Pedro Sánchez, en una imagen de julio de 2020./ Reuters
Tribunales El fiscal pide al TC que ampare al PP por ampliarse 71 veces el plazo de enmiendas a un proyecto de ley 'sin justificación'La Fiscalía destaca que ni el PSOE justificó la petición de una nueva prórroga ni la Mesa del Congreso hizo "un mínimo razonamiento" que motivase la "restricción" del derecho de los diputados a realizar su función legislativa sin "bloqueos".
María Peral Publicada 13 abril 2026 02:32hLas claves nuevo Generado con IA
Fue un "bloqueo injustificado". Con este argumento, la Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha mostrado a favor de la estimación del recurso de amparo que el Grupo Popular del Congreso interpuso contra la decisión de la Mesa de autorizar la 71 prórroga del plazo de enmiendas de un proyecto de ley que —así lo había acordado la Cámara— debía seguir el trámite de urgencia.
No era un proyecto de ley cualquiera. Procedía de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 2020, en plena pandemia de la Covid-19, para regular la ejecución de un fondo europeo de 140.000 millones de euros para la recuperación económica y social.
El Gobierno había salvado su convalidación en el Congreso por los pelos el 28 de enero de 2021 gracias al voto favorable de Bildu y a la sorpresiva abstención de Vox.
El rechazo de PP, ERC y Ciudadanos había puesto contra las cuerdas al Ejecutivo y sólo la postura de la ultraderecha permitió que el Gobierno sacase adelante el decreto-ley por 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones.
La Cámara acordó acto seguido aprobar la tramitación de la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con el voto favorable de 346 diputados.
La vía urgente de tramitación impone una reducción a la mitad de los plazos establecidos en el procedimiento legislativo ordinario.
Conforme a ello, el plazo para la presentación de enmiendas terminaba el 15 de febrero de 2021.
Pero lo cierto es que la Mesa de las Cortes autorizó sucesivas ampliaciones. Y un año y nueve meses después, en noviembre de 2022, el Grupo Socialista pidió la prórroga número 71. La Mesa de las Cortes la concedió.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, solicitó la reconsideración de esa decisión, lo que la Mesa no aceptó.
El proyecto de ley estuvo permanentemente en fase de presentación de enmiendas hasta que acabó caducando el 30 de mayo de 2023 por la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
"Filibusterismo"
Gamarra encabezó la demanda de amparo que los diputados del PP promovieron frente a los acuerdos de la Mesa (que preside Francina Armengol).
Alegaron la vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo parlamentario en lo concerniente a la facultad legislativa, vulneración debida al "bloqueo" del proyecto de ley a través de la ampliación permanente y "cronificada" del plazo de enmiendas en el procedimiento legislativo.
Fue, a su juicio, una práctica de "filibusterismo parlamentario": después de casi dos años desde que se inició la tramitación del proyecto de ley y tras 70 ampliaciones del plazo de enmiendas, la nueva prórroga acordada por la Mesa del Congreso el 14 de noviembre de 2022 "no responde a la necesidad de que los diputados pudieran disponer del plazo necesario para presentar enmiendas adicionales" sino "al apoyo por parte de la Mesa a la agenda del Gobierno", señalaron.
"A todas luces", añadieron, "el Ejecutivo prefiere el mantenimiento en sus estrictos términos del Real Decreto-Ley a la existencia de un debate parlamentario sobre el mismo".
Para los demandantes de amparo, la nueva ampliación del plazo se realizó "en fraude de ley" y "sin motivación alguna".
La Mesa "restringió, indebida y arbitrariamente, la facultad legislativa de los diputados, que, correlativamente, supone una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos", argumentaron.
"Ni un mínimo razonamiento"
La Fiscalía del TC cree que tienen razón.
En su dictamen, el Ministerio Público resalta que, en este caso, la infracción denunciada "afecta a la facultad legislativa", que constituye "el núcleo esencial del cargo políticorepresentativo".
También destaca que se había acordado tramitar por la vía de urgencia un proyecto de ley que traía causa de un real decreto-ley que "por su propia naturaleza, responde a razones excepcionales de urgente necesidad".
"En el escrito del Grupo Socialista de solicitud de ampliación del plazo no se hacía constar el motivo", constata la Fiscalía.
Y la Mesa lo acordó también "sin ningún tipo de motivación".
Al desestimar la petición de reconsideración del PP, la Mesa se limitó a indicar que "la competencia para decidir sobre la ampliación de los plazos de enmiendas le corresponde a la Mesa, que decide en este punto de forma autónoma".
"No existe en ninguno de los pasos que llevan a la Mesa del Congreso a acordar una nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas un mínimo razonamiento sobre las circunstancias que justificarían otorgar a los parlamentarios que lo solicitaban", afirma el Ministerio Público.
No hay, insiste, "ningún razonamiento que permita conocer la justificación de la nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas para garantizar el derecho de los parlamentarios que la solicitaron como parte del ejercicio de su función legislativa, en relación con el derecho de los demás diputados a no verse impedidos de ejercer dicha función legislativa por el bloqueo injustificado en la tramitación de la iniciativa legislativa", subraya.
Ese "déficit de motivación", considera la Fiscalía, "se hace aún más evidente cuando, en respuesta a lo alegado en la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario Popular, no se hace ningún razonamiento que permita excluir que no se estaba vulnerando el derecho de los diputados a participar en la función legislativa, bloqueando, indebidamente, la normal tramitación de una iniciativa legislativa que seguía el procedimiento de urgencia".
La Fiscalía considera que, al estar comprometido el derecho fundamental al ejercicio de la función legislativa, era necesario "conocer los motivos que justificaban esta restricción para descartar que la decisión no era arbitraria".
Por todo ello, pide al TC que declare que la Mesa del Congreso vulneró el derecho de los diputados del Grupo Popular a ejercer su función representativa.
Se trataría, no obstante, de un fallo meramente declarativo, sin efecto alguno en el caso concreto, al haberse producido durante una legislatura ya acabada.
- Fiscalía
- PSOE (Partido Socialista Obrero Español)
- Partido Popular (PP)
- Tribunal Constitucional
- Mesa del Congreso
- Francina Armengol
- Cuca Gamarra