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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne, en la Dirección Provincial del SEPE en Córdoba, con representantes del comité de empresa. Madero Cubero / Europa Press El Gobierno resiste la presión de socios y PP para aprobar ya medidas contra el impacto de la guerra en IránMontero asegura que se pondrán en marcha iniciativas «ensayadas» en anteriores crisis «llegado el momento» y «si los precios de las materias primas se encarecen», pero defiende que, por ahora, toca analizar la situación
Madrid
Lunes, 9 de marzo 2026, 16:18 | Actualizado 16:49h.
... la nueva crisis económica desatada por la guerra de Irán. Pese a que el barril de petróleo se disparó ya este lunes un 17% y rebasó la barrera de los 100 dólares —con repuntes en el mercado de futuros que no se veían desde la invasión rusa de Ucrania en 2022—, el Ejecutivo prefiere no adelantar movimientos y enfría las expectativas de una respuesta inmediata. El Consejo de Ministros no aprobará aún ninguna medida en su encuentro de este martes. bajar la cesta de la compra o los costes de producción de las empresas españolas», pero evitó fijar un horizonte temporal claro. «La duración de la guerra es fundamental para calcular cómo se pueden impactar las economías domésticas y las economías industriales», adujo.«Hay que estudiarlo y analizarlo bien, y no es fácil», alegan en la Moncloa
En la Moncloa insisten en la misma línea. Aseguran que no tienen intención de lavarse las manos y apelan a los discursos pronunciados por el propio presidente tanto el viernes, en el marco de la cumbre hispano-lusa, como el sábado en un acto del PSOE en Castilla y León. «Esta guerra de Irán no la avalamos -dijo entonces Sánchez-, pero vamos a proteger a los españoles de sus consecuencias». Sin embargo, rechazan las urgencias. «Hay que estudiarlo y analizarlo bien, y no es fácil», esgrimen.
El problema es que los datos ya han comenzado a generar nerviosismo entre empresas, ciudadanos y partidos. Los recortes de producción anunciados por varios países del Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto han sacudido los mercados energéticos y la oposición, deseosa de salir del marco incómodo en el que ha logrado arrinconarla Sánchez con su «no a la guerra», se apresuró hoy a centrar el debate en cuestiones tangibles y exigir al Ejecutivo que actúe ya para paliar los efectos de la situación internacional sobre la economía doméstica.
El PP retó de hecho al Gobierno a aprobar mañana mismo un paquete que incluya doblar la deducción por hijo en el IRPF y rebajar al 10% el IVA de la energía. Pero no es la única formación que aprieta al Ejecutivo. La mayor parte de los socios del Ejecutivo llevan días reclamando que se den pasos. Este lunes, desde Sumar, la coordinadora Lara Hernández reclamó un real decreto ley anticrisis que incluya la recuperación del impuesto a las grandes energéticas, ayudas específicas para los transportistas profesionales, un límite a los precios de la energía y de los alimentos, y la recuperación de la excepción ibérica, el mecanismo que utilizó el Gobierno durante la crisis de Ucrania para poner un tope al precio del gas, fijado entonces en 30 euros el megavatio hora.
El problema del Ejecutivo para reeditar reales decretos leyes aprobados en el pasado es que la mayoría de la investidura se ha desvanecido
Montero no adelantó cuáles de las medidas anteriores se adoptarán ante el nuevo escenario. Ni siquiera descartó, pese a criticarlo duramente, las del PP. «Siempre plantea lo mismo, bajar la fiscalidad. No tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el Gobierno hizo en otras ocasiones», dijo.
En la recámara están, según dio a entender, la mayoría de las iniciativas planteadas por Sumar, ya «ensayadas» (en sus propias palabras) en anteriores crisis. Algunas, como el impuesto a las grandes energéticas, sin embargo, quizá resulten más complicadas de aprobar ahora que hace cuatro años, dada la posición de Junts. La votación del último real decreto ley en el que el Gobierno decidió incluir la prórroga de su escudo social (moratoria de los desahucios para familias vulnerables incluido) volvió a dejar claro que, en este momento de la legislatura, la mayoría de la investidura se ha desvanecido.
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