El Gobierno de Pedro Sánchez impone un nuevo modelo de financiación autonómica con el 90% de las comunidades afectadas en contra por primera vez en democracia. Cumple así el compromiso con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mientras los representantes del resto de comunidades y de las dos ciudades autónomas claman contra el nuevo sistema por considerarlo injusto.
El Gobierno forzó esta decisión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que aglutina a los responsables de Hacienda del Estado y sus comunidades. Una muestra de lo ocurrido es la satisfacción expresada por la consellera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, en contraste con la angustia de su homóloga de Ceuta, Kissy Chandiramani. Esta protestó, porque además de que el nuevo modelo es negativo para su ciudad, asegura que no está recibiendo la financiación extra que necesita para la crisis actual que padece: «Nos han racaneado todo tipo de medios».
Con su actitud, el Gobierno de Sánchez coloca a los diputados socialistas de las 13 regiones que han votado en contra en situación límite para cuando el modelo llegue al Parlamento. En particular, a los de Castilla-La Mancha y Asturias, cuyos gobiernos socialistas votaron este viernes en contra por considerar «regresivo» el nuevo sistema.
«Es un día histórico», afirmó el ministro de Hacienda, Arcadi España, al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, en efecto, lo es, pero en términos diferentes a su versión. Se trata de la primera de las cuatro reformas que ha experimentado el modelo de financiación autonómica desde 1986 que un gobierno se atreve a imponer con la mayoría de los afectados en contra. Ni siquiera en la muy polémica vigente de 2009 se produjo una votación como la de este viernes, en la que dos comunidades, Cataluña y Canarias, votaron a favor, y 13 en contra, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Se trata del 90% de las de régimen común.
El peculiar sistema de voto del CPFF permite al Gobierno central sacar adelante cualquier votación con una sola comunidad, pero ninguno se había atrevido a aprovechar esta regla hasta el actual de Pedro Sánchez.
La consellera de la Generalitat de Cataluña agradeció a puerta cerrada al ministro España su «valentía» y resaltó que el nuevo sistema deja 4.700 millones más anuales en las arcas catalanas. El Gobierno canario sostiene que se reconoce por primera vez su «singularidad» y duplica la previsión inicial de la autora del modelo, María Jesús Montero.
Son los que se declaran ganadores. El resto se sitúa en el lado perdedor. Según asistentes consultados, hubo chaparrón de intervenciones contra los ministros presentes, Arcadi España y Ángel Víctor Torres. El consejero de Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez, fue elocuente: «Los representantes de 36 millones de españoles votan en contra del nuevo modelo». Incluyó así también a la Comunidad de Madrid, aunque su consejera de Hacienda, Rocío Albert, no acudió. Ella está en contra pero defendió que era mejor no ir para evitar que hubiera quórum. Su intento de boicot no fue secundado, porque el resto de CCAA del PP no lo consideró eficaz, porque el ministro podía dar el trámite por superado igualmente, en su opinión.
El voto de ayer no es el decisivo, sino el que tendrá lugar en el Parlamento y allí puede decaer, porque Junts anunció este viernes una «enmienda a la totalidad». Exige que Cataluña obtenga más y alcance un régimen como el foral del País Vasco. El ministro de Hacienda solo acepta por ahora añadir un fondo extra para intentar atraer a otras comunidades. La consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, se declaró confiada en que lo aprobado ayer quedará en nada. Y si se aprueba, varias CCAA amenazan con ir a los tribunales.
El ministro de Hacienda eludió criticar a los consejeros socialistas y se centró en los del PP a los que acusó de no tener propuesta común y someterse a Génova cuando, por ejemplo, cree que Andalucía o Murcia resultan particularmente beneficiadas por el modelo. La consejera murciana, Marisa López Aragón, lo niega: «Está claro que no ha querido negociar, solo cumplir los pactos con quien mantiene en el poder a Sánchez. Con este modelo la Región de Murcia se consolida en el podio de las peor financiadas».