El Ministerio de Justicia tiene previsto crear 500 nuevas plazas de jueces a lo largo del año 2026, el mayor incremento en la historia de España. Así consta en un real decreto dictado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Este aumento tan notable del número de unidades judiciales es posible por la reorganización del sistema judicial que ha supuesto la creación y puesta en marcha de los tribunales de Instancia. Se da la circunstancia de que este nuevo modelo permite crear plazas judiciales sin necesidad de crear un juzgado completo.
Según ha podido saber este periódico, en términos económicos, el coste de creación de una plaza judicial es ahora de 107.000 euros aproximadamente, mientras que la creación de un juzgado tradicional completo ronda los 520.000 euros.
En total, el Gobierno prevé destinar 53,5 millones a la creación de estas 500 plazas de jueces, de las cuales en 363 estarán destinadas en secciones de tribunales de Instancia.
Con esta medida, el Ejecutivo trata de acallar las críticas que han generado la instauración de los tribunales de instancia, en gran medida por la falta de ampliación de plazas para jueces y fiscales. Lo hace, además, en un momento en el que ha sido acusado de generar el «caos» en los juzgados con la reorganización del modelo judicial.
Petición del CGPJ
Con esta iniciativa, el Ministerio de Bolaños atiende a la reclamación realizada el pasado mes de julio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que entonces consideró imprescindible el incremento de la planta judicial con 509 nuevas unidades. El objetivo: agilizar la actividad de juzgados y adecuarla a la litigiosidad existente. Además, el real decreto ha tenido en cuenta las propuestas recogidas en las memorias anuales de los Tribunales Superiores de Justicia, y las propuestas e informes de las comunidades autónomas.
Hasta la fecha, la mayor creación de plazas de jueces fue en el año 2014, cuando el Ejecutivo de Rajoy aprobó 282 nuevas unidades judiciales. Previamente, hay que remontarse a 1989, cuando se constituyeron 303 plazas de jueces con el despliegue de los Juzgados de lo Penal.
Las 500 nuevas plazas judiciales previstas para el año 2026 se distribuyen en 363 plazas en secciones de tribunales de Instancia; 85 plazas de magistrado en órganos colegiados, de las cuales tres corresponden al Tribunal Supremo, cuatro a la Audiencia Nacional, dos al Tribunal Central de Instancia, siete a los Tribunales Superiores de Justicia, 71 a las Audiencias Provinciales, y 50 plazas de jueces de adscripción territorial, según especifica el real decreto.
De igual manera, en el mismo se contempla que la creación de esas nuevas plazas conllevará la supresión de las medidas de refuerzo concebidas como coyunturales. En el caso del Tribunal Supremo, se crearán dos plazas de magistrado en la Sala Primera o de lo Civil, y otra plaza en la Sala Segunda o de lo Penal.
Refuerzo en la Audiencia Nacional
Por su parte, el real decreto prevé la creación de cuatro nuevas plazas de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En la actualidad, el órgano judicial encargado de luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia económica a gran escala en nuestro país se encuentra colapsado, con un gran número de causas pendientes. De hecho, la Audiencia había solicitado al CGPJ que, como medida específica, se aumente de forma fija su plantilla a través de una quinta sección en la Sala de lo Penal compuesta, como «mínimo», por tres magistrados más.
Por otro lado, el real decreto aborda la extensión de jurisdicción de algunas secciones de Violencia sobre la Mujer de tribunales de Instancia; medida que había sido reclamada por el órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló.
La implantación de los tribunales de Instancia le ha valido numerosas críticas al Ejecutivo dentro de la carrera judicial por la falta de medios y de planificación en su puesta en marcha. El sistema en sí no genera rechazo entre los jueces ya que la organización de los juzgados unipersonales estaba considerada mayoritariamente como ineficiente. De hecho, todas las asociaciones judiciales reclamaron en un comunicado conjunto en 2017, como medida básica, la racionalización de la planta judicial a través de la implantación de los tribunales de Instancia.
Críticas a los tribunales de instancia
Por su parte, el Partido Popular solicitó el pasado sábado la comparecencia urgente del ministro Bolaños en el Congreso de los Diputados por el «desconcierto, colapso y caos» que se está generando en los tribunales.
En tanto, el Gobierno es consciente de la necesidad de dotar de más medios a la Administración de Justicia y, en concreto, al nuevo modelo organizativo evitando las disfunciones que se están registrando en la actualidad. El real decreto afirma que la ampliación del número de jueces es «necesaria desde un punto de vista estructural». Es significativo que, de las 500 nuevas plazas de jueces que va a crear el Ministerio de Justicia, la mayor parte -en concreto, 363- sean para los tribunales de Instancia.
El objetivo de Justicia es que estas 500 plazas puedan convertirse en una realidad en este mismo año, en un plazo aproximado de seis meses. A partir de ahora, comenzará la tramitación del decreto de Justicia y se pedirá que informen sobre el mismo al CGPJ, las comunidades autónomas y los ministerios de Hacienda e Igualdad.