El Gobierno empieza a constatar que la fórmula de supervivencia que había ideado para transitar hasta el final de la legislatura se agota. En el seno del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez se está asumiendo que «no se va conseguir aprobar ni un decreto más si no se cede a las exigencias de Junts», especialmente las de contenido fiscal, según admiten fuentes del Gabinete socialista.
El pasado 26 de marzo, la formación dirigida por Carles Puigdemont permitió la validación del decreto anticrisis por la guerra de Oriente Medio, a cambio del apoyo del Gobierno a una moción que planteaba la eliminación del IVA para los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros anuales. Pero los neoconvergentes no se conforman con ese mero gesto y ahora exigen al Ejecutivo que encabeza el PSOE que impulse las iniciativas legales necesarias para implantar ese compromiso. «Si no lo aplican, no nos sirve», advierten en conversación con este diario fuentes de la dirección de Junts, que tampoco está dispuesta a tolerar el aumento del 42% de la base de cotización de los autónomos societarios -los que constituyen una sociedad mercantil para desarrollar su actividad-, que ascienden a unos 200.000 en Cataluña.
Pero la colaboración de la formación independentista con futuras medidas planteadas por el Gobierno no depende únicamente de que ejecute ya la exención para los autónomos, también requiere Junts que Sánchez se pliegue a sus propuestas fiscales relacionadas con la vivienda. Tal y como avanzó este periódico el pasado jueves, Junts no contempla de ningún modo validar el decreto para prorrogar los alquileres que debería someterse a votación el próximo 28 de abril, como anhela la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha provocado la ruptura de relaciones con el partido secesionista tras tildarlo de «racista». «Es imposible. Está muerto», certificaron la pasada semana fuentes de Junts a EL MUNDO.
En su lugar, los independentistas han registrado una propuesta ambiciosa: recuperar la desgravación por hipotecas -que se eliminó en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, quien la había recuperado dos años antes- y hacerla extensiva, también, a todo contrato de alquiler. «El día 28 perderán el decreto de vivienda si es que lo llegan a presentar y saben que no tienen alternativa a lo que Junts ha puesto encima de la mesa, que, por otra parte, es una medida muy transversal para dejar de asfixiar a la clase media a la que les va a resultar muy difícil decir que no», sostienen desde la cúpula de Junts.
Concretamente, los de Puigdemont plantean una deducción del 15% con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente y aplicable, únicamente, a un inmueble, con independencia del número de préstamos de los cuales sea titular, según consta en la propuesta que ya han registrado en el Congreso.
La situación del Gobierno es comprometida. La aprobación de nuevas leyes es inviable, porque Junts las mantiene todas bloqueadas desde que decidiera romper su relación con el PSOE. Con lo que la única herramienta que le queda es la aprobación de decretos y admite «no poder recurrir mucho más» a maniobras como la de la regularización masiva de inmigrantes, que no pasó por el Congreso. «Si no nos entendemos con Junts, nos queda poco aire», reconocen fuentes de La Moncloa.
Consciente de que el Gobierno puede esgrimir la necesidad de financiar los servicios públicos para resistirse a reducciones fiscales como la desgravación por el pago de hipoteca, Junts tiene previsto apuntalar su propuesta con los datos sobre la evolución de ingresos tributarios en el Estado, que han aumentado en 116.671 millones de euros al año desde 2018 -año en el que Sánchez ascendió a la presidencia del Gobierno- a 2025, según los datos de la propia Agencia Tributaria.
También tienen previsto aducir ante el Gobierno que integran el PSOE y Sumar que la tendencia se mantiene con un incremento del 9,9% hasta febrero del presente año.