La decisión del juez José Luis Calama de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación del rescate a la compañía Plus Ultra ha impactado en la política nacional. El Gobierno y el PSOE están inmersos en gestionar el shock. Mientras los socialistas aguardan posibles novedades, como pudiera ser en los próximos días el conocimiento del sumerio o ya el día 2 de junio la declaración en sede judicial del ex presidente del Gobierno, el planteamiento se basa en blindar la decisión gubernamental y el procedimiento administrativo del rescate.
El Ejecutivo defiende que Plus Ultra cumplía con los requisitos para ser rescatada y que la adjudicación de los préstamos se basa en un "marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación". Desde La Moncloa, el propio Pedro Sánchez en persona, siempre han defendido la "pulcritud" de los préstamos, porque cada vez que se les cuestiona por este asunto remarcan que es un dinero que las compañías tienen que devolver.
Fuentes del Gobierno, en medio de la tormenta desatada por la imputación de Zapatero y los registros, entre otras sedes, al despacho que utilizaba él mismo y el que ocupaban sus hijas, buscan trasladar un mensaje de "tranquilidad" y cumplimiento de los requisitos, pese a que el PSOE está en ebullición, en un momento delicado. Explican que la resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor se tomó en base a "media docena de informes técnicos. Todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos". Posteriormente, Consejo de Ministros autorizó la propuesta del Consejo Gestor y el 9 de marzo de 2021, Plus Ultra Líneas Aéreas recibió una ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por importe de 53 millones.