Arte EE. Arte EE.
Política El Gobierno, Junts y el TC, confiados en que el TJUE avalará la amnistía y allanará el regreso de PuigdemontEl Gobierno prevé que Puigdemont no podrá volver a España sin ser detenido como mínimo hasta final de año, pero intentará restablecer el diálogo con Junts, aunque lo ve muy complicado.
Más información:Puigdemont cree que el fallo del TJUE sobre su inmunidad augura la amnistía que volverá a acercarle al Gobierno
Fernando Garea Publicada 16 julio 2026 02:51h Las clavesLas claves Generado con IA
El Gobierno confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita este jueves un dictamen favorable sobre la ley de amnistía, el principal escollo para que Carles Puigdemont pueda volver a España dentro de unos meses.
Fuentes de Moncloa aseguran que es un "pálpito" o un "deseo" pero, en realidad, está basado en las conclusiones que presentó el pasado mes de noviembre el abogado general Dean Spielmann. Su opinión jurídica no vincula al tribunal, le orienta. Pero hay que recordar que, en la inmensa mayoría de las causas, los magistrados la adoptan y la trasladan a sus sentencias.
En esa confianza coinciden con Junts. De hecho, el abogado del expresidente de la Generalitat, Gonzalo Boye prevé que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratificará el criterio del Abogado General del Tribunal, que avala la Ley, según explicó él mismo recientemente en Catalunya Ràdio.
También con el Tribunal Constitucional, porque el organismo que preside Cándido Conde-Pumpido ya avaló la ley de amnistía y, aunque el TJUE no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la norma sino sobre su encaje en los tratados europeos, una sentencia contraria este jueves sería una desautorización.
El Congreso tumba la senda de estabilidad con los votos de PP, Vox y Junts y evidencia la minoría de SánchezAdemás, el TC está a la espera de ese dictamen del TJUE para admitir el recurso de Puigdemont para que, a su vez, el Tribunal Supremo le aplique la ley de amnistía que le permitiría volver libremente a España.
Si así fuera, el efecto práctico no se vería inmediatamente, porque aún es necesario un fallo del Tribunal Constitucional y su aplicación por parte del Tribunal Supremo, lo que llevaría hasta casi final de año la opción de que Puigdemont se beneficie de la amnistía y vuelva a España sin ser detenido.
Pero para el Gobierno el fallo del TJUE tendría un efecto político y simbólico muy relevante, porque en gran medida la legislatura que ya agoniza arrancó con la negociación y aprobación de la ley que entró en vigor el 11 de junio de 2024. Pedro Sánchez convirtió la necesidad de tener los votos de Junts en el Congreso en la virtud de aprobar la norma y abordar lo que el Gobierno llamó la normalidad y reconciliación en Cataluña, enterrando los efectos del procés independentista de 2017. Y asumió un precio político por ello.
Junts rompió hace casi un año las negociaciones con el Gobierno argumentando el incumplimiento de compromisos como el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la UE o el fracaso en el Congreso de la ley para delegar a Cataluña la competencia de inmigración.
También insistió siempre en la vuelta de Puigdemont, una vez aplicada la amnistía. El Gobierno siempre respondió que esas exigencias dependen de terceros, es decir, de la UE, la mayoría parlamentaria del Congreso y los tribunales.
Fuentes del Gobierno aseguran ser pesimistas de poder retomar la relación con Junts que si el fallo es favorable a la ley de amnistía. Sobre todo porque el calendario no ayuda, ya que la vuelta material a España de Puigdemont será casi cuando se convoquen las elecciones generales y porque Junts ya se ha movido estratégicamente para separarse en lo posible del Gobierno para mejorar sus pésimas perspectivas electorales.
Pero lo intentarán, con un inconveniente grave: la caída política de los dos interlocutores del Gobierno con Junts. Porque Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero están siendo investigados por diferentes casos de corrupción. Ese papel lo ha asumido Antonio Hernando por orden de Sánchez para recomponer mayorías con Junts y con PNV.
El Gobierno ya ha comprobado la dificultad esta semana con el rechazo por parte de Junts de la llamada senda de déficit, paso previo para aprobar los Presupuestos, que se reproducirá la próxima semana cuando el Ejecutivo cumpla el protocolo de presentarlo por segunda vez en el Congreso.
Es decir, que el Gobierno intentará negociar luego los presupuestos, pero sin excesiva exigencia porque todo parece indicar que el rechazo a las cuentas en el Congreso será la excusa para convocar elecciones para febrero o marzo de 2027.
Otra novedad es que, según el Gobierno, se dará la paradoja de que la "normalización procesal" de Puigdemont favorecerá al PP, porque ambos podrán negociar en el futuro sin trabas penales y sin tener que viajar a Waterloo o Suiza.
El TJUE resuelve cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional para saber si la ley de amnistía choca con la legislación europea en lo referente a los delitos de malversación y de terrorismo. En ningún caso dirá si es constitucional.
El Tribunal Supremo decidió que no podía amnistiar el delito de malversación que pesa sobre Puigdemont y este recurrió al Tribunal Constitucional. Si el TJUE falla a favor de la norma el Constitucional tendrá que fallar ese recurso después de verano y si fuera, como parece favorable al expresident de la Generalitat, será el Supremo quien aplique la ley y permita que Puigdemont vuelva a España.
Todo ello necesita algunos meses y Junts ya ha hecho saber que su líder no volverá hasta entonces, aunque el TJUE falle este jueves a favor de aplicación de la norma.