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Repartidor de butano en Segovia Antonio de Torre El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilioEl Supremo obliga al Ejecutivo a compensar el servicio de reparto e insta a Transición Ecológica a aprobar en seis meses la normativa para regular el coste de este servicio
Jueves, 15 de enero 2026, 11:24
... Confidencial y la que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal Supremo insta al Ejecutivo a compensar el servicio de reparto y exige al Ministerio para la Transición Ecológica aprobar en un plazo máximo de seis meses la normativa específica que regule el coste de este servicio obligatorio.En su denuncia, la empresa alegaba que esta falta de actualización normativa le había provocado un perjuicio económico significativo entre 2020 y 2022 y reclamaba 16,6 millones de euros más las cantidades se vinieran devengando hasta la aprobación de una nueva metología. En la resolución, el Supremo estima este recurso y declara que la inactividad del ministerio es contraria a Derecho por no haber revisado el precio regulado de las bombonas de butano en el plazo legalmente establecido.
Sistema «insuficiente» para garantizar la viabilidad de la actividad
En concreto, Disa aportó un informe pericial elaborado por la consultora Kroll Advisory que cuantifica las pérdidas sufridas en 6,8 millones de euros en 2020, 5,9 millones en 2021 y 3,9 millones en 2022. Según recoge la sentencia, el informe concluye que el «sistema de precios regulados vigente resulta insuficiente para garantizar la viabilidad económica de la actividad de suministro obligatorio de GLP envasado en Canarias», y que los sobrecostes derivados de operar en el archipiélago no están reflejados en la metodología actual.
En la sentencia, el tribunal concluye que Transición Ecológica está obligada a revisar el sistema regulatorio y declara la «existencia de un inactividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico», por lo que condena al departamento que dirige Sara Aagesen a tramitar y aprobar, en un plazo máximo de seis meses, la norma reglamentaria correspondiente para regular el coste de este servicio obligatorio
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