La aprobación de la Ley de Vivienda Asequible y la exigencia de Vox de incluir en dicho pacto la "prioridad nacional", acordada en otros territorios como Extremadura o Aragón para llegar a acuerdos de investidura, continúa siendo, tres meses después, uno de los principales problemas para el Ejecutivo que preside Fernando López Miras.
Desde que el pasado lunes, tras una reunión mantenida en la Asamblea regional, Vox exigiera aplicar dicha "prioridad" a la esta nueva normativa, el Gobierno regional y el Partido Popular se encuentran "estudiando" dicha propuesta para para ver si "es compatible con el espíritu de la Ley y con el ordenamiento jurídico español".
Por todo ello, el Consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha pedido este jueves a Vox que no "condicione" la aprobación de La Ley de Vivienda ni "por sus disputas internas ni por sus tácticas y estrategias electorales dictadas directamente desde Madrid".
"Desde hace tres meses podríamos tener una Ley de Vivienda Asequible si las disputas internas de Vox no hubiesen frenado un acuerdo prácticamente cerrado", ha aseverado.
En este sentido, y sobre la posibilidad de sacar adelante la Ley con los dos votos del Grupo Mixto (José Ángel Antelo y Virginia Martínez, ambos ex integrantes de Vox), el consejero ha afirmado que "en los líos de Vox que no nos metan. Que no nos metan en su fuego cruzado", al tiempo que ha recordado que lo que otorga "estabilidad y certeza" son los acuerdos "entre partidos políticos".
Plan Estatal de Vivienda
En este mismo ámbito y sobre el anuncio del Plan Estatal de Vivienda por parte del Gobierno de España, el portavoz ha afirmado que éste "no destinará a la región 308 millones de euros" y que las comunidades autónomas, sin ser "consultadas ni escuchadas" tendrán que aportar el 40%
"El Plan llega tarde; sin diálogo real con las comunidades autónomas; no aborda los problemas estructurales de la vivienda, sino que apuesta por un modelo intervencionista ya fracasado; y es un auténtico brindis al sol", ha añadido.
Proceso de regularización
En otro orden de cosas, y respecto al "caos" que está provocando, según el Gobierno regional, el decreto de regularización aprobado por el Ejecutivo central, Ortuño ha exigido al delegado del Gobierno en la Región y secretario general del PSOE de Murcia, Francisco Lucas, que "salga de su despacho y vaya a visitar a los alcaldes para explicarles qué está haciendo para facilitarles su trabajo en el proceso".
"El delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la región cuando tiene que asumir responsabilidades, desaparece. Se evapora. Ni está ni se le espera. Lleva una semana desparecido", ha afirmado.
Además, el portavoz ha acusado al Gobierno de España de "trasladar" la responsabilidad de este proceso a otras administraciones y, en especial, a los ayuntamientos. "Una muestra más del 'yo legislo y que otros paguen las consecuencias", ha manifestado.