El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su salida de la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso. EP
Política CRISIS MIGRATORIA El Gobierno alega problemas de Presupuesto para no poner los medios de control que eviten la regularización de delincuentesEl escrito de la Secretaría General del Senado, al que ha accedido EL ESPAÑOL, acusa al Ejecutivo de "inventar" partidas presupuestarias "inexistentes" y de "hacer decir a las enmiendas lo que no dicen" para tumbarlas.
El Congreso aprueba una moción del PP que exige al Gobierno parar la regularización de inmigrantes con los votos de Vox, Junts y UPN.
Más información: El Senado aprueba una reforma para que la regularización no sea un coladero de delincuentes pese al voto en contra del PSOE.
Alberto D. Prieto Publicada 19 marzo 2026 02:45hLas claves nuevo Generado con IA
El Senado aprobó este miércoles unas enmiendas del PP a la Ley de Multirreincidencia para frenar el "coladero de delincuentes" en la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno.
Pero Moncloa las quiere vetar "inventando" argumentos "infundados", según los letrados de la Cámara Alta.
El Gobierno alega que las disposiciones incluidas en la norma, que obligaban a exigir antecedentes penales para conceder permisos de residencia y refuerzan la Fiscalía, supondrían "un incremento del gasto presupuestario".
Pero según la Secretaría General de la Cámara Alta, esos argumentos son "suposiciones" y no se sostienen.
De hecho, el informe técnico, fechado el 16 de marzo y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recomienda a la Mesa del Senado rechazar el veto del Ejecutivo "por no reunir los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional y su jurisprudencia".
El criterio del Gobierno "contra las enmiendas número 8 y número 10", concluyen los letrados, está "manifiestamente infundado".
Mientras, el PP se anotaba este miércoles otra victoria en el Congreso, en este caso testimonial, con la aprobación de una moción que exige al Gobierno "renunciar con carácter inmediato" a la regularización de inmigrantes.
Los votos de los populares se unieron a los Junts, UPN y Vox, logrando una mayoría absoluta de 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención. La iniciativa salió adelante sin incorporar las enmiendas de Vox, que endurecían el texto, ni de Junts, que reclamaba la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.
"Invento de partidas"
La enmienda número 8 del PP a la Ley de Multirreincidencia de Junts proponía reforzar la planta del Ministerio Fiscal con nuevas plazas para garantizar la lucha contra la criminalidad reincidente.
Indignación del PP con el PSOE por la "intoxicación" de que ambos han pactado la ley contra la multirreincidencia de JuntsEn su escrito de veto, el Gobierno calculó un coste de implantación de 53,7 millones de euros anuales, basándose en la creación de 491 plazas de "fiscales de segunda categoría".
Los letrados señalan que esa cifra es "una pura suposición" que el Ejecutivo no acredita: ni el número de plazas ni su categoría se deducen del texto de la enmienda.
Además, la propia enmienda establecía "un plazo de dos años" para su aplicación, con una dotación gradual. Es decir, que no hay afectación directa al Presupuesto en vigor (el prorrogado desde 2023). El impacto presupuestario, de producirse, podría tener lugar incluso en 2028.
Pero hay un dato que los letrados subrayan con especial contundencia. La partida presupuestaria 13.06.112A.12X, que el Gobierno alega que resultaría afectada, "no existe en el Presupuesto en vigor". Como mucho, sería "de nueva creación", en un futuro proyecto de Presupuestos.
O lo que es lo mismo, concebida ahora para justificar el veto. Fuentes cercanas a la presidencia del Senado son explícitas al respecto: el Gobierno "se inventa partidas presupuestarias inexistentes" para bloquear las enmiendas del PP.
"Hace decir lo que no dice"
Con la enmienda número 10, el argumento del Gobierno es aún más débil, según los letrados del Senado.
Esta enmienda exigía a los solicitantes de residencia "acreditar la ausencia de antecedentes penales". El Ejecutivo alegó que, según el Ministerio del Interior, requeriría "crear 400 nuevas plazas de policías nacionales", con un coste estimado de 16,7 millones de euros.
Los letrados advierten de que la enmienda no solicita "en ningún caso" un incremento de medios policiales. El Gobierno, denuncian, está "haciendo decir a la enmienda lo que no dice" para poder vetarla.
Trece primeros ministros afearán a Sánchez en Bruselas la regularización masiva por "obviar" el Pacto MigratorioFuentes internas de la Secretaría General de la Cámara Alta son tajantes: "Se han traspasado todas las líneas rojas".
Y añaden que si ese criterio prosperara, el Ejecutivo tendría que vetar prácticamente cualquier enmienda, "pues cualquier medida va a llevar siempre asociado un coste indirecto de personal". El Tribunal Constitucional, recuerdan, exige impactos "reales y efectivos", no "hipotéticos" ni de segundo grado.
Doble rasero
El escrito de los letrados destapa además un doble rasero que los letrados califican de "discriminación injustificada entre grupos parlamentarios y entre cámaras".
El Grupo Parlamentario Republicano (ERC) presentó en el Congreso una enmienda de contenido "sustancialmente similar" a la número 8 del PP en el Senado –proponía crear plazas de jueces en Cataluña en un plazo de tres años–, y el Gobierno no la vetó.
Fuentes cercanas a la presidencia del Senado lo resumen con precisión: el Ejecutivo "veta unas enmiendas de contenido sustancialmente similar en el Senado, mientras que en el Congreso permitió debatirlas y votarlas porque procedían de los grupos que apoyan al Gobierno o suscribieron el pacto de investidura".
Es más, fuentes internas de la Secretaría General advierten de que en este caso el Gobierno ha ido "un paso más allá".
Ya no se limita a alegar impactos presupuestarios "vagos o plurianuales" –vicios que el TC ha ido corrigiendo en sucesivas sentencias–, sino que directamente "se inventa literalmente el veto" y lo aplica de forma "arbitraria", discriminando entre grupos (PP y ERC) y entre cámaras (Congreso y Senado).
El objetivo sería, sostienen estas fuentes, que las enmiendas aprobadas este miércoles en la Cámara Alta no lleguen a la Cámara Baja cuando la ley vuelva tras su "segunda lectura", y así sacarlas del orden del día antes de que puedan ser debatidas y votadas, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Hurtar al legislativo su función
La consecuencia práctica es que la norma perdería los dos blindajes que el PP logró introducir en el Senado frente a la regularización "sin control" de inmigrantes con antecedentes penales.
Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara Alta son contundentes: "Quien está legislando es el Gobierno, junto a la Mesa del Congreso". Porque el Gobierno, añaden, "hurta su función a una parte del legislativo", el Senado, valiéndose de la presidencia de Francina Armengol, que actúa "milimétricamente a su dictado".
Más de 1,2 M de inmigrantes entrarán en la regularización masiva, según un informe del comisario jefe de ExtranjeríaLos letrados recuerdan también que España lleva ya tres años consecutivos sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.
Esa "anomalía" tiene consecuencias directas sobre el debate: el Ejecutivo aplica una especie de ley del embudo, con lo más ancho para sí y lo más estrecho para la oposición.
Moncloa aprovecha su facultad constitucional de veto presupuestario, apelando a unas cuentas de 2023 prorrogadas, pero calcula el impacto con "magnitudes de años posteriores".
Y para los juristas de la Cámara Alta, "quien incumple una obligación constitucional no puede sacar provecho de ese incumplimiento" para bloquear la iniciativa legislativa del Parlamento.
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