Tras el anuncio del Gobierno, a finales de enero, de la puesta en marcha de un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que se encontraban en España, Vox se disparó en intención de voto. La encuesta elaborada por Sigma Dos para EL MUNDO entre el 23 y el 27 de febrero reflejó su mejor resultado de toda la legislatura, con el 18,3% de los sufragios y un grupo de 64 diputados, el doble de los que tiene ahora sentados en el Congreso.
En La Moncloa son conscientes del rédito que el partido de Santiago Abascal podría obtener en las urnas de la crisis de Ceuta alentado por su discurso antiinmigración. De hecho, el argumentario oficial de esta semana se ha centrado en alentar la hipótesis de un recorte de las subvenciones que reciben las entidades sociales de la ciudad autónoma que ayudan a las personas en situación irregular basándose en las "alianzas con la ultraderecha" que el PP tiene en otras comunidades para poder gobernar.
Según otro sondeo elaborado por Sigma Dos justo antes del cruce el 30 de julio de 80.000 personas desde Marruecos, la mayoría de los españoles -54,9%- estaba poco o nada de acuerdo con la legalización de la situación administrativa extranjeros residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025. Aunque el mayor rechazo se situaba entre los votantes de Vox -90,6%- seguidos de los del partido de Alberto Núñez Feijóo -80,6%-, prácticamente uno de cada tres simpatizantes del PSOE -31,6%- también se mostraba en contra de un proceso en el que se han presentado 1.174.978 solicitudes.
Tras la avalancha de Ceuta, los líderes de 22 de los 27 países de la Unión Europea advirtieron en una carta conjunta liderada por Italia y Dinamarca que decisiones como la del Gobierno de Pedro Sánchez de dar papeles a un "número muy elevado" de inmigrantes pueden actuar como "factores de atracción". Además, vincularon esta crisis a la percepción de que la entrada irregular podría acabar convirtiéndose en una estancia legal y a la limitación de las llamadas devoluciones en caliente ratificada en una sentencia del Tribunal Supremo que se había notificado tres semanas antes de la llegada masiva por vía marítima de un número de personas equivalente a toda la población de la ciudad autónoma.
No fue hasta 14 días después de aquellas imágenes inéditas cuando el Ejecutivo reconoció implícitamente que su política de conceder autorizaciones de residencia legal con una vigencia inicial de un año puede llevar a más personas a intentar entrar en el país, bajo la confianza de obtenerla en el futuro. Lo hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al advertir en una comparecencia ante los medios de comunicación: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado. Ninguno de ellos, lo vuelvo a repetir".
La inquietud en el equipo de Sánchez por el efecto movilizador que el discurso antiinmigración pueda tener electorado de la derecha se ha trasladado al repertorio oficial de los ministros, que en sus comparecencias públicas de este jueves se afanaron en tratar de asimilar al PP con Vox con el argumento de que es "absolutamente imposible distinguir" las políticas de uno y otro en esta materia. Lo hicieron con la percha de que Feijóo se comprometiera la víspera a que, en el caso de que llegue a La Moncloa, expulsará "a todos los inmigrantes ilegales y todos son todos, también los menores".
Encuesta de Sigma Dos
Sobre el proceso de regularización extraordinaria en sí, las personas que votaron a Sumar en 2023 son, con diferencia, las más convencidas del mismo: el 82% se define totalmente o bastante de acuerdo con esta medida impulsada por el Gobierno de coalición, según Sigma Dos. Le siguen a mucha distancia los del PSOE, con un 63,8% de aceptación. Por contra, sólo la aprueba el 6,7% de los que metieron la papeleta de Vox en la urna y el 17,1% de los que hicieron lo propio con la del PP.
Por franjas de edad, la encuesta -elaborada entre el 6 y el 20 de julio con una muestra de 3.690 entrevistas- constata que la mayor oposición a la concesión de residencia legal a extranjeros que cumplan los requisitos fijados se concentra entre los 34 y los 64 años -más del 56%- y la menor entre los jóvenes, aunque se sitúa en el 47,9%. A su vez, de media, el rechazo entre las mujeres -53,4%- es ligeramente inferior al de los hombres -56,8%-.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tendrá que dar cuenta en su comparecencia en el Congreso el 28 de agosto del impacto que las decisiones adoptadas en esta materia, incluida la regularización extraordinaria, han tenido sobre la gestión de la inmigración irregular.