- EXPANSIÓN
El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Rodrigo Buenaventura declara mañana como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de Urbas de 2015.
Además de Buenaventura, que declara a instancias de las defensas de los dos principales acusados, el presidente de la compañía, Juan Antonio Acedo, y su antecesor, Juan Antonio Ibáñez, mañana están citados como testigos el director de Información Financiera y Corporativa de la CNMV, Eduardo Manso, y el que fuera secretario del consejo, Miguel Martínez Gimeno.
El caso comenzó en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, e investiga las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
Durante el proceso de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Urbas, Grant Thorton y otras siete personas físicas y jurídicas por falta de indicios, aunque junto con Acedo e Ibáñez están procesadas una docena de personas.
La Fiscalía Anticorrupción, que ha citado a más de 60 testigos, solicita 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas, y 8 años de cárcel para su antecesor en el cargo, por supuestos delitos societarios y contra el mercado, según apunta la agencia Efe.
Además, pide que ambos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule dicha ampliación, al tiempo que reclama penas que oscilan entre los 6 años y los 10 meses de prisión para otras doce personas por los mismos hechos.
El Ministerio Público sostiene que la operación se realizó mediante aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira.
De este modo, no incluía ninguna ampliación de capital dineraria, "pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas", sino que lo que se llevó a cabo fue una aportación de bienes inmuebles "extremadamente sobrevalorados".
En mayo de 2015, el consejo de administración de la compañía aprobó un informe para justificar ante la junta general la oportunidad de realizar la ampliación, documento que -continúa- se fundamentaba en la "ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira".
Para Anticorrupción, tanto la valoración del consejo de Urbas como las conclusiones del informe realizado por Grant Thorton "eran irracionales y ajenas" a la realidad no solo de las fincas y sociedades aportadas, sino de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular.
La Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores al ocasionar un perjuicio a terceros, estafa y administración desleal.
En su defensa, Acedo alega que la ampliación de capital fue aprobada por una mayoría del 99,90 % de los asistentes a la junta general de julio de 2015, sin que jamás fuera impugnada, ni judicial ni extrajudicialmente.
Con ella se evitó la disolución y liquidación de la sociedad y permitió que los accionistas iniciales conservasen todas sus acciones sin necesidad de amortizarlas, sostiene el directivo.
Asimismo, defiende el valor de los activos inmobiliarios de Aldira, basado en las tasaciones realizadas por sociedades de tasación independientes y de reconocido prestigio, como CBRE, Richard Ellis, Tecnitasa, RDO y Knight Frank.
A finales de enero, Urbas fue declarada en concurso voluntario de acreedores, y la firma Auren Kepler Karst fue designada como administrador concursal único.
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