- JAVIER AYUSO
Un país que no es capaz de defender sus fronteras es un Estado fallido. Y un Gobierno que se niega a dar las explicaciones pertinentes en el Parlamento incumple las reglas básicas de la democracia. La situación de Ceuta exige medidas urgentes para normalizar la situación de verdad.
Ya nos vamos acostumbrando a que el Gobierno nunca tenga la culpa de nada. Lleva años pasando que cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay accidentes o apagones, cada vez que se descubren casos flagrantes de corrupción, o cada vez que hay consecuencias negativas por sus decisiones, el Ejecutivo mira para otro lado y acaba buscando, y encontrando, culpables para evitar asumir sus responsabilidades. Y con la invasión de 80.000 inmigrantes a la ciudad autónoma de Ceuta está pasando lo mismo.
Tras unos días de estupor y de falta de respuesta efectiva, desde La Moncloa se dieron varias órdenes a sus ministros. La primera, defender la colaboración de Marruecos frente a la oleada orquestada de personas rompiendo la frontera con España, que lo es también de Europa. La segunda, asegurar que se estaba recuperando la normalidad con la vuelta a nuestro vecino del sur de una gran mayoría de los inmigrantes. Y la tercera, informar de que se pondrían todos los medios para que los ciudadanos ceutíes puedan vivir en paz.
Han pasado ya veinte días desde la invasión (¿por qué se insiste en llamar crisis migratoria a un ataque a la soberanía española?) y está más que demostrado que se trata de tres burdas mentiras.
Una campaña oficial acompañada de ministros que visitaban la ciudad tomada (quedan casi 10.000 invasores deambulando por sus calles) e intentaban cambiar el relato imperante de una pésima gestión oficial de la crisis. Y esta semana han iniciado la penúltima fase de su narrativa.
Las dos últimas ministras que han viajado a Ceuta, Mónica García y Elma Saiz (esta última, portavoz del Gobierno), han empezado a dejar caer que la culpa de que la crisis no llegue a su fin la tiene la mala gestión de su presidente, Juan Jesús Vivas y de los propios ciudadanos ceutíes, a los que llegan a calificar de xenófobos. Y, por supuesto, a la politización del conflicto por parte de los dirigentes del PP, que se dejan empujar por la extrema derecha de Vox. Además, insisten en que se avanza hacia la normalidad en la ciudad.
Seguro que estas afirmaciones han salido de las videoconferencias presididas por Pedro Sánchez desde sus bien merecidas vacaciones en el Palacio de la Mareta, en Lanzarote. Sus asesores llevan años explicándole que la manera de gestionar las crisis consiste en dominar el relato. Y para hacer frente al clamor general de la pésima gestión del conflicto, han decidido pasar al contraataque.
Pero los portavoces oficiales han dejado de tener credibilidad, porque no se han cumplido ninguna de las promesas realizadas por los sucesivos ministros enviados a la ciudad autónoma. Decían una cosa y hacían lo contrario, o directamente no hacían nada, mientras la situación se iba deteriorando día a día. Los casi 10.000 invasores que siguen allí (hombres, mujeres y niños) no tienen ninguna intención de marcharse y están sembrando el caos en una localidad de apenas 70.000 habitantes.
La situación es tan dramática que las autoridades europeas no han tenido más remedio que intervenir y dar una orden clara: "Ninguno de los invasores puede pasar a la península", ni niños, ni mayores. En Bruselas tienen claro que se trata de un ataque flagrante a la frontera sur de la Unión Europea y que si se empiezan a aplicar regularizaciones, conceder asilos políticos o trasladar a otras comunidades españolas a menores no acompañados, estaríamos ante un precedente peligrosísimo.
También las fuerzas de seguridad y la Justicia española han puesto el grito en el cielo ante la deriva de la situación. No hay militares, policías, guardias civiles y jueces suficientes en Ceuta para poder realizar su trabajo con eficacia. Hay un clima de inseguridad ciudadana tremendo, mientras se producen violaciones y agresiones sexuales a menores casi todos los días. Lo que antes eran playas se han convertido en poblados en los que los inmigrantes malviven, mientras los servicios sanitarios están colapsados y empiezan a propagarse enfermedades contagiosas.
Mientras la crisis sigue creciendo, desde el Gobierno han decidido no dar explicaciones oficiales sobre lo sucedido. Los tres ministros citados a declarar esta semana en el Senado han dado plantón a los representantes del pueblo, escudándose en que ya lo harán cuando les venga bien en el Congreso de los Diputados, en donde tienen más aliados para defenderlos.
Una pregunta sin aclarar
Hay una pregunta que sigue sin aclararse. ¿Avisaron los servicios de inteligencia de que se iba a producir la invasión? Según el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no. Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, ha preferido guardar un discreto silencio.
Y la cosa no es baladí. Porque si no lo hicieron, alguien tendría que dimitir en el Centro Nacional de Inteligencia y si lo hicieron y no se tomaron las medidas adecuadas, la responsabilidad sería de Interior. Pero aquí no dimite nadie.
Otra cuestión realmente preocupante, tres semanas después del asalto, es que tanto Ceuta como Melilla siguen en grave peligro de nuevos asaltos desde Marruecos. Nuestro vecino del sur, ha montado una auténtica "operación jaula" para evitar que se produzcan nuevas oleadas migratorias. Pero en cualquier momento los militares y policías marroquíes pueden volver a sus cuarteles, dejando indefensas unas vallas que se han demostrado ineficaces, o unas entradas a nado que se pretenden combatir con unas boyas hinchables que se las salta cualquiera.
Debilidad de España
Así que, desgraciadamente, las fronteras de Ceuta y Melilla dependen de la decisión de Marruecos; un país que aprovecha cualquier debilidad en España para reclamar la soberanía de ambas ciudades autónomas. Nadie duda, a estas alturas, de que la invasión del 30 de julio forma parte de una guerra híbrida contra nuestro país, mientras que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sigue proclamando la gran colaboración de Rabat desde el primer momento. No hay nada peor que negar la evidencia; no solo por el ridículo que se hace, sino también porque es una muestra más de debilidad que envalentona a los líderes marroquíes.
Ayer, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, visitó Ceuta y se reunió con Vivas, a quien expresó su apoyó ante "uno de los trances más difíciles de su historia". El presidente del PP afirmó que "España perdió el control de sus fronteras el 30 de julio" y que veinte días después "los españoles que viven en la ciudad siguen sufriendo el abandono del Gobierno".
Calificó la situación como "excepcional", provocada por que se ignoraron los avisos y demandó un "mando único" para hacer cumplir el regreso voluntario o la expulsión de todos los inmigrantes que han entrado ilegalmente".
No se puede perder más tiempo. La situación en Ceuta exige medidas urgentes para normalizar la situación de verdad. Y eso pasa porque vuelvan a Marruecos los cerca de 10.000 inmigrantes que siguen deambulando por la ciudad. Pero, además, hay que reforzar la frontera (igual que la de Melilla), para no depender de la voluntad de Marruecos para evitar nuevas invasiones.
Un país que no es capaz de defender sus fronteras es un Estado fallido. Y un Gobierno que se niega a dar las explicaciones pertinentes en el Parlamento, incumple las reglas básicas de la democracia.
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