Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, en una imagen de archivo. Europa Press
Tribunales CASO KOLDO El exdirector de Carreteras responsabiliza a "los ministros" de los sobreprecios de varias obras sospechosas de amañosJavier Herrero comunica al juez que era alto cargo de Transportes cuando se aprobaron las modificaciones de sólo dos contratos bajo sospecha y se desvincula de cualquier irregularidad.
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Javier Corbacho Publicada 20 mayo 2026 15:28h Actualizada 20 mayo 2026 15:30h Las clavesLas claves Generado con IA
Javier Herrero, exjefe de la Dirección General de Carreteras (DGC), se desvincula de los sobreprecios sufridos por varios contratos de obra pública que la Justicia investiga por supuestos amaños.
En un escrito, el abogado de Herrero señala que, de las adjudicaciones que la Audiencia Nacional tiene bajo el radar, sólo dos fueron modificadas mientras el ex alto cargo encabezaba Carreteras.
Asimismo, el letrado Jesús Mandri subraya que "la titularidad de los [seis] contratos es del Ministerio de Transportes, no de la Dirección General de Carreteras".
Aunque el abogado sí reconoce que la DGC tiene "especial intervención en la definición técnica de los proyectos y de su ejecución material", subraya que, según la ley, "la responsabilidad recae sobre el órgano de contratación, que son los ministros y los secretarios de Estado".
De hecho, Mandri incluye una "especial mención a las funciones de la Intervención Delegada y la Abogacía del Estado para el aseguramiento de la legalidad presupuestaria y jurídica".
Escrito de alegaciones de la defensa de Javier Herrero.
"Es, por tanto, el órgano de contratación [Ministerio de Transportes] el que aprueba los pliegos de cláusulas administrativas generales en los que se incluyen los criterios de adjudicación y las fórmulas para la valoración de las ofertas", expresa el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Y es el órgano de contratación el que aprueba económica y definitivamente la adjudicación de los contratos y sus modificados", añade.
El escrito ya ha sido enviado al juez Ismael Moreno, instructor del llamado caso Koldo, y quien investiga, entre otros, a Herrero, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García.
El pasado mes de marzo, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) envió a la Audiencia Nacional un informe sobre varias adjudicaciones bajo sospecha de amaños.
En respuesta, el abogado de Herrero comunica que su cliente era director de Carreteras cuando se aprobaron las modificaciones de "tan sólo dos contratos": uno, en la Autovía A-32 (Linares-Albacete) y otro, en la Autovía A-63 (tramo Salas-La Espina).
El escrito subraya que esos sobreprecios alcanzaron los porcentajes de 4,80% y 9,35%, respectivamente. Es decir, lejos de las modificaciones de otras licitaciones bajo sospecha, que sí rozaron, por tan sólo unas milésimas, el 20%, umbral que ya exige un dictamen del Consejo del Estado.
El abogado de Herrero relata que, para la modificación del precio de una obra, una vez se ha adjudicado, es necesario contar con la figura de su director facultativo, ingeniero de caminos de profesión y que "representa al órgano de contratación durante toda la ejecución".
El escrito de alegaciones subraya que esta persona es la "responsable primera y última (...) de las propuestas de modificación que se hayan tramitado".
Y subraya que la Dirección General de Carreteras "no aprueba técnicamente la propuesta de modificado" hasta que no han dado su aval la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada, un organismo dedicado a la fiscalización de la gestión económica de entidades públicas.
Finalmente, el escrito recalca que la DGC "no tiene competencia ninguna en la valoración de las ofertas", en la puntuación de las mismas y en la adjudicación del contrato.
"En cuanto a los modificados", concluye el abogado de Herrero, la Dirección General de Carreteras tan sólo aporta su "aprobación técnica" a propuesta del director de la obra y tras el "informe positivo" de la Intervención Delegada y la Abogacía del Estado.
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