El funcionario de la Consejería de Vivienda que tramitó y visó la polémica adjudicación de los pisos de protección pública de la urbanización de Les Naus de Alicante llegó a disculparse ante su superior. Lo hizo cuando se hizo público que una de las beneficiarias de las cotizadas viviendas en la Playa de San Juan era su pareja, arquitecta municipal. "Lo siento, la he cagado", reconoció.
Así lo ha trasladado el director territorial en Alicante de la Consejería de Vivienda, Juan Manuel Galbis, en la primera ronda de testigos ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga el escándalo de las VPP de Les Naus. En total, 140 expedientes bajo sospecha, con pisos que fueron a parar a funcionarios, cargos políticos y familiares vinculados al consistorio alicantino.
El funcionario responsable, que fue expedientado por la Generalitat con la suspensión de empleo y sueldo -aunque ya se ha reincorporado-, aseguró que asumiría "toda la responsabilidad", según ha relatado este miércoles el abogado de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, Emilio García Ontiveros, tras la declaración de Galbis.
El director territorial de Vivienda en Alicante, Juan Manuel Galbis.EFEEste funcionario era el responsable único de todos los expedientes de las viviendas después de que fuera él mismo quien se adjudicara, por propia iniciativa, esa responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de viviendas públicas en Les Naus. García Ontiveros ha adelantado que pedirán la declaración de este técnico funcionario de Vivienda, cuya mujer fue "agraciada" con una de las casas, para que "explique lo ocurrido".
Además de Galbis, este miércoles han declarado como testigos la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas, y el secretario territorial adjunto del mismo departamento, Vicente Caturla, en un procedimiento en el que también está personado como acusación popular el PSPV-PSOE. El sindicato Manos Limpias ha pedido personarse, aunque aún se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva un recurso contra la decisión de la magistrada de exigirles la presentación de una querella para ser parte del procedimiento.
El relato de los tres testigos que han declarado conjuntamente ha sido "clarificador" y ha reflejado, según el letrado de Ciudadanos, que "la normativa actual de la vivienda pública es un coladero" para situaciones como la de la Playa de San Juan de Alicante, ya que "el que adjudica realmente es el promotor sin ningún tipo de normativa que obligue a la administración" a hacer cumplir los requisitos.
"Se abre un abanico enorme y un coladero para que los promotores hagan cosas que no tienen que hacer", ha proseguido antes de comentar que los tres testigos han informado de que no revisaban los expedientes porque para eso estaba precisamente el funcionario sancionado encargado de los trámites y visados, y en el que confiaban "porque lleva trabajando más de 20 años".
La próxima cita será el 24 de abril cuando declaren como testigos el resto de funcionarios de la delegación territorial de Vivienda, un total de cinco, que han participado en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades que se han cobrado ya varias dimisiones.
Entre ellas, la de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, beneficiaria de una de las viviendas; la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino se hicieron también con una VPP, y también la del que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez.