El Ejecutivo mantiene la multa y la inhabilitación y asume el criterio del TSJC, que consideró «desproporcionada y excesiva» la condena de cárcel
Regala esta noticia Añádenos en Google Laura Borràs en una imagen de archivo. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Paula De las Heras
Madrid
28/07/2026 Actualizado a las 20:29h.El Consejo de Ministros ha concedido este martes un indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, exdirigente de Junts, condenada ... por corrupción (delitos de prevaricación y falsedad) por las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años. El Gobierno mantiene el resto de la condena, incluida la multa y la pena de inhabilitación de cuatro años y un día, según la nota difundida por el Ministerio de Justicia a media tarde de este martes.El Ejecutivo ha aprobado el indulto en los términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el órgano que juzgó y condenó a Borràs. La propia sala sostuvo en su sentencia que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva». No obstante, la Fiscalía se manifestó en contra del perdón por la falta de arrepentimiento de la política independentista.
Borràs fue condenada por fraccionar contratos para favorecer a un conocido durante su etapa al frente de la ILC
El TSJC condenó en marzo de 2023 a la entonces presidenta de Junts por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para favorecer a un conocido. Según la sentencia, Borràs adjudicó de manera irregular 18 contratos menores por un importe global cercano a los 335.000 euros cuando dirigía el organismo cultural de la Generalitat.
Los jueces consideraron acreditado que las adjudicaciones se dividieron de forma artificial para eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública. El tribunal descartó, sin embargo, que Borràs obtuviera un beneficio económico personal y dejó planteada desde la propia sentencia la posibilidad de que el Gobierno redujera la pena de cárcel mediante un indulto parcial.
El Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2025 la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental. También rechazó que los hechos pudieran beneficiarse de la ley de amnistía al entender que se trataba de una condena vinculada a un delito de corrupción.
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