López pide «máxima urgencia» a los jueces mientras Puente acata la suspensión del dispositivo de acogida pero siembra dudas sobre su imparcialidad
Regala esta noticia Añádenos en Google 17/09/2026 a las 09:49h.El Gobierno ha reaccionado esta mañana a la ... para migrantes en el Puerto de Ceuta. Tras la providencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, impulsada por un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), los ministros Óscar López y Óscar Puente han defendido la urgencia de la medida y han solicitado máxima celeridad al órgano judicial para que resuelva cuanto antes el fondo de las Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado en una entrevista concedida a TVE que su departamento ya ha acatado la providencia de la Audiencia Nacional y ha remitido de forma inmediata toda la documentación del expediente requerida por la Sala. Puente ha reiterado que los 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente constituían la única alternativa viable y expedita con la que contaba la Administración para instalar carpas modulares y dar cobijo seguro a cerca de un millar de personas. Puente ha confirmado que su departamento ya ha acatado la providencia de la Audiencia Nacional y ha remitido de forma inmediata toda la documentación del expediente requerida por la Sala Sin embargo, el titular de Transportes ha ido un paso más allá al deslizar duras críticas sobre la oportunidad y el trasfondo de la resolución judicial dictada ayer. Puente ha advertido de que pronunciamientos de esta naturaleza sobre decisiones de emergencia migratoria «dan muestras para que se pueda dudar de la imparcialidad» en el abordaje que determinados estamentos judiciales realizan sobre las competencias y actuaciones del Ministerio. Esta ofensiva de Moncloa busca contener el impacto político y logístico derivado del freno judicial al dispositivo de acogida. La paralización ordenada ayer por el tribunal atiende al recurso del SUP, que alertó de los riesgos de seguridad e incendios que implicaba ubicar a más de 800 migrantes en una infraestructura crítica dotada de zonas energéticas y operativas de alta sensibilidad, dejando por ahora en el aire el plan de contingencia fijado por el Gobierno. Moncloa ya reaccionó la misma noche del miércoles a través de un comunicado oficial defendiendo la «estricta legalidad y proporcionalidad» de la orden de Transportes y acusando de forma velada a los recurrentes de instrumentalizar la seguridad portuaria para paralizar una respuesta humanitaria urgente en Ceuta, además de mostrar su «perpejlidad» por la decisión de la Audiencia Nacional. El Ejecutivo aguarda ahora un pronunciamiento definitivo que determine si el Ministerio de Transportes puede reanudar los trabajos en el recinto portuario o si se ve obligado a buscar un emplazamiento alternativo.
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