El fiscal jefe de Badajoz niega cualquier irregularidad o interferencia en la tramitación de la denuncia contra Leire Díez
Regala esta noticia Añádenos en Google Leonardo Marcos, a la derecha, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como imputado. (Fernando Sánchez/Efe) 10/09/2026 Actualizado a las 12:59h.El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos negó este jueves ante el juez Santiago Pedraz haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) ... para rebajar el ritmo de las investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno y ofreció una explicación diferente a la trasladada a la causa por algunos de los principales mandos del Instituto Armado. Según su versión, las reuniones que mantuvo con los responsables de Policía Judicial no pretendían condicionar las pesquisas sobre David Sánchez, 'Azagra' de nombre artístico, hermano del presidente del Gobierno, sino aclarar las continuas filtraciones de los informes policiales.
Ante el magistrado rechazó una de las expresiones que más han pesado en su imputación. Negó haber pedido a los responsables de la UCO que el informe relativo a David Sánchez concluyera que «no había nada». «Nunca la pronuncié», sostuvo durante el interrogatorio. Defendió además que en sus contactos con los investigadores insistía precisamente en que no le facilitaran información sobre las causas que, por su condición de director general, no necesitaba conocer.
El antiguo responsable del Instituto Armado reconoció, sin embargo, que reclamó rapidez en la elaboración de aquel informe. Lo justificó por el principio de «disponibilidad» que rige en la Guardia Civil y negó que detrás de esas prisas existiera un interés por predeterminar el resultado. Según explicó, siempre exigió «rigor» a los agentes.
Marcos situó además el origen de su preocupación en las filtraciones. Explicó que comprobó que los informes de la UCO sobre la investigación de David Sánchez aparecían repetidamente publicados y que convocó una reunión para determinar de dónde podían proceder esas fugas. Su interés, aseguró, estuvo centrado en esclarecer ese problema y no en transmitir instrucciones sobre la actuación judicial de la unidad.
La explicación se enfrenta al relato que Rafael Yuste, jefe de la UCO entre 2023 y 2025, trasladó a los investigadores del caso el pasado 27 de mayo. Yuste describió presiones procedentes de la cúpula de la Guardia Civil para que la unidad se «pusiera de perfil» en procedimientos con especial sensibilidad política y dejara que fuera la autoridad judicial la que «tomase la iniciativa».
Uno de los episodios centrales ocurrió en julio de 2024, durante una reunión en la Dirección General en la que estuvieron, entre otros, Marcos, Yuste y el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas. Según el testimonio incorporado a la causa, Marcos se mostró molesto con un oficio elaborado por la UCO dentro de las diligencias sobre David Sánchez y lo calificó de «totalmente prospectivo y malintencionado».
Los mandos también relataron las prisas recibidas para terminar los análisis. La documentación de la causa recoge que los investigadores tuvieron que reorganizar su trabajo y alterar incluso periodos de vacaciones para acelerar las diligencias. La acusación popular utilizó esos testimonios para reclamar la imputación de Marcos y sostuvo que llegó a exigirse que los resultados estuvieran «limpios» en aproximadamente una semana.
La declaración de este jueves tiene especial relevancia porque Pedraz había rechazado inicialmente investigarle. El 2 de julio consideró que la conducta descrita respecto al antiguo director general, por sí misma, no integraba ningún delito, aunque dejó abierta la puerta a modificar su criterio si aparecían nuevos elementos. Tras la declaración judicial de Llamas y las nuevas peticiones de las acusaciones, el magistrado cambió de posición el 29 de julio y acordó citar a Marcos como investigado.
La causa también examina varias informaciones reservadas abiertas en aquella etapa sobre miembros de la UCO que participaban en investigaciones sensibles. En una de ellas se reclamó información acerca de la composición de los equipos encargados de determinados procedimientos. Esas actuaciones internas terminaron archivadas sin responsabilidad disciplinaria.
La mañana dejó además una segunda declaración relevante. El fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, compareció como testigo para explicar la tramitación de una denuncia presentada contra Leire Díez. Tejuca sostuvo que aquel asunto no correspondía territorialmente a Badajoz y que por ese motivo fue remitido a Madrid, concretamente a la Fiscalía General del Estado.
Pedraz decidió interrogarle después de que la acusación popular pusiera el foco en unas comunicaciones mantenidas en junio de 2025 con Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y estrecho colaborador del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz. Villafañe ya declaró como testigo y reconoció que se había enviado un informe al fiscal jefe de Badajoz relacionado con aquella denuncia, aunque negó haber impartido una orden para archivarla.
El juez reclamó tanto a la Fiscalía General como a la Fiscalía Provincial de Badajoz el expediente completo de aquella actuación, incluidas comunicaciones internas, informes, borradores, notas y correos, con el objetivo de reconstruir quién intervino en su tramitación y qué indicaciones se trasladaron antes de que el asunto terminara fuera de Badajoz.
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