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Explotación ganadera inundada en sus alrededores. Ñito Salas El Gobierno activa la vía para que los damnificados soliciten las ayudasBorrascas. ·
Están destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, corporaciones locales y establecimientos industriales.Málaga
Martes, 10 de febrero 2026, 20:20
... de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, y que han provocado daños de todo tipo en numerosas comarcas de 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta. Entre estas zonas se encuentra la provincia de Málaga.Además, Interior estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasar por expedición del DNI.
La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales.
El acuerdo recoge una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.
Además, Interior estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasar por expedición del DNI.
La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales.
En este sentido, se contemplan beneficios fiscales (el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, que están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales) o medidas laborales y de Seguridad Social que podrán desarrollar los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
También se contemplan ayudas a corporaciones locales por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que concederán ayudas (por un importe de hasta el 50 por ciento) a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales; sin olvidar daños en infraestructuras públicas y en el dominio público ya que todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo acuerdo del órgano de contratación conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía. Además, se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
El acuerdo recoge una relación de medidas y ayudas que, con mayor frecuencia y en atención a la naturaleza de los daños, suelen adoptarse en caso de emergencias de protección civil de este tipo, y son subsidiarias a las que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades locales en ejercicio de sus competencias. Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, este acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas.
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