Planifica Madrid compró antes de justificar la necesidad, asumió dudas urbanísticas y firmó con cuatro mediciones dispares, entre otras presuntas irregularidades
Regala esta noticia Añádenos en Google (SIB) 19/09/2026 a las 00:14h.El expediente oficial del ático adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el madrileño paseo del General Martínez Campos no despeja las incógnitas ... que han rodeado la operación desde que salió a la luz. Las multiplica. Las 224 páginas recopiladas por la Comunidad de Madrid -a las que ha tenido acceso este periódico- revelan al menos diez anomalías, contradicciones y vacíos documentales en la compra por 6,3 millones de euros, el frustrado alquiler para uso institucional y la posterior puesta a la venta por 6,69 de este inmueble de lujo en el corazón de Chamberí que la presidenta autonómica insiste en que jamás pensó en ocupar como vivienda personal.
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Una compra sin necesidad previa documentada
Planifica suscribió el 3 de febrero un acuerdo de confidencialidad con Promora sobre aquella vivienda concreta. El tasador la visitó el día 11 y emitió su informe dos jornadas después. El 27 de ese mismo mes la empresa pública entregó 630.000 euros en arras, con riesgo de perderlos si desistía, y el 14 de abril escrituró la compra.
La primera memoria de Presidencia que explica para qué se necesitaba el ático está fechada el 2 de julio. Llegó 125 días después de las arras y 79 después de la adquisición. El bloque documental de la compra no incorpora un encargo previo, una memoria de necesidad, una comparación de alternativas ni una autorización específica del Consejo de Administración. La capacidad formal de Planifica para adquirir inmuebles existía. Lo que no aparece es el origen de la decisión.
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La situación urbanística «no se acredita»
La sociedad pública compró conociendo las incertidumbres físicas y jurídicas del inmueble. La tasación ya advertía de que parte de la terraza había sido cerrada y acondicionada sin que la ampliación figurara inscrita. En las arras, la vendedora sostuvo que las obras estaban «prescritas» y que la comunidad carecía de información sobre autorizaciones, permisos o notificaciones.
La escritura resulta todavía más explícita: «Situación urbanística. No se acredita». Planifica aceptó el piso «como cuerpo cierto» y en su estado físico y urbanístico. Tampoco quiso tramitar la rectificación registral pese a las discrepancias ya detectadas. La documentación aportada no incluye licencia del cerramiento, autorización de la comunidad de propietarios ni expediente de regularización.
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Cuatro mediciones para una misma vivienda
La superficie también cambia según el documento consultado. El Registro describe 286,48 metros de vivienda y 199 de terraza. Planifica habla de 401 metros cerrados y 99 de terraza, hasta un total de 500. Catastro fija 382 metros de vivienda y 99 de elementos comunes, con 481 metros en conjunto. El tasador, por su parte, midió 309,1 metros interiores y 104 de terraza.
Patrimonio admite que aproximadamente cien metros habrían pasado de terraza a vivienda cerrada. Intervención pidió que el expediente utilizara datos homogéneos. La venta se convocó finalmente sobre 481 metros y una terraza de 99, sin aclarar cómo se conciliaban esas cifras con los 199 metros inscritos.
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El informe que existía antes de ser firmado
La contradicción temporal más llamativa aparece en los controles jurídicos y presupuestarios. La Abogacía General firmó el 15 de julio su informe favorable y aseguró que el dictamen preceptivo de Presupuestos «se ha emitido y obra en el expediente».
El único informe presupuestario incorporado está firmado el 21 de julio, seis días después. Intervención introduce una tercera fecha y lo identifica como informe de 26 de julio. El dosier no aclara si hubo una versión anterior, una sustitución documental o un error de fechas. Los originales electrónicos y sus metadatos resultan imprescindibles para reconstruir el trámite.
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Una residencia para alojar autoridades
La memoria oficial tampoco coincide con la explicación inicial de una oficina provisional durante las obras de la Real Casa de Correos. El documento del 2 de julio proyecta un «inmueble institucional de carácter residencial», con una zona de trabajo y otra de «descanso y alojamiento ocasional» para autoridades visitantes o para «las propias autoridades» regionales.
La memoria añade posibles usos residenciales durante crisis prolongadas. No menciona las obras de la sede de la Puerta del Sol ni identifica al futuro usuario. Patrimonio advirtió además de que el escrito no tenía constancia de entrada por registro y no distribuía los metros entre despachos, alojamiento, representación y descanso.
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Planifica avaló su propio encaje urbanístico
Patrimonio reconoció que no existía una regulación específica para aquella mezcla de vivienda, trabajo y alojamiento institucional y evitó pronunciarse definitivamente sobre su legalidad urbanística. Un día después, el director técnico de Planifica, propietaria y futura arrendadora, certificó en un único párrafo que el uso era compatible con la normativa.
El documento no cita artículos, licencias ni consultas municipales. Intervención dejó escrito que ni siquiera lo había recibido y reprochó la falta de análisis sobre necesidad, idoneidad, renta, gastos y edificios alternativos. El propio contrato contemplaba su resolución si la autoridad competente denegaba las licencias.
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Quince meses gratis y una renta mínima
La Consejería de Presidencia iba a pagar a la empresa pública Planifica Madrid, propietaria del ático, 3.000 euros mensuales durante diez años, con 15 meses de carencia. El primer abono habría llegado en noviembre de 2027 y el total de rentas se limitaba a 315.000 euros.
El estudio de mercado incorporado al expediente recoge 13 viviendas con precios de entre 23,71 y 55,73 euros por metro cuadrado. Para el ático calculó 10,47 euros. La cifra queda un 72,9% por debajo de la mediana de sus propios comparables. A la vez, el expediente invoca la «singularidad del bien» para justificar el alquiler directo. Los 315.000 euros tampoco incluían seguridad, conserjería, obras, licencias, seguros, suministros y mantenimiento, todos ellos a cargo de Presidencia y sin presupuesto detallado.
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Una necesidad extinguida en 46 horas
La Comunidad firmó el contrato el 27 de julio y Planifica hizo lo propio el día 28 a las 12.10. El País relató la compra del ático el 29 de julio, justo en medio de esa secuencia. A las 10.32 del día siguiente, Presidencia ordenó cancelar el documento contable. Habían transcurrido apenas 46 horas y 22 minutos desde la última firma y menos de un día desde que la operación se hizo pública.
La memoria se limita a señalar que la solicitud ya no se consideraba necesaria. Tres horas después, otra orden convirtió esa frase en la «desaparición de la necesidad». El expediente no explica qué cambió durante esas horas, quién ordenó cancelar el alquiler o cómo una carencia presentada como estructural pudo desaparecer inmediatamente después de que la compra saliera a la luz y antes incluso de que el contrato entrara en vigor.
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La venta empezó antes de cerrar el alquiler
El Consejo de Administración acordó vender el piso el 5 de agosto y el procedimiento comenzó el día 7. La extinción por mutuo acuerdo del alquiler no se formalizó hasta el 15 de septiembre, después de haber terminado el plazo para presentar ofertas.
Abogacía sostuvo que el acuerdo verbal ya existía y que no hubo posesión, uso ni obligaciones económicas. Sin embargo, admitió que la Administración debía dejar constancia escrita. También informó sobre la resolución sin recibir el contrato finalmente firmado. El expediente regularizó así la terminación 47 días después de que Presidencia declarara desaparecida la necesidad.
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Una venta sin tasación visible, sin visitas y sin ofertas
El precio de salida de la venta tras el escándalo, 6.694.201 euros, aparentaba dejar 394.201 euros sobre el coste de compra. Solo el impuesto de transmisiones ascendió a 378.000 euros. Con los gastos notariales y registrales conocidos, el margen se reducía a entre 12.000 y 14.300 euros antes de tasaciones, comunidad, mantenimiento, seguros y plusvalía.
El informe jurídico cita una nueva tasación pericial y dos informes sobre costes y margen final. Ninguno aparece en las 224 páginas. Los licitadores, además, debían aceptar el inmueble, sus defectos y las diferencias de superficie «a su riesgo y ventura», pero Planifica comunicó que no se permitían visitas. El resultado fue concluyente: nadie presentó una oferta por el ático y la Mesa de Contratación propuso declarar desierto el lote.
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