- El Gobierno incluye una prórroga de alquileres hasta 2028 en el nuevo decreto de vivienda
- El nuevo decreto de vivienda incluye bonificaciones fiscales para caseros e inquilinos
Vivienda llevará el martes al Consejo de Ministros la prórroga de los alquileres o el aumento del IVA a los pisos turísticos, mientras Sumar y Junts acercan sus posturas por primera vez.
El desahucio, el pasado miércoles, de Maricarmen, una mujer de 87 años, de la vivienda de renta antigua en la que había residido durante siete décadas en uno de los barrios más caros de Madrid, ha generado un estallido social y mediático que parece haber dado el impulso definitivo al nuevo decreto de vivienda que el Gobierno prometió para finales de julio y que todavía no había presentado por la falta de acuerdo político.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez llevará el martes al Consejo de Ministros el prometido decreto entre dudas sobre su viabilidad parlamentaria por la gran división de opiniones entre los socios parlamentarios del Gobierno. De un lado se encuentra el ala de Sumar, que en los últimos días ha llegado a sugerir, además de incorporar medidas de "protección a las familias" frente a los fondos buitre, expropiar el piso de Maricarmen para que pueda continuar viviendo en él.
Del otro lado se sitúa Junts, que reclama un importante paquete de medidas fiscales para inquilinos y propietarios con el que estimular una oferta de viviendas en alquiler cada vez más exigua. En concreto, la formación de Carles Puigdemont ha puesto sobre la mesa desgravaciones en el IRPF para arrendadores y arrendatarios; para las adquisiciones de vivienda -como la deducción que se eliminó en 2013- o la puesta en marcha de cuentas de ahorro para la adquisición de vivienda con beneficios fiscales.
El acuerdo con Junts sobre vivienda, más cerca que nunca
Sin embargo, y a pesar de que ambos extremos parecían imposibles de cuadrar en un mismo decreto, las circunstancias hacen que el acuerdo esté más cerca que nunca. Ayer, viernes, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se abrió a estudiar la propuesta fiscal de Junts, que la formación consideraba un premio a los propietarios de viviendas en alquiler; mientras que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, recogió el guante del partido liderado por Yolanda Díaz y llamó a buscar "el mínimo común denominador" en medidas como la suspensión de desahucios para los pisos en manos de fondos de inversión o la prohibición de que estos fondos compren más viviendas.
Las fuentes gubernamentales consultadas por EXPANSIÓN confirman que su sensación es que el decreto podrá ver la luz con el acuerdo de Junts, si bien afirman ser "tan optimistas como prudentes" pese a que "todo el mundo está trabajando muy intensamente para sacar adelante un decreto que recoja con equilibrio las posiciones de todos los grupos parlamentarios".
Más allá del acercamiento de posturas con Junts, el departamento que lidera Isabel Rodríguez también tiene otro frente abierto en la negociación con Podemos y el PNV, cuyos votos serán imprescindibles para convalidar en la Cámara Baja, en el plazo de un mes, el decreto que saldrá del Consejo de Ministros el martes.
Desde la formación morada calificaron ayer de "parche" la propuesta y llamaron a expropiar hasta 650.000 viviendas que, según sus cálculos, están en manos de fondos buitre; mientras que los nacionalistas vascos emplazaron al Ejecutivo a buscar consensos en materias como la prohibición de los desahucios o la Ley del Suelo.
Más intervencionismo sobre la vivienda con el nuevo decreto
A falta de definir ciertos flecos, el grueso del decreto que Vivienda llevará al Consejo de Ministros el próximo martes será el mismo que este diario avanzó en julio, cuando finalmente no se aprobó tras encallar las negociaciones.
Igual que entonces, la medida estrella será la prórroga automática, por un máximo de dos años, de todos los contratos de alquiler que venzan antes de junio de 2028. Al respecto, cabe recordar que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado abril una medida similar, lo que generó una gran inseguridad jurídica tras haber permanecido vigente un mes.
Además, el decreto incluirá nuevas y más duras sanciones contra los propietarios de alquileres temporales que incumplan la norma; o la subida del IVA de los pisos turísticos del 10% al 21%, con la intención de que estos inmuebles retornen al mercado del alquiler de larga estancia.
En el plano empresarial, el texto con el que el Ministerio de Vivienda intentó negociar en verano incluía un alza fiscal para las Socimis que tengan viviendas en sus carteras, elevando hasta al 25% -frente al 15% actual- el gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos.
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