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El Gobierno impulsa el 'buzón del becario' para denunciar a las empresas: cuando lo planteó CEOE para las bajas, lo vio ilegal

El Gobierno impulsa el 'buzón del becario' para denunciar a las empresas: cuando lo planteó CEOE para las bajas, lo vio ilegal
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Desde Juventud, el Gobierno abre un canal para que los becarios alerten de las malas prácticas de las empresas, la CEOE proponía que los trabajadores alertaran sobre bajas fraudulentas. Más información: El Gobierno crea el buzón de denuncias anónimas para becarios: podrán reportar abusos durante sus prácticas.

Yolanda Díaz, este lunes, durante la presentación del 'Buzón de las personas becarias'. Europa Press

Política TRABAJO El Gobierno impulsa el 'buzón del becario' para denunciar a las empresas: cuando lo planteó CEOE para las bajas, lo vio ilegal

Desde Juventud, el Gobierno abre un canal para que los becarios alerten de las malas prácticas de las empresas, la CEOE proponía que los trabajadores alertaran sobre bajas fraudulentas.

Más información: El Gobierno crea el buzón de denuncias anónimas para becarios: podrán reportar abusos durante sus prácticas.

Publicada 3 marzo 2026 02:51h

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El Gobierno de España ha aprobado este lunes el "Buzón de las personas becarias", un buzón de denuncias anónimas para que los becarios alerten de las malas prácticas de sus empresas.

El proyecto está encabezado por el departamento de Juventud de Sira Rego y el de Trabajo de Yolanda Díaz y mantiene vivo el espíritu del Estatuto del Becario, que este martes irá a segunda vuelta al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

La herramienta supone un enésimo enfrentamiento entre la patronal y la ministra de Trabajo en esta legislatura por una doble razón.

Por un lado, preserva el núcleo de un Estatuto del que las organizaciones empresariales se desmarcaron; por otro, lo hace a través de un mecanismo —el canal anónimo de denuncias— que la propia Díaz tachó de ilegal cuando fue planteado por la patronal para vigilar bajas laborales.

Y es que hace apenas tres meses la vicepresidenta cargó duramente contra una iniciativa promovida por la CEOE en Tenerife, que habilitó un portal para que se denunciaran de forma anónima posibles situaciones de absentismo injustificado.

El Gobierno crea el buzón de denuncias anónimas para becarios: podrán reportar abusos durante sus prácticas

Yolanda Díaz calificó de "gravísimo" que "el señor Garamendi y la CEOE hayan abierto una oficina con carácter anónimo para que los trabajadores denuncien a otros trabajadores enfermos".

La vicepresidenta anunció que acudiría a la Agencia Española de Protección de Datos por considerar la iniciativa ilegal.

Aquel buzón empresarial recogía comunicaciones para trasladarlas automáticamente a la Inspección de Trabajo, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las mutuas y al Servicio Canario de Salud.

Además, invitaba a denunciar posibles usos indebidos de las bajas laborales bajo garantía de confidencialidad.

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El nuevo buzón impulsado ahora por el Ejecutivo tiene un objeto distinto, las condiciones de los becarios, pero un funcionamiento similar: canalizar denuncias anónimas hacia la Inspección de Trabajo.

La gestión corresponderá al Instituto de la Juventud (Injuve), que recopilará las comunicaciones recibidas a través de una plataforma y las trasladará al Ministerio de Trabajo para que, en su caso, se activen actuaciones inspectoras.

En la presentación del buzón este lunes, Díaz defendió el acuerdo entre Injuve e Inspección como una vía para "atajar una fuente de precariedad que hace algo muy malo, que es degradar la formación".

Consejo de Ministros

La activación del buzón se produce en vísperas de que el Estatuto del Becario vuelva al Consejo de Ministros.

El texto, que no contó con el respaldo de la CEOE ni de Cepyme, establece un régimen sancionador con multas de hasta 225.018 euros para las infracciones muy graves en su grado máximo.

En su grado medio, las sanciones oscilarán entre 30.001 y 120.005 euros, y en el grado mínimo entre 7.501 y 30.000 euros. Siempre pagará la empresa.

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El proyecto obliga además a compensar los gastos en que incurran los estudiantes —desplazamiento, alojamiento o manutención— y limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas y al 15% de los créditos ECTS de la titulación, frente a las 900 horas que hasta ahora podían alcanzarse.

Las organizaciones empresariales han rechazado el texto por considerar que reduce de forma severa la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares y que introduce rigideces en la tutoría efectiva que pueden generar problemas organizativos en las empresas.

Vincular el buzón al Injuve y no hacerlo depender exclusivamente de la futura ley ofrece a Yolanda Díaz un margen político adicional.

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Ese movimiento cobra relevancia en un momento de debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que la pasada semana perdió dos votaciones en la Cámara Baja por la fragilidad del apoyo de sus socios.

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El enfrentamiento simbólico con la patronal se produce, además, en un contexto de tensión acumulada.

La última subida del salario mínimo interprofesional salió adelante sin el aval empresarial hace unos días. Lo mismo que pasó con la ampliación de permisos por defunción aprobada en la mesa de diálogo social sin la firma empresarial en diciembre.

Con este paso, la vicepresidenta convierte en herramienta propia un mecanismo que hace apenas unos meses situó en el terreno de la ilegalidad cuando lo promovió la patronal.

Cambia el destinatario de la denuncia —de trabajadores a empresas—, pero mantiene intacto el instrumento que entonces llevó al choque institucional: el anonimato de un buzón.

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