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Garikoitz Aspiazu, en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional en 2022. EFE El exjefe de ETA 'Txeroki' quedará en libertad de forma definitiva en julio del próximo añoPP y víctimas critican la decisión del Gobierno vasco de permitirle salir de prisión de lunes a viernes para trabajar
Jesús J. Hernández y Laura González
Bilbao
Sábado, 7 de febrero 2026, 02:25 | Actualizado 02:33h.
... o la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exjefe de la banda 'Txeroki', uno de los terroristas más sanguinarios. A partir de ahora, Garikoitz Aspiazu Rubina podrá abandonar el centro penitenciario para ir a trabajar o realizar prácticas de voluntariado de lunes a viernes y regresar solo para dormir y permanecer en prisión los fines de semana. 'Txeroki', de hecho, aprovechó de forma inmediata la decisión del Gobierno vasco -sustentada en un informe elaborado por la Junta de Tratamiento- y salió este mismo viernes durante unas horas de Martutene, donde cumple condena desde agosto de 2024.Noticias relacionadas
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El 100.2 es un artículo que siempre ha explorado la izquierda abertzale para solventar la situación de los presos de ETA. Pero a diferencia del tercer grado, la Fiscalía no tiene margen para recurrir en este caso. Lo máximo que puede hacer es presentar un informe ante el juez de la Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que es quien tiene la última palabra. Pero desde el Gobierno vasco se recalca que en la práctica es muy difícil que lo eche para atrás. El 100.2 es una pista de aterrizaje para aquellos presos cuya fecha de excarcelación se aproxima. Y la de 'Txeroki', con un terrible historial criminal, será dentro de año y medio, según fuentes del Ejecutivo autonómico.
Condenado a 400 años
Garikoitz Aspiazu, que tuvo un papel relevante en el 'comando Bizkaia' tras la ruptura de la tregua de Lizarra, fue condenado por los atentados contra Eduardo Madina y Esther Cabezudo, entre otros. Se le atribuye haber participado en el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton. Fue condenado a 18 años por intentar matar con un paquete bomba a la entonces delegada de Antena 3 en el País Vasco, Marisa Guerrero. También fue procesado por el asesinato del juez José María Lidón, pero resultó absuelto.
Fue detenido en el sur de Francia en 2008 y entregado a España hace año y medio tras solicitarlo de forma personal. La del traslado es una posibilidad legal que los miembros de ETA están utilizando en los últimos tiempos, sobre todo desde que acabó la dispersión y la competencia de Prisiones pasó a manos del Gobierno vasco.
El exlíder del 'aparato militar' fue condenado a penas que superan los 400 años. Los límites máximos de condena en España -30 y 40 años tras la reforma en tiempos de Aznar para ciertos delitos de terrorismo- y la aplicación del cómputo de las penas cumplidas en Francia harán que Aspiazu sea excarcelado sin llegar a los 20 años de reclusión real.
La medida tomada por el Gobierno vasco suscitó duras críticas entre el PP y las víctimas del terrorismo. El carácter del 100.2 es, por naturaleza, excepcional y, a juicio de las asociaciones que representan a los familiares de los asesinados, está siendo utilizado como «una amnistía encubierta».
«Un coladero» para los no arrepentidos
Covite, AVT y Dignidad y Justicia lamentan que «ese artículo es un coladero» para quienes «no han dado muestras de arrepentimiento». Según la AVT, es «un nuevo varapalo que vuelve a confirmar que la política penitenciaria deja atrás a las víctimas».
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, consideró que «estamos ante una amnistía encubierta absolutamente incompatible con el derecho de las víctimas a la justicia y contraria a nuestro ordenamiento jurídico con la que están vaciando las cárceles».
Dignidad y Justicia, por su parte, habló de un «coladero que sirve a etarras condenados en firme por delitos de sangre para acceder a la semilibertad y no por su buen comportamiento o porque colaboren con la Justicia, sino por las exigencias de Bildu a Sánchez».
La decisión recibió fuertes reproches desde el Partido Popular. «Esta es la amnistía más inmoral que ha otorgado Pedro Sánchez por ser presidente del Gobierno. Este es el precio del 'sanchismo' para que siga siendo presidente», censuró en un acto en Barakaldo Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP. El máximo responsable de los populares vascos, Javier de Andrés, fue en una línea muy similar. En un tono muy crítico contra el Gobierno de Imanol Pradales y el Departamento de Justicia, subrayó que «el sistema penitenciario vasco está amnistiando a los presos de ETA por la vía de los hechos».
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