Recuperación de ValenciaJunto a estas propuestas centradas en la mejora de la gestión de las emergencias, el teniente general que formó parte del equipo de Carlos Mazón durante casi un año realiza un análisis en profundidad sobre el funcionamiento de la Administración Pública.
En este sentido, critica la hiperregulación, los procesos farragosos, la ineficiencia en la gestión del tiempo, las duplicidades, los obstáculos tecnológicos o el sistema de incentivos que suele premiar el cumplimiento de las normas sobre la obtención de resultados.
Además, asegura que la centralización de la toma de decisiones "genera cuellos de botella y lentitud operativa en los niveles más altos".
"Uno de los problemas más persistentes es la complejidad superflua en los procesos de autorización, que se concreta en una red enmarañada y excesiva de trámites", defiende, al tiempo que critica la excesiva burocracia.
Carlos Mazón y Francisco José Gan Pampols. Rober Solsona / Europa Press
En esta línea, apunta que los organismos de la Administración "frecuentemente deben responder a múltiples actores políticos con intereses diversos y metas contradictorias", lo que, según su análisis, "diluye la operatividad, disminuye la fuerza de los incentivos y genera parálisis".
Además, tal y como señala, para algunos puestos no se valora el mérito y la capacidad, sino las "afinidades políticas". "Es un error de graves consecuencias el asignar autoridad política a personas sin el conocimiento, la preparación o la capacidad necesaria para el ejercicio del liderazgo de estructuras administrativas complejas", añade.
Con todo, defiende como una reforma necesaria que la dirección política de la emergencia se distinga y separe de la dirección administrativa, es decir, la técnica, que tiene que estar centrada en la resolución práctica del problema con una autoridad "precisa" y con todos los recursos necesarios, independientemente de en qué nivel de la administración se encuentren.
Para ello, según argumenta Gan Pampols, es "indispensable" la existencia del catálogo de recursos críticos del estado para que puedan ponerse a disposición de la emergencia de forma inmediata.
Señala que ante las catástrofes "no procede entrar en discusiones competenciales ni en la asignación de responsabilidades de lo ocurrido".
Aprendizajes de la dana
En el estudio, publicado por la asociación La Cadiera de Zaragoza, considera que "solo mediante una voluntad firme de aprender de estos errores y una reforma estructural de la arquitectura institucional" se podrá asegurar que "la administración esté verdaderamente al servicio del ciudadano en sus momentos de mayor vulnerabilidad".
Sobre la riada que causó la muerte de 230 personas y una destrucción valorada en 17.000 millones de euros, Gan Pampols aboga por "aprender del error y poner los medios para que no se repita".
Defiende que la cantidad de lluvia como la que hubo durante esa trágica jornada es "inevitable", pero "parte de su potencial destructivo sobre vidas y bienes" sí es "evitable".
Entre las causas de la tragedia, además de las elevadas precipitaciones, señala las obras de encauzamiento y laminación previstas sobre los cauces y barrancos no ejecutadas o la construcción de vivienda en zonas de elevado riesgo de inundación.
"El análisis pone de relieve problemas recurrentes asociados a la hiperregulación, la fragmentación competencial, los déficits de coordinación en un contexto de gobernanza multinivel, y las limitaciones de los instrumentos financieros y contractuales en situaciones excepcionales", señala.
Sobre las disfunciones observadas sobre el proceso de reconstrucción tras la dana, estima que uno de los "mayores obstáculos" fue el solapamiento de funciones entre los tres niveles administrativos.
Imagen de la localidad de Chiva tras la dana.
Pone como ejemplo la "falta de unidad de criterio y de delimitación precisa de los sujetos y objetos beneficiarios" de las ayudas o subvenciones que se han proporcionado a los afectados, que ha derivado en "servicios ejecutados simultáneamente por distintos niveles sobre los mismos destinatarios con criterios dispares y sin una coordinación clara".
"La justificable urgencia de proporcionar tempranamente recursos a los damnificados ha devenido en un deficiente control de los resultados de su aplicación y del inexistente ajuste de objetivos a alcanzar", añade.
Otro de los errores señalados por Gan Pampols fue la asignación de enormes recursos económicos (1.720 millones de euros por parte del Gobierno central) a los Ayuntamientos, que tienen capacidades muy diversas y que "la mayoría no han podido gestionarlos en tiempo y forma".
A esto le suma el centralismo estatal y autonómico, la falta de coordinación entre las administraciones, el déficit de representación local en el proceso normativo y la ineficiencia en la gestión de redes y la externalización de servicios a entes privados.
En este sentido, explica que la fragmentación del sector público en "miles de administraciones independientes hace que estas gestionen sus redes de servicios con una gran autonomía operativa que a menudo se materializa en colisiones y conflictos por ignorancia o negación del 'otro'".
"Un ejemplo es el de las confederaciones hidrográficas y sus relaciones con los ámbitos autonómico y local y la necesaria armonización de acciones choca con criterios dispares y directrices políticas contradictorias en función del color de la administración de cada cual", afirma.
Propuestas
En las conclusiones del estudio realizado unos meses después de dejar la política, define la emergencia como la situación en la que "todas las actividades ordinarias se ven alteradas y sus capacidades estresadas al máximo".
A su juicio, ante esta situación "lo único que garantiza una respuesta adecuada y oportuna" es la unidad y la profesionalidad de la estructura de mando, la adecuada formación del personal, la homogeneidad de los procedimientos, la disponibilidad de los medios necesarios y la capacidad de movilización de recursos adicionales.
Diana Morant, Carlos Mazón, Pedro Sánchez y Diana Morant. Kai Försterling / Efe
En esta línea concluye que el sistema nacional de protección civil y emergencias debe reunir estas características. En este sentido, propone la creación de una Agencia Estatal de Emergencias para disponer con carácter permanente de una estructura de mando y control que atienda a todo tipo de emergencias.
También considera que "la gestión administrativa de cualquier situación debe quedar al margen de todo condicionamiento político, rigiéndose exclusivamente por criterios de eficacia y oportunidad, basados en asesoramientos de carácter científico y técnico proporcionados por personal debidamente cualificado y con experiencia".
Finalmente, aboga por rediseñar la capacidad de las administraciones para movilizar al personal necesario y permitir la contratación por emergencia en contextos de catástrofes, para primar "la sencillez, la inmediatez y la efectividad".