- Embargan el edificio del Instituto Cervantes de Utrecht por las deudas de renovables
- La factura contra España por los laudos de las renovables supera los 2.000 millones
Tras el embargo de la sede de la institución en Utrecht por el impago de un laudo renovable, la Justicia neerlandesa ya ha notificado el cambio de propiedad del inmueble. Los asesores del fondo aseguran que "será subastado próximamente".
El fondo estadounidense Blasket Renewable, que cuenta con los derechos de cobro del laudo que Eurus ganó a España por un importe cercano a los 100 millones de euros, está decidido a activar la subasta del edificio de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos. Después de que el Tribunal de Distrito de La Haya decretase el embargo del inmueble, la Justicia neerlandesa ya ha inscrito el cambio de propiedad en el registro público. El fondo asegura que el edificio "será subastado próximamente".
El tribunal ha autorizado la incautación del inmueble y, ahora, la hoja de ruta de Blasket contempla poner en marcha una subasta al mejor postor para cobrarse una parte de la cantidad que le adeuda España por el laudo no pagado. Aunque estima que el valor de mercado del edificio está en torno a los 10 millones de euros, la venta podría cerrarse por un importe sensiblemente inferior debido a la situación particular en la que se encuentra.
El procedimiento legal para la confiscación de activos en Países Bajos es mucho más directo que en otras jurisdicciones, con el fin de facilitar el cumplimiento y evitar escenarios de impagos reiterados, según el despacho de abogados neerlandés Houthoff, que ha sido el encargado del registro del laudo en el país.
En el sistema neerlandés, una vez que el tribunal da luz verde, un agente judicial desarrolla plena autoridad para tomar el control del activo que reclama el denunciante y procede a transferir la propiedad del mismo, para que el afectado pueda venderlo. Esta figura, denominada bailiff, es un funcionario público con autoridad para confiscar bienes reclamados por acreedores que sufren impagos e incluso proceder a la venta de estos activos como medida compensatoria.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apuntan que "por particularidades del derecho holandés, en el registro de la propiedad debe constar una anotación de embargo". Sin embargo, consideran que "el recurso de España debería suspender el procedimiento, con independencia de las actuaciones que pueda emprender el Ministerio de Justicia del país".
Por su parte, fuentes cercanas a Blasket recalcan que el edificio es un activo no diplomático, sino una dotación cultural y de carácter comercial, puesto que el Instituto Cervantes lo alquila a terceros a precio de mercado. Aseguran que, en virtud del derecho internacional, "este tipo de activos comerciales puede ser embargado sin problema alguno".
Además, hacen hincapié en que el inversor en este caso era Eurus Energy, una compañía japonesa vinculada al grupo Toyota. Al tratarse de una compañía que no estaba radicada en la Unión Europea, entienden que España no puede plantear objeciones como las que ha puesto en circulación en otros casos en que el denunciante era una firma comunitaria y, por ello, cuestionaba que el arbitraje internacional fuese pertinente.
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