El Consejo de Ministros desclasifica 40 informes en los que, según defiende, no hay prueba de la autoría intelectual del país vecino, pero que no estarán disponibles hasta mañana
Regala esta noticia Añádenos en Google La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, comparece en la Moncloa tras el Consejo de Ministros. (EFE)Madrid
08/09/2026 a las 15:56h.El Gobierno no solo se mantiene en que a día de hoy no cuenta con ninguna prueba que permita acusar a Marruecos de la entrada ... irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, también cuestiona la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional que investiga si el país vecino orquestó la operación por sus supuestos vínculos con el PP. El más directo en sus reproches a la labor de la magistrada María Tardón ha sido hasta ahora, como suele ser habitual, el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero la suya no es una posición individual o propia sino, según confirma Moncloa, la postura oficial de todo el Ejecutivo. La ministra portavoz, Elma Saiz, lo defendió abiertamente este martes. «Ha hecho lo que ha hecho siempre como buen jurista, abogado con años de ejercicio y experto procesal, poner en valor la importancia de la independencia judicial», alegó.
El detonante de malestar gubernamental no es nuevo. En sus primeras diligencias antes de decidir si abría la causa, la magistrada encargó varios informes a la Policía y la Guardia Civil con orden de no compartir la información con el Ejecutivo; procedimiento avalado tanto CGPJ como por la Audiencia Nacional frente a las quejas presentadas por el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska. En uno de ellos, dado a conocer por 'El Español' el pasado 2 de septiembre, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras apuntó a un «guiado activo» de las masas por parte de gendarmes marroquíes que desarmó el relato del Ejecutivo sobre la colaboración de Rabat en la resolución de un problema que, inicialmente, Pedro Sánchez atribuyó a la acción de las mafias.
El portavoz del grupo parlamentario, Patxi López insinuó este martes que fue la propia Tardón la que hizo llegar interesadamente a un medio crítico con el Ejecutivo la información de manera malintencionada. «Hubo un informe que negó que se pudiera dar al Gobierno y se filtró, qué casualidad, el día antes de la comparecencia del presidente en el Congreso -esgrimió-. No digo nada más: digo los hechos y los datos». La portavoz del Ejecutivo fue mucho más escrupulosa y evitó un cuestionamiento directo y expresó su «máximo respeto» hacia el poder judicial, pero fuentes gubernamentales insisten en que la visión de Puente es la suya.
Elma Saiz sí se esforzó en todo caso en reiterar el mensaje que ya trató de transmitir el pasado jueves Pedro Sánchez en el Congreso frente a las críticas del conjunto de los grupos parlamentarios por su aparente sometimiento a Marruecos. «Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos y por eso nos hemos personado como parte perjudicada», defendió en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que este martes desclasificó todos los informes de organismos policiales y del CNI que, según asegura el Gobierno, manejó entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre la situación en la frontera ceutí.
Con esta desclasificación, que permitirá la consulta pública de hasta 4o documentos a partir de este miércoles, en torno al mediodía, en la web de la Moncloa, el Ejecutivo pretende demostrar dos cosas: que ni tuvo nunca ninguna información que le hubiera permitido prevenir la avalancha de inmigrantes del 30 y 31 de julio (a pesar de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI había lanzado avisos) ni dispone, desde su óptica, de ninguna prueba solvente que le permita acusar a Marruecos de instigarla.
En Moncloa aseguran que no se dejará nada sin publicar, que en el paquete desclasificado este martes está «todo» lo que tiene de la Policía, de Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia, de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) sobre el asunto. También las comunicaciones entre departamentos. La oposición lo pone en duda. «No tenemos nada que ocultar», replicó Saiz. «Si hubiera otros documentos que aparecieran, que tuvieran relevancia, también, por supuesto, se compartirán y se informará», añadió. Según fuentes gubernamentales, nada de lo que se dará a conocer afecta a la seguridad nacional y por eso se hará público sin necesidad de dejar nada para la consulta exclusiva de los diputados que forman parte de la comisión de asuntos oficiales del Congreso.
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