La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una fotografía de archivo. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
Política JUVENTUD El Gobierno crea el buzón de denuncias anónimas para becarios: podrán reportar abusos durante sus prácticasLas denuncias podrán estar relacionadas con la falta de relación entre los estudios y la práctica, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa o la falta de tutorización.
Más información: El Gobierno aprueba el estatuto del becario que busca asegurar los derechos del colectivo
I. P. Nova Publicada 2 marzo 2026 12:25hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno de Pedro Sánchez ha activado este mismo lunes un nuevo canal para que los becarios denuncien de forma anónima posibles abusos durante sus prácticas.
Concretamente, el Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud (Injuve), ha puesto en marcha el denominado ‘Buzón de las personas Becarias’, una herramienta que permitirá a jóvenes en activo o que ya hayan finalizado su periodo formativo comunicar irregularidades ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La iniciativa, presentada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se enmarca en un convenio de colaboración entre el Injuve y el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) para reforzar la protección de los jóvenes en el ámbito laboral.
Los sindicatos dan por cerrado el estatuto del becario mientras CEOE afirma que la negociación está "abierta"A través de este buzón, los estudiantes podrán reportar situaciones como la falta de relación entre las tareas desempeñadas y los estudios cursados, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización de las mismas funciones que el personal contratado, la ausencia de tutorización efectiva o la asignación de responsabilidades que exceden el carácter formativo de las prácticas.
El Injuve será el encargado de recopilar y ordenar las denuncias recibidas y trasladarlas a la Inspección de Trabajo, que podrá iniciar actuaciones específicas para comprobar el cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en casos de posibles relaciones laborales encubiertas bajo la figura de prácticas no laborales.
225.000 euros de multa
Desde el Ministerio defienden que el objetivo es "favorecer la protección de la juventud en el ámbito laboral" y reforzar las garantías de un colectivo que, sostienen, "históricamente ha tenido que soportar altos grados de explotación laboral" a través de una fórmula concebida para el aprendizaje y no para sustituir empleo estructural a menor coste.
La puesta en marcha del buzón coincide con la inminente aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros del llamado Estatuto del Becario, el anteproyecto de ley que regula nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como la compensación de gastos o el derecho a vacaciones, y que prevé sanciones de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan sus obligaciones.
La inspección laboral aflora 214.646 empleos y recauda 1.873 millones en 23 meses de campaña contra el fraudeEn 2022, al inicio de la negociación de esta norma, la Inspección de Trabajo afloró más de 3.000 contratos de falsos becarios desde 2020. Solo en 2024, según datos oficiales, el organismo realizó 802 actuaciones que permitieron detectar 220 falsos becarios y regularizar 187 empleos, con cuotas liquidadas por valor de más de 450.000 euros.
El Ejecutivo apoya la medida en cifras como las de la Encuesta de Juventud 2023, que reflejan que el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido alguna forma de explotación laboral a lo largo de su trayectoria, ya sea trabajando sin contrato, como falso autónomo, como becario no remunerado o bajo fórmulas precarias.
El nuevo buzón se integra así en una estrategia más amplia para reforzar la vigilancia sobre las condiciones laborales de la juventud, considerada por el propio Ministerio como un colectivo "especialmente vulnerable", y para intensificar tanto las actuaciones inspectoras como las campañas informativas dirigidas a estudiantes y empresas.