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El documento de Feijóo para negociar con Vox: el PP acepta "ampliar la oferta programática pero no contradecirla"

El documento de Feijóo para negociar con Vox: el PP acepta "ampliar la oferta programática pero no contradecirla"
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Se trata de un marco para negociaciones con cualquier partido, por lo que Feijóo establece como líneas rojas el respeto a la unidad nacional, la Constitución y el Estado de derecho. Más información: Feijóo toma las riendas de las negociaciones autonómicas con Vox para evitar "una repetición electoral" en Extremadura.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este lunes en la reunión del Comité de Dirección del partido. Mudarra

Política PARTIDO POPULAR El documento de Feijóo para negociar con Vox: el PP acepta "ampliar la oferta programática pero no contradecirla"

Se trata de un marco para negociaciones con cualquier partido, por lo que Feijóo establece como líneas rojas el respeto a la unidad nacional, la Constitución y el Estado de derecho.

Más información: Feijóo toma las riendas de las negociaciones autonómicas con Vox para evitar "una repetición electoral" en Extremadura.

Publicada 23 febrero 2026 19:17h Actualizada 23 febrero 2026 19:24h

Las claves nuevo Generado con IA

El documento marco fija las bases políticas y metodológicas con las que el PP quiere ordenar sus acuerdos postelectorales con Vox, bajo un criterio único para toda España. "En un momento de extraordinaria decadencia en España", expresa en sus siete páginas, "tenemos el deber de velar por el respeto a las principales instituciones de la Nación".

Se presenta como un texto "vinculante" y de aplicación general, con el objetivo declarado de garantizar gobernabilidad con "coherencia, proporcionalidad y estabilidad" y de romper la lógica de "chantaje" y privilegios que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.

En el plano institucional, el PP establece como línea roja el respeto a la unidad nacional, la Constitución y el Estado de derecho, en la línea de las condiciones clave del PP Europeo.

Todo pacto debe ajustarse además al actual reparto competencial: las medidas negociadas sólo podrán versar sobre lo que legalmente corresponda a cada Administración, y el partido se compromete a proteger la separación de poderes, el prestigio de las instituciones autonómicas y la Jefatura del Estado.

El documento reclama "coherencia programática": admite "ampliar las ofertas electorales, pero no contradecirlas". La igualdad ante la ley y la defensa de la libertad se fijan como bases obligadas de cualquier medida.

Se rechazan propuestas que "generen desigualdades por territorio, ideología, lengua, sexo u origen". Y se reivindican la ampliación de libertades individuales, iniciativa personal y pluralismo.

Reparto "proporcional"

En el reparto de poder, el criterio central es la proporcionalidad derivada de las urnas, tanto en el ámbito Legislativo como en el Ejecutivo.

El PP subraya que mantiene "identidad política propia", que un acuerdo no implica "acabar siendo lo mismo" que el socio, pero a la vez sostiene que "ninguna diferencia" puede estar por encima del "interés de España" ni bloquear el mandato de cambio que atribuye a los resultados electorales.

El texto identifica un amplio bloque de materias autonómicas como campos prioritarios de acuerdo: bajada de impuestos dentro de las competencias autonómicas, reducción de burocracia y barreras regulatorias, apoyo al campo, defensa de un mix energético que incluya la energía nuclear, y una política energética orientada a la competitividad industrial.

Añade el diagnóstico de un "shock de oferta" en vivienda (más suelo, menos trabas, movilización de suelo público), y la lucha contra la okupación ilegal.

En política migratoria se avanza en la idea restrictiva con exigencia de expulsiones a delincuentes reincidentes y coordinación con las Comunidades, impulso a la natalidad y la familia, protección de la infancia frente a contenidos o intervenciones ideologizadas, y un sistema educativo exigente ajeno al “adoctrinamiento”.

También recoge compromisos en igualdad y violencia, con condena expresa de todas las formas de violencia y la defensa de políticas “concretas” frente al enfrentamiento identitario. Incluye referencias a la situación de los jóvenes, la seguridad ciudadana y el refuerzo de la sanidad pública autonómica, especialmente Atención Primaria y salud mental, con planificación de profesionales y equilibrio territorial.

Finalmente, el PP exige que todo acuerdo garantice gobiernos colegiados, estables y con seguridad jurídica, evitando el “chantaje parlamentario” y la fragmentación. Se fijan como estándar la aprobación de cuatro presupuestos autonómicos y la creación de mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los pactos.

Extremadura y Aragón

El entorno de María Guardiola insiste en que la interlocución con Vox seguirá siendo liderada desde Mérida y bajo el liderazgo de la baronesa extremeña.

Fuentes cercanas a la presidenta en funciones subrayan que la entrada de Génova en el tablero "responde a la necesidad de fijar un marco nacional", no a un relevo de mando en la negociación.

El mensaje a Vox es nítido: "Se trata de no caer en el marco de Vox, que quiere mostrar que hay dos PP diferentes", insisten las fuentes, "cuando ni es así ni nos conviene que lo parezca".

En Mérida, el entorno de Guardiola está cansado de que los de Santiago Abascal exijan unas políticas en una Comunidad y otras distintas en otra.

La candidata recalca, según este portavoz, que "tampoco se puede pedir una cosa en Extremadura y que no se pida en Aragón", y que la posición nacional busca precisamente evitar ese juego de los líderes madrileños de Vox.

En ese contexto, el entorno de Guardiola defiende que "ahora quedará claro que nadie está más cerca de un acuerdo programático, porque el marco programático es el mismo" en todas las regiones, incluida la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco, que va a elecciones en tres semanas.

Lo que sí cambia, recalcan, son los resultados electorales de cada territorio, y "obedeciendo a ese hecho, los acuerdos deben guardar la proporcionalidad correspondiente". Es decir, que el PP extremeño reivindica su ventaja sobre el aragonés, ya que Guardiola sacó un 43% de votos y Jorge Azcón un 34%.

Lo que más lamenta el PP y quiere ahora conjurar con el "acompañamiento" desde Génova, es que "algunas de las medidas que Vox pone sobre la mesa ni siquiera son competencia autonómica, sino estatal". Ahí ven útil que la dirección de Feijóo desactive ataques para "buscar una división interna" de los populares.

Por eso, destacan fuentes de Génova, la dirección nacional del PP ha decidido intervenir directamente en las negociaciones autonómicas, para "evitar una repetición electoral" y unificar criterio. Feijóo toma las riendas políticas y Génova enviará "un representante propio" a las mesas donde Guardiola y Azcón se juegan la reelección.

La cúpula popular admite que todo esto ya está hablado con Vox, y de ahí que al anuncio este lunes a mediodía haya salido ya este "documento marco nacional" que servirá de "guía común en todos los territorios" donde se negocia con Vox. El objetivo es también reducir el margen de maniobra de las baronías si puede romper la coherencia.

Génova y Bambú ya han acordado que las conversaciones giren "primero, en torno a las políticas" y sólo después, sobre la entrada o no de Vox en los gobiernos autonómicos.

La prioridad declarada es facilitar "buenos acuerdos" y que se consigan "cuanto antes" para esquivar un escenario de nuevas elecciones, "que no asustan, pero que serían una incongruencia".

En Extremadura, el pulso se concentró en las peticiones "imposibles" de Vox, con cuatro consejerías, una vicepresidencia y el control de la radiotelevisión autonómica, primero.

El partido de derecha extrema acusaba al PP de buscar "gobernar en solitario", no descartó forzar la repetición electoral, y Abascal incluso planteó que la solución podría pasar por la sustitución de Guardiola como candidata. "Algo que no está ni ha estado, ni estará sobre la mesa", según fuentes de Génova.

Después, en la fiscalidad a la central nuclear de Almaraz y en la ecotasa autonómica que grava a las eléctricas.

El Ejecutivo de Guardiola pactó en 2025 una reducción gradual del impuesto entre 2027 y 2030, vinculada a la prórroga de la vida útil de la planta, mientras Vox exige "impuestos cero" y coloca ese punto como condición central de la investidura.

En Aragón el bloqueo es preventivo: el equipo de Alejandro Nolasco no tiene permiso para abrir una negociación formal hasta que se conozca el resultado en Castilla y León el 15 de marzo.

Bambú condiciona allí el conjunto de pactos autonómicos a la fuerza que logre Vox en esa cita, lo que deja a Azcón "atado de pies y manos" durante semanas.

Feijóo asume este giro como una rectificación de su estrategia hasta ahora, con la que daba máxima autonomía a los barones. Y consolida un mensaje de fondo: Vox es el "aliado natural" del PP, pero deberá aceptar un marco de "coherencia y proporcionalidad" fijado ya no desde la planta noble de Génova.

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