El Gobierno detectó hace más de un año que la Generalitat de Cataluña no estaba respetando la muestra establecida por la OCDE para el Informe PISA y «alertó» de esta situación. Los técnicos del Ministerio de Educación descubrieron ya en abril de 2025, en el momento de realización de las pruebas, que la Administración catalana había apartado de los exámenes a demasiados alumnos por discapacidad o necesidades educativas especiales, una práctica que podía alterar los datos. No sirvió de mucho que el Ministerio lo advirtiera. La Generalitat mantuvo esta irregularidad y permaneció en silencio durante 15 meses hasta que la semana pasada, ya en vísperas de vacaciones, decidió salir a reconocer su «error metodológico» cuando la OCDE ya les había llamado la atención -en marzo- y les había dejado fuera de la comparabilidad.
La consellera Esther Niubó terminó admitiendo este lunes que sacaron del examen al 23% de los alumnos -casi uno de cada cuatro estudiantes- cuando PISA sólo permite un índice de exención del 5%. Son cinco veces más de lo permitido. Estos alumnos son los más vulnerables y los que tienen menos competencias. En su comparecencia en el Parlament negó que haya tenido intención de «maquillar» o «manipular» los datos, pero tampoco contó lo que ha ocurrido, más allá de confesar que no disponían de «un protocolo claro de control».
¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no lo contaron? Fuentes del Ministerio de Educación cargan la responsabilidad sobre la Generalitat. Explican que, en el inicio de la aplicación de las pruebas, en abril de 2025, "se detectó que en Cataluña se estaba produciendo una elevada tasa de exclusión de alumnado para la realización de las mismas".
"Por ello, aunque en ese momento se observó que entre el alumnado que estaba realizando las pruebas se estaba produciendo esta incidencia, las pruebas ya habían comenzado. Por otra parte, en ese momento no se conocía el alcance y el impacto que podía tener esta incidencia en los resultados globales, ya que era necesario esperar a recibir los informes de la OCDE", se justifica el Ministerio.
Recuerda que, en marzo de 2026, la OCDE terminó de realizar los estudios comparativos y es entonces cuando "informa de la trascendencia estadística que esta incidencia ha tenido en el tratamiento de los datos". Ahí es cuando este organismo internacional deja fuera del análisis a Cataluña. Cuando comienza la sanción. Pero, aún así, la Generalitat lo mantuvo oculto durante cuatro meses y decidió esperar a la vísperas de las vacaciones, probablemente para minimizar el impacto.
Según la OCDE, la incidencia ocurrida en la muestra del alumnado en Cataluña no afectó a la fiabilidad de los datos nacionales globales, pero sí ha impedido la comparabilidad de los datos de Cataluña con los de otras regiones o países. Eso significa que, por primera vez, los datos de Cataluña no podrán ser puestos en relación con los suyos de otras ediciones, ni con los de otros países, ni con otras comunidades autónomas. Habrá un vacío estadístico, un agujero en el diagnóstico, hasta 2029, que es cuando se conocerán los resultados de la próxima prueba PISA.
En otras palabras, el próximo día 8 de septiembre la OCDE hará públicos los datos con un asterisco al lado de Cataluña que señale que hay que utilizarlos con precaución.
La declaración del Gobierno de Pedro Sánchez apunta a las responsabilidades de la Generalitat del socialista Salvador Illa, que ha cerrado filas en torno a la consellera. Nadie ha dimitido aún. "El Ministerio no tiene la posibilidad de determinar si un alumno puede o no realizar la prueba. No obstante, sí tiene la posibilidad de alertar que los datos excede las tasas de exclusión, que es lo que hizo", dicen en el Gobierno.
El Ministerio se protege así y se cura en salud, frente a un posible intento de la Generalitat de cargarle con las culpas, pues también es responsabilidad del Gobierno central supervisar que las pruebas funcionen correctamente y que se realicen de forma adecuada por la empresa asturiana 2E Estudios y Evaluaciones, que reporta al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), dependiente del Ministerio.
Hay que recordar que lo primero que hizo la Generalitat la semana pasada es intentar cargar contra los centros. Tanto, que la Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (Axia), tradicional aliada de la Generalitat, se enfadó mucho y tuvo que salir a afirmar en un comunicado que "no se puede pretender hacer creer que 51 centros a la vez se están equivocando". No ha habido control o este ha sido deficiente", denunciaron los directores.