El juzgado de la Audiencia Nacional da por terminada la instrucción, donde se investiga a Álvaro Romillo y nueve personas más por organización criminal, blanqueo y falsedad documental
Regala esta noticia Añádenos en Google El empresario Álvaro Romillo a su salida del Tribunal Supremo. (EFE)Pilar García-Trevijano
Granada
15/09/2026 a las 20:16h.El juez José Luis Calama, titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, ... ha finalizado la instrucción del sumario de la macroestafa con criptomonedas relacionada con el empresario Álvaro Romillo, conocido públicamente como CryptoSpain. Romillo, acusado también por financiar ilegalmente con 100.000 euros la campaña del eurodiputado Luis Pérez Alvise, enfila su enjuiciamiento junto a otras nueve personas por sus activididades al frente del «chiringuito financiero» Madeira Invest Club.
Al dar por terminado el sumario, la parte dispositiva ordena remitir las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la celebración del juicio oral, concediendo diez días a las partes para su emplazamiento procesal. De acuerdo con Carlos Aránguez, abogado granadino que representa a 500 afectados por esta estafa, la investigación sitúa provisionalmente el perjuicio por encima de los 185 millones y cifra en más de 3.000 las personas afectadas.
Advertencias
La sociedad de Romillo operó durante un año y medio pese a las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en mayo y junio de 2023 hizo público que la red no estaba autorizada para realizar «actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva». «La resolución supone un paso procesal decisivo en una causa que comenzó formalmente en octubre de 2024 y que, por el número de afectados, el volumen económico investigado, la conexidad con ciertos políticos y destacados empresarios, así como la complejidad del entramado societario y financiero examinado, se ha convertido en uno de los procedimientos por estafa de mayor repercusión pública de los últimos años», valora Aránguez.
Tras más de un año de diligencias de investigación, el juez dictó el 15 de diciembre de 2025 auto de procesamiento contra Álvaro Romillo Castillo y otras nueve personas. Según la resolución judicial, existen indicios racionales de criminalidad que podrían integrar un delito continuado de estafa cualificada de notoria gravedad y con perjuicio para una generalidad de personas, en la modalidad conocida como «delito masa», así como un posible delito de organización criminal.
Las cifras conocidas durante la investigación reflejan la extraordinaria dimensión del procedimiento. El auto de procesamiento situó el fraude investigado en más de 185 millones y 3.062 inversores, e impuso a los diez procesados una fianza solidaria superior a 247 millones.
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