El Ejecutivo pasa en apenas tres días de expresar su confianza en la Audiencia Provincial de Madrid a acusar a sus magistrados de participar de una «cacería obscena»
Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en el último congreso del PSOE. (Julio Muñoz / EFE)Madrid
16/07/2026 a las 17:54h.En apenas 72 horas, el Gobierno pasó este jueves de expresar su confianza en los magistrados «competentes, imparciales, independientes y profesionales» de la Audiencia Provincial ... que tenían en su mano poner los puntos sobre las íes a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez a abrazarse una vez más al argumento de la cacería política. La decisión del tribunal de respaldar la decisión de enviar a la esposa del jefe del Ejecutivo a juicio bastó para que en cuestión de segundos las palabras pronunciadas el lunes por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quedaran sepultadas bajo la apisonadora verbal del ministro de Transportes, Óscar Puente.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, fue por el mismo camino: «Primero eran cinco delitos, ahora dicen que dos. Ni cinco ni dos ni ninguno. Begoña Gómez es inocente, y lo repetiremos las veces que haga falta. Estamos ante una cacería política obscena». Incluso fuentes oficiales rechazaron dar el más mínimo beneficio de la duda o expresar su respeto siquiera al criterio de los jueces. «Begoña Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno», se limitaron a recriminar.
Ocho años de prisión
La paradoja es que los magistrados trituran la mitad de la causa general pilotada por Peinado, es decir, dan parcialmente la razón al Ejecutivo en su argumento inmutable de que la del juez ha sido una instrucción, en palabras de Bolaños, «verdaderamente anómala». No solo archivan de plano las acusaciones por apropiación indebida y corrupción en los negocios además ordenan la devolución del pasaporte y el levantamiento de cualquier medida cautelar. Sin embargo, también blindan el núcleo del procesamiento. Begoña Gómez se sentará en el banquillo ante un tribunal de jurado popular acusada de tráfico de influencias y, sobre todo, de malversación de caudales públicos, el delito penalmente más destructivo de todo el catálogo, con penas que pueden alcanzar los ocho años de prisión.
La resolución no dejaba margen para la ambigüedad ni espacio para vender un relato de victoria. De ahí que el Gobierno haya vuelto a la trinchera del agravio y a la descalificación global del procedimiento, igual que ocurrió este martes con la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó a nueve años de inhabilitación a David Sánchez.
En ese otro caso, Moncloa tenía argumentos que explotar a su favor. En un sentencia unánime, el tribunal exoneró explícitamente al jefe del Ejecutivo de haber ejercido la más mínima presión o mediación para la contratación de su hermano músico en la Diputación de Badajoz. El dictamen desmontó el núcleo de la acusación de la oposición al descartar el tráfico de influencias. Pero en lugar de utilizar ese pronunciamiento como un certificado de limpieza institucional, el relato gubernamental decidió encapsular el éxito jurídico para redoblar la tesis de la «cacería» judicial.
El Ejecutivo ha concluido que electoralmente es una estrategia que le puede resultar rentable porque moviliza a los votantes progresistas y cala en el electorado del bloque de investidura. El marco del ataque de la «derecha judicial y mediática» es el un pegamento eficaz para mantener unida a la heterogénea mayoría parlamentaria de la que depende el PSOE y un relato útil de cara a unas elecciones que podrían calentarse, precisamente, por el juicio oral a Gómez, previsto para el primer semestre de 2027.
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