De este modo, 2025 se posicionó como el segundo año con mayor número de eventos de agresión en la última década, solo por debajo de los 197 registrados en 2022. En términos geográficos, la mayor concentración de estos eventos se ubicó en la Ciudad de México, con 39 casos; Puebla, con 20; y Oaxaca, con 17. En conjunto, estas entidades concentraron el 56.2% del total nacional.
Crecen agresiones contra mujeres y organizaciones civiles defensoras
Las personas integrantes de comunidades originarias continúan siendo el grupo más vulnerable, al representar el 11.3% del total de las víctimas. Les siguen los defensores independientes (3.3%), abogados (2.6%) y académicos (2%). El documento destaca además un incremento alarmante de más de 171% en los ataques dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, las cuales son agredidas por su labor de defensa y acompañamiento en casos de derechos humanos ambientales.
En cuanto al género, si bien 158 víctimas corresponden a personas de sexo y género masculino y 89 al femenino, el informe advierte un aumento cercano al 62% en las agresiones dirigidas contra mujeres en comparación con 2024, lo que sigue evidenciando la persistencia de violencia estructural en su contra.
Una de las conclusiones más contundentes del informe apunta directamente a las distintas instancias de gobierno. El CEMDA sostiene que “el Estado mexicano, en sus distintos órdenes de gobierno, continúa siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en el país”.
uso de plataformas digitales creadas no para informar, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su labor de defensa”, indica el informe.El CEMDA expresó su preocupación por la falta de políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de personas, comunidades y colectivos que protegen el medio ambiente, la tierra y los recursos naturales del país.
Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo del CEMDA, aseguró que desde hace más de una década se ha insistido al Estado en la necesidad de asignar recursos financieros y humanos suficientes “a fin de garantizar un entorno propicio para que las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales puedan realizar su labor de manera libre y segura”.