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La patronal rehusó apoyar el texto tras 20 meses de negociación por la implantación de medidas que buscan acentuar la vigilancia de las salud mental y de la excesiva conectividad digital en los protocolos sobre riesgos psicosociales. También rechaza la implantación de la figura del agente territorial que controlará la implantación de medidas en negocios de menos de 10 trabajadores.
Aún a expensas de superar el trámite parlamentario, donde el texto podría sufrir modificaciones con las enmiendas de los grupos políticos, el Gobierno ha dado luz verde a la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, sin el apoyo de las organizaciones empresariales. Después de 20 meses de negociación, CEOE y Cepyme denunciaron la unilateralidad por parte del Ministerio de Trabajo en la confección del texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros, que sí cuenta con el apoyo de los sindicatos.
De este modo, el Ejecutivo manda el anteproyecto de ley al Congreso de los Diputados. Una norma con la espera modernizar la vigente desde 1995, y en la que principalmente se amplía el foco de la acción preventiva de riesgos asociada a la empresas, con mayor hincapié en los riesgos psicosociales, incorporando como novedad los derivados de la "hiperconectividad" digital, e incluyendo además sesgos de edad.
Esta reforma fue un compromiso alcanzado en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 que sí contó con el consenso de todos los agentes sociales hacer ahora prácticamente tres años. No obstante, el desarrollo técnico de los rasgos de la nueva ley de prevención es lo que alejó las posturas hasta el punto de impedir un nuevo acuerdo.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, defiende la pertinencia de la norma, teniendo en cuenta que en el año 2025 fallecieron más de 700 personas en su puesto de trabajo, una cifra que es "brutal" a pesar de que se ha reducido un 40%, en lo que califica la siniestralidad laboral del "principal problema" en España.
"Hablamos de absentismo, pero los datos de aumento de IT por salud mental se han incrementado un 500%, no es una maldición divina en España o Europa. Tenemos en esta ley la posibilidad de abordar futuros absentismo, actuar antes para que la ciudadanía no enferme. Es mejor actuar ex ante que culpar a los trabajadores que enferman de una responsabilidad que no es suya", argumentó la ministra de Trabajo.
Claves de la ley
En este sentido, la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales sitúa la salud mental y el derecho a la desconexión digital como ejes centrales de la acción protectora arrogada a la empresa. La normativa obligará a las compañías a integrar el bienestar psicológico en sus planes de prevención, equiparando la vigilancia de la salud mental a la física mediante exámenes médicos específicos. Aquí, la desconexión digital pasa a convertirse en un derecho de salud laboral, por lo que las empresas deberán detectar patologías derivadas del estrés o la hiperconectividad y aplicar medidas correctoras inmediatas si se identifican síntomas de agotamiento.
Paralelamente, la ley introduce por primera vez un protocolo obligatorio de reincorporación tras bajas de larga duración (más de seis meses) para garantizar que el retorno al puesto sea seguro y adaptado.
Además, en el plano organizativo, el anteproyecto de ley endurece los requisitos para las pequeñas empresas. La reforma limita a un máximo de 10 trabajadores el supuesto en el que el empresario puede asumir personalmente la gestión de la prevención, reduciendo el umbral actual de 25 empleados para las compañías que cuentan con un solo centro de trabajo. Al mismo tiempo, se potencia la representación social al incrementar en un 20% el crédito horario de los trabajadores designados para tareas preventivas, dotándoles de más tiempo remunerado para supervisar la seguridad en sus centros de trabajo.
Una de las novedades más cuestionadas por la patronal, es la creación del delegado territorial. Esta figura, designada por las organizaciones sindicales y empresariales, tendrá potestad para vigilar el cumplimiento de la norma en negocios de menos de diez empleados que carezcan de representación legal. Estos delegados podrán realizar visitas presenciales, proponer mejoras y, en última instancia, denunciar deficiencias ante la Inspección de Trabajo.
Finalmente, el nuevo marco legal mantiene el rigor del régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar el millón de euros en los casos más graves. Sin embargo, se limita la vía de "pronto pago" que permite una reducción del 40% en la cuantía de la multa. Este descuento quedará totalmente vetado en aquellos casos donde la infracción haya derivado en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional constatada.
Cabe recordar que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, criticó la aprobación de la medida horas antes de la celebración del Consejo de Ministros, denunciando la ausencia de diálogo por parte del Ministerio. Según el departamento de Yolanda Díaz, la patronal pretendía seguir demorando esta negociación a la espera de que hubiera un nuevo Gobierno, esquivando la posibilidad de llegar a un amplio consenso por motivaciones políticas.
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