El Gobierno declara que la regularización sea secreto de Estado: todo informe técnico y policial pasa a ser 'reservado'

Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, este miércoles, para la regularización masiva. EP

Interior invoca la ley franquista de Secretos oficiales para blindar cualquier evaluación de riesgo o dictamen jurídico sobre el 'decretazo', mientras Inclusión asegura "no tener constancia" la existencia de los informes.

Más información:España destina más de 1.800 millones al año para atender a los inmigrantes irregulares y sólo 60 para impedir su llegada.

Las claves Generado con IA

El Gobierno ha clasificado como "secretos o reservados" todos los documentos internos, informes técnicos y evaluaciones policiales relacionados con la regularización extraordinaria de inmigrantes. La decisión afecta a toda la información técnica o jurídica que pudiera haber servido para elaborar el decretazo que reforma el reglamento de Extranjería.

Es decir, cualquier análisis interno elaborado por las unidades especializadas de la Policía Nacional, todos los dictámenes jurídicos sobre la "adecuación" legal del decreto a la Ley de Extranjería e incluso las posibles advertencias de las instituciones europeas sobre su impacto en el espacio Schengen.

Así lo certifica un documento, al que ha tenido acceso este diario, en el que los ministerios de Inclusión y del Interior responden a un requerimiento de información del Partido Popular en el Congreso.

La batería de preguntas, registrada el 16 de febrero, se queda sin contestación para el control parlamentario, como el propio decreto que no pasó por el Congreso, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha invocado la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales, de origen franquista, y tres acuerdos del Consejo de Ministros que la desarrollan, de 1986 y 1994.

La fórmula empleada es especialmente inconcreta y permite amparar cualquier cosa. Según el texto de la respuesta gubernamental, Interior ha decidido "con carácter genérico" la clasificación de secreto o reservado para "todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución" del decreto.

Triple estrategia de opacidad

El Ministerio del Interior ha construido "un muro de silencio", según fuentes policiales consultadas, sobre la documentación técnica que sustenta la regularización.

A los 15 días de anunciarse la iniciativa, el PP solicitó los informes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF y el CENIF. Y dos meses y medio después, con el proceso ya iniciado, el Gobierno contestó que todo era secreto oficial.

Así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podía "lavarse las manos", en palabras de fuentes populares. El departamento responsable de la regularización, el de Elma Saiz, afirmó escuetamente "no tener constancia" de la existencia de los informes solicitados, sin negarlos explícitamente.

Finalmente, sobre las comunicaciones entre ministerios durante la elaboración del decreto, la respuesta del Ejecutivo es aún más críptica: alega que el proyecto "se encuentra actualmente en fase de tramitación" para hurtarlos al control parlamentario... pero esta afirmación es imposible: la respuesta está fechada el 30 de abril, dos semanas después de que el proceso de regularización comenzara oficialmente el 15 de abril.

El precedente del informe sobre 1,2 millones

La clasificación como "secreto o reservado" tiene consecuencias directas sobre informes policiales que hasta ahora habían trascendido a la prensa. Este diario publicó el pasado 21 de febrero un documento interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que cifraba en más de 1,2 millones los potenciales beneficiarios de la regularización.

El informe policial, fechado en febrero, contradecía frontalmente las estimaciones oficiales del Gobierno. Mientras el Ejecutivo hablaba de 500.000 regularizaciones, los técnicos de Extranjería advertían que la cifra podría alcanzar 1.250.000 personas.

Según fuentes policiales consultadas, ese mismo documento hoy sería considerado secreto oficial. Su filtración podría suponer para el funcionario responsable penas de prisión de entre uno y tres años, además de multas de hasta 30.000 euros, conforme a la legislación vigente.

Las mismas fuentes advierten que una clasificación tan genérica impide cualquier control parlamentario efectivo sobre el alcance real de la medida. "No se trata de documentos de inteligencia sensibles, sino de evaluaciones técnicas sobre capacidad operativa y previsión de solicitudes", explican.

Nueva ofensiva parlamentaria del PP

El Partido Popular registrará este jueves una nueva pregunta escrita al Gobierno en el Congreso de los Diputados, según ha podido confirmar este periódico. La iniciativa exigirá que el Ministerio del Interior concrete cuándo y cómo se adoptó la decisión de clasificar los documentos.

Los populares quieren saber si la clasificación fue acordada en Consejo de Ministros o si se trató de una decisión unilateral del propio Ministerio del Interior. También reclaman conocer a qué entidades y organismos se ha comunicado formalmente esta clasificación.

La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, denunciaba en conversación con este periódico la maniobra. "El Gobierno declara secreto todos los informes sobre la regularización masiva de inmigrantes, actúan como una mafia", afirmó.

El contenido de la pregunta inicial

La solicitud parlamentaria del PP, firmada por 14 diputados, partía de una premisa: el Gobierno impulsó el Real Decreto sin recabar informes de las unidades especializadas de la Policía Nacional. Los populares citaban relatos de "miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que confirmaban la falta de consulta.

El PP afirmaba tener conocimiento de "informes internos de carácter reservado" que habrían advertido de riesgos jurídicos y operativos. Estos documentos alertarían sobre el control de antecedentes penales, el uso de declaraciones responsables y la posible contradicción del decreto con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica de Extranjería.

La pregunta solicitaba cuatro categorías de documentos: informes policiales completos, análisis jurídicos sobre compatibilidad legal, comunicaciones entre Interior e Inclusión, y advertencias de instituciones europeas. Pero el Gobierno ha cerrado el acceso a todas ellas.

El proceso de regularización extraordinaria, según datos oficiales, ha recibido de momento más de 180.000 solicitudes en sus primeras tres semanas de aplicación. El Gobierno mantiene que el número final de beneficiarios rondará las 500.000 personas, aunque los informes policiales, ahora clasificados, apuntaban a cifras muy superiores.

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