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La ministra de Educación, Milagros Tolón, es la promotora del proyecto de ley. EFE El Gobierno aprueba hoy la ley que bajará a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESOLos estudiantes con discapacidad o autismo contarán por dos para las nuevas ratios y se reforzarán las aulas de centros con más escolares desfavorecidos
Madrid
Martes, 21 de abril 2026, 10:46
... deben dar cada semana (horas lectivas) y que comenzará a reducir desde septiembre, y en los dos cursos siguientes, de forma sustancial y progresiva, las ratios escolares, el número máximo de alumnos que hay en cada clase. La aplicación total de las nuevas ratios en todas las etapas y niveles no universitarios, que para convertirse en realidad debe ser ahora aprobada por el Congreso, concluiría en seis años, en el curso 2031-32. El texto promovido por el Ministerio de Educación está pactado con los sindicatos y respaldado por el Consejo Escolar.La norma especifica que a la hora de cumplir con las nuevas ratios en cada centro educativo cada uno de los alumnos con necesidades especiales que haya en ese aula contará como dos personas para el cálculo de los escolares por clase. Se trata de estudiantes con discapacidades intelectuales, auditivas o visuales o con trastornos autistas, del comportamiento o del lenguaje. Con la medida se busca que puedan recibir una atención educativa más individualizada y rebajar la carga de trabajo sobre el docente para que pueda dedicar tiempo a las necesarias adaptaciones pedagógicas y organizativas. Hay unos 290.000 alumnos en esta situación escolarizados.
La reforma, que debe ser aprobada ahora por el Congreso, se aplicaría de forma progresiva entre el próximo curso y los dos siguientes, con final en 2031
En los centros que, excepcionalmente y por problemas estructurales o de tamaño, no puedan crear grupos adicionales para poder cumplir la reducción de ratios prevista, recibirán de todas formas el aumento de profesorado que les correspondería y podrán aplicar otras fórmulas con idéntico objetivo, como que dos docentes den clase en el mismo grupo.
El texto indica que las autonomías, que son las que deben cumplir las nuevas ratios como gestoras de los centros educativos, «procurarán una distribución equilibrada de dicho alumnado (con necesidades especiales) entre los centros sostenidos con fondos públicos y, asimismo, los centros educativos distribuirán a dicho alumnado de forma equilibrada para favorecer un contexto adecuado de desarrollo y aprendizaje». Para ello, añade que las autonomías «dotarán a los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios para la atención adecuada de todo el alumnado que presente necesidades educativas especiales y que esté escolarizado en aulas ordinarias».
Refuerzos para centros complejos
El real decreto que se dictará medio año después de la aprobación de esta ley, además de las ratios en las etapas no obligatorias, incorporará medidas concretas para mejorar los centros que concentran una gran complejidad social (familias pobres, alta inmigración), que son los que más precisan de grupos reducidos y de refuerzos educativos por ser también los de mayor riesgo de repetición y fracaso escolar.
Las medidas, apunta la ley, facilitarán una atención específica de este alumnado y podrán suponer tanto una mayor reducción de las ratios máximas como un refuerzo de los medios humanos y materiales. Educación y el INE definirán en el decreto un índice que medirá la vulnerabilidad socioeconómica para detectar los centros donde las medidas son más necesarias. La gran mayoría de ellos serán escuelas e institutos públicos, pues es donde se concentra el 80% de estos casi 840.000 alumnos con necesidades de apoyo educativo.
El Gobierno también se compromete a «regular (en una norma estatal) las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados» (logopedas y otros expertos, auxiliares de idiomas, etc) que deben tener los centros para garantizar, según la situación de cada uno, la adecuada atención a estos alumnos con necesidades de apoyo educativo.
La misma ley que baja las ratios establece los nuevos máximos semanales de horas lectivas que impartirán los docentes a partir del curso próximo. Son las horas efectivas de clase, a las que para completar la jornada laboral mensual de los profesores se sumarán las que usan para reuniones, tutorías, correcciones o elaboración de material docente y preparación de las clases. Serán un máximo de 23 horas en Primaria y de 18 en ESO y Bachillerato.
Implantación gradual
El proyecto de ley establece un calendario para la puesta en marcha de todas estas medidas. Los nuevos topes semanas del horario lectivo y la doble contabilidad para la ratio de los alumnos con necesidades especiales estarían en vigor ya el próximo curso. En el siguiente, en el curso 2027-28, se empezarán a aplicar las nuevas ratios de forma progresiva y a partir del primer curso del segundo ciclo de educación infantil y del primer curso de primaria. Dentro de dos años, en el ejercicio 2028-29, se empezarían a aplicar de forma progresiva y desde el primer curso de la ESO las nuevas ratios máximas para esa etapa, y en el curso 2029-30 se iniciaría la aplicación de las futuras ratios de bachillerato desde el primer curso. Todas las etapas tendrían aplicadas en todos sus niveles las nuevas ratios como máximo en el curso 2031-32.
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