El Consejo de Ministros aprueba una reforma de la ley de asilo y de la de extranjería en medio de la crisis migratoria
Regala esta noticia Añádenos en Google El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (EFE) 25/08/2026 Actualizado a las 14:30h.Giro total a la gestión de ... interés para la seguridad nacional» en la ciudad autonóma y formalizado la creación de un mando único para abordar la grave situación derivada del Además, el titular de Política Territorial ha anunciado que también él comparecerá en el Congreso, «si es posible, el próximo jueves», para dar cuenta de su nombramiento como responsable del mando único. Su comparecencia se suma así a las ocho ya previstas, elevando a nueve el número de ministros que rendirán cuentas ante la Cámara Baja por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Según las cifras ofrecidas tras el Consejo de Ministros, entre el 90% y el 95% de las personas que accedieron a la ciudad autónoma -un volumen que el Ejecutivo cifra en decenas de miles- ya han vuelto al país vecino mediante las actuaciones de control iniciales. Sin embargo, entre el 5% y el 10% del total de las personas llegadas continúa en la ciudad autónoma. Para gestionar la atención de este grupo remanente, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a una partida de 25 millones de euros a propuesta del Ministerio de Infancia, destinada prioritariamente a la atención de menores, la localización de espacios y la habilitación de infraestructuras de acogida. El Gobierno ha defendido la continuidad de la presencia institucional en la zona, recordando las sucesivas visitas de miembros del Ejecutivo desde el inicio de la crisis y justificando el paso a esta nueva estructura de coordinación interministerial y autonómica para gestionar la situación a medio plazo. Otra de las decisiones relevantes del Consejo de Ministros ha sido la aprobación de un anteproyecto para reformar la ley de asilo y una parte de la ley de extranjería. Marlaska ha sido el encargado de explicar el motivo de dicha decisión en plena crisis migratoria tras lo acaecido el pasado mes de julio. Según él, el fin es adecuar la normativa nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo y se trata de un marco «absolutamente garantista» con los derechos humanos y con especial foco en la protección de los menores. Marlaska también volvió a respaldar la versión que ya ofreció sobre si existió algún aviso previo, reiterando que «ningún servicio de inteligencia español ni de países aliados» emitió informes previendo un escenario de la magnitud de lo acontecido el 30 de julio, al tiempo que recalcó que todos las unidades actuaron en «estricto cumplimiento de la ley» y con profesionalidad.