El Gobierno ha incluido el conocimiento de las lenguas cooficiales como un requisito de arraigo para la renovación de los permisos de residencia obtenidos a través del proceso extraordinario de regularización de migrantes con el que prevé beneficiar a medio millón de personas.
Así lo recoge el borrador del Real Decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, que señala que de forma excepcional, si al proceder a renovar su permiso tras el primer año de vigencia, el migrante no contará con un contrato laboral, podrá prorrogarlo siempre y cuando se acredite estar en búsqueda activa de empleo y debidamente inscrito en el servicio público de empleo o se aporte un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que recomienden la prórroga. «El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia», añade el texto.
No obstante, recoge también que se podrá prorrogar sin necesidad de acreditar los anteriores requisitos si concurren circunstancias tales como enfermedad grave o discapacidad o haber alcanzado la edad legal de jubilación. La norma todavía tiene que ser dictaminada por el Consejo de Estado y ser aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que está sujeta a cambios.
De hecho, ayer los republicanos se arrogaron la maniobra como parte de sus acuerdos con los socialistas.«Hemos conseguido que el catalán sea reconocido como prueba de arraigo en el nuevo decreto de regularización extraordinaria», aseguró el partido a través de un comunicado. Desde ERC defendieron incluso que este hecho representa un «avance claro» en el reconocimiento de la diversidad lingüística del Estado y en el «desarrollo de políticas migratorias orientadas a garantizar derechos, cohesión social e igualdad de oportunidades».
Todo después de que el Govern de Salvador Illa anunciara su intención de enmendar el real decreto de regularización extraordinaria de medio millón de personas anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para pedir introducir un nuevo punto: que estudiar catalán (u otras lenguas cooficiales, según la comunidad donde residan) sea un requisito para conseguir la renovación del permiso de residencia de personas extranjeras que ya están en España. «El objetivo es reforzar la integración lingüística como instrumento de cohesión social y consolidar el catalán como lengua de inclusión», argumentó el Departamento de Política Lingüística, en manos de un ex de ERC.
«La propuesta establece que las personas regularizadas dispondrán de un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas».
De hecho, esta maniobra del Ejecutivo de socialista llega después de Junts exigiera que acreditar un nivel mínimo de catalán fuera un requisito para obtener el permiso de residencia a raíz de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Una condición que el Gobierno de Sánchez negó: «La lengua no es un requisito para denegar un permiso».
El Gobierno vasco también pretende incluir en esta norma que «se valore positivamente la acreditación del inicio del aprendizaje de la lengua». Fuentes del Ejecutivo de Pradales aseguraron que la propuesta vasca no reclama que el aprendizaje del euskera se establezca como un requisito en la regularización de los inmigrantes residentes en Euskadi y afirmaron que tampoco supondrá una ventaja respecto al resto de migrantes que incluyan otro tipo de acreditaciones formativas. La propuesta para vincular el estudio del euskera con la regularización de emigrantes se produce cuando tanto PNV como EH Bildu impulsan una reforma legal para imponer el uso del euskera en la Administración tras decenas de varapalos judiciales, informa Josean Izarra.