Las organizaciones sectoriales y los partidos de la oposición muestran grandes dudas sobre la utilidad del plan de 7.000 millones de euros aprobado ayer por el Consejo de Ministros para tratar de contener la crisis de vivienda.
Siete meses después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez presentase el primer borrador del Plan Estatal de Vivienda, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde al texto definitivo. El proyecto prevé triplicar la inversión pública en políticas de vivienda, con el foco en aumentar la oferta de vivienda protegida, fomentar la rehabilitación del parque actual e incrementar las ayudas al alquiler y a la compra para los jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la crisis de precios que, según los expertos del sector, ha agravado el intervencionismo impuesto por el propio Ejecutivo tras la aprobación de la Ley de Vivienda.
Rodríguez defendió ayer su plan para solucionar la crisis de acceso a la vivienda, y afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el texto garantiza "que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para especulación" y recordó que ha contado con el dictamen favorable del Consejo de Estado, desde donde no obstante presentaron alegaciones que "darán mayor tranquilidad" al diseño de la estrategia.
Sin embargo, el Plan nace rodeado de escepticismo, tanto por parte de los partidos políticos de la oposición como por las asociaciones del sector.
La cofinanciación con las comunidades autónomas, posible escollo
Una de las cuestiones que más dudas está generando alrededor del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es su financiación. El texto aprobado ayer plantea que las comunidades autónomas aporten el 40% de los 7.000 millones de euros proyectados, es decir, 2.800 millones.
Este asunto ya contó con el choque frontal de varios gobiernos regionales en septiembre y, previsiblemente, deberá cerrarse mediante convenios con las comunidades antes de verano para comenzar a desplegar los fondos durante la segunda mitad del año. El Gobierno se reunirá el próximo martes, 28 de abril, con las comunidades autónomas para preparar la Conferencia Sectorial con la que tratará de llegar a un acuerdo definitivo sobre la financiación del plan.
El Gobierno tratará de calmar las aguas con las CCAA aportando el 100% de la inversión para lo que resta de año, con el objetivo de que no haya "excusas" para no desplegarlo en todo el territorio, según afirmó ayer la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. En su opinión, el Plan Estatal de Vivienda aborda "cambios estructurales que eran muy demandados por lo que pidió "lealtad" a las regiones para que se sumen a su implementación.
En contraposición, desde el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -que aprueba hoy su propio plan para construir hasta 18.000 viviendas protegidas en cuatro años- criticaron ayer el plan, precisamente, por plantear una financiación "inviable" y recoger, a su juicio, medidas "anticonstitucionales".
Sobre este tema, desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) señalaron que el diseño del plan se condiciona a la actuación de las comunidades autónomas, algo que "dificulta su aplicación".
El programa del Gobierno no aumentaría lo suficiente la oferta en mercados tensionados
La otra gran crítica al nuevo Plan Estatal de Vivienda tiene que ver con su efectividad realen los mercados más tensionados de la geografía española. Prueba de ello es que el texto incluye ayudas específicas para acceder a una vivienda en las poblaciones con menos de 10.000 habitantes.
Al respecto, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) valoró ayer que su impacto "será limitado" si no se refuerza aún más el presupuesto; una tesis que compartieron desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, tachando de "ridículo" el presupuesto planteado.
Por su parte, desde la FAI afirmaron que el plan no se focaliza lo suficiente en los mercados tensionados, por lo que no servirá para aumentar la oferta en las áreas que abarcan la mayor parte del déficit de vivienda en España, que ya se sitúa entre 700.000 y un millón de unidades; mientras que desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) recalcaron "la necesidad de seguir habilitando suelo para la construcción" ante este desequilibrio en la oferta.
Las claves del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
- Vivienda protegida. El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros recoge que, de los 7.000 millones de euros proyectados en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el 40% irán destinados a aumentar la oferta de vivienda protegida. De confirmarse este desembolso conjunto de fondos entre la Administración Central y las comunidades autónomas, hasta 2.800 millones se volcarían en esta partida. Los fondos en esta área irán destinados a la recuperación de las ayudas a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), con una cuantía de hasta 85.000, las cuales incluirán una "cláusula antifraude" para tratar de garantizar la transparencia en la adjudicación de las obras. Además, señalan desde Vivienda, "se blinda la protección de las VPO para que siempre sirvan al interés general". La cuantía de las ayudas para la construcción de vivienda protegida podrán aumentarse incluso hasta los 102.000 euros si las promociones se proyectan en zonas de mercado tensionado o fomenten la construcción industrial, una cuestión que, según pusieron de manifiesto el pasado lunes los expertos durante el Encuentro EXPANSIÓN Sector Inmobiliario, podría acortar los plazos, pero no servirá para contener los precios finalistas. Este capítulo del Plan también recoge el desembolso de fondos para la movilización de vivienda vacía "a través de la compra o la cesión para incorporarlas al parque de alquiler asequible".
- Rehabilitación. En paralelo, el texto recoge el desembolso de hasta 2.100 millones de euros -el 30% del total- para otorgar ayudas a la rehabilitación del parque de vivienda existente en accesibilidad y eficiencia energética, reduciendo un 30% el consumo en hasta 260.000 viviendas, según los datos del Gobierno. Estas ayudas se incrementarían "cuando la vivienda a rehabilitar esté en una zona de protección patrimonial o cuando se trate de una vivienda vacía que se vaya a sacar al mercado en forma de alquiler asequible".
- Ayudas directas. La última pata del nuevo Plan Estatal de Vivienda recoge el incremento de las ayudas directas al alquiler para jóvenes hasta los 300 euros mensuales; y de hasta 15.000 euros para personas de hasta 35 años que compren su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. También se introducen nuevas subvenciones, como una al alquiler de 250 euros para hogares vulnerables; o una línea específica para mujeres víctimas de violencia de género, que podrán recibir hasta 1.000 euros al mes para pagar sus arrendamientos.