Cuando en el Gobierno movían las manos alrededor de la bola de cristal para atisbar el futuro política, situaban la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, como un "hito de 2026". "Habrá un antes y un después de la vuelta de Puigdemont", sostenían. Ocurre que la relación con Junts está muy deteriorada, rota según dicen los independentistas, con un escenario, además, de acercamiento por parte del PP. Y la legislatura afronta sus últimos estertores. En esta tesitura, el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de considerar que la Ley de Amnistía es compatible con la normativa europea es una bocanada de oxígeno para el Ejecutivo. Porque permite a La Moncloa exhibir la tarjeta de presentación de que ellos cumplen. Que impulsaron una ley que ha sido validada por la justicia europea.
El mensaje es importante y tiene luces largas. La vuelta de Puigdemont no será inminente. En caso de producirse, sería en unos meses, en el tramo final del año. Pronunciamiento mediante del Tribunal Constitucional y a la espera de qué determinan los jueces del Supremo y si no se presenta una nueva cuestión prejudicial que vuelva a paralizar durante meses la situación del ex president. Hay pocas o nulas esperanzas en el Ejecutivo en que esa hipótesis haga girar a Junts para apoyar los Presupuestos que tienen intención de llevar al Congreso. Su perspectiva es más de fondo: necesitan "hitos" como el de este jueves para hacer ver a sus socios, sobre todo los independentistas, que están dispuestos acumplir las promesas políticas.
"Se van dando pasos que ayudan a cumplir con nuestro compromiso", explica un miembro del Ejecutivo sobre el pronunciamiento del TJUE. Saben que no está en sus manos la aplicación de la amnistía, que como ha quedado constatado es algo que corresponde a los jueces, al Supremo, pero que por ellos no va a ser. La pactaron, la impulsaron -pese a considerarla inconstitucional antes de que se la exigieran- y la redactaron y rehicieron para tratar de blindarla ante los recursos que preveían que habría. "Necesitamos que se acaben de dar todos los pasos", insisten. Y el último de ellos es que Puigdemont tenga la posibilidad de beneficiarse del perdón.
La mirada no está puesta tanto en las Cuentas Públicas -de hecho Junts ya ha votado con PP y Vox esta semana para tumbar la senda de estabilidad, la primera piedra de los Presupuestos-, sino en el hecho de que tanto en La Moncloa como en Ferraz saben que sus opciones de plantar batalla a la derecha en las próximas elecciones pasa por aglutinar de nuevo una mayoría que pivote en las formaciones nacionalistas. Y los números son tan precarios y ajustados que no hay margen para prescindir de ningún socio. Y PNV y Junts son dos formaciones que están en el radar tanto del PSOE como del PP.
"El Gobierno siempre estará dispuesto a buscar y a recorrer ese camino de acuerdos entre diferentes. Esa es la política con mayúsculas que queremos y la que hacemos. Pese a las muchas dificultades que tuviera el camino, que los tuvo, pese a las muchas cosas que en aquel momento escuchamos y que nos helaron la sangre, mereció la pena. Merece la pena", fue la invitación que hizo Félix Bolaños, ministro para la Presidencia y de Justicia, al valorar el pronunciamiento del TJUE. "Es el momento de aplicar la ley con normalidad y seguir avanzando juntos", sostienen desde Ferraz.
De momento, la escenificación de PSOE y Junts no cambia. Los socialistas exhiben mano tendida y aunque evitar chocar con los independentistas catalanes señalan que son ya 69 las iniciativas legislativas aprobadas en esta legislatura. Para ellas ha sido necesario el apoyo de Junts. Esto es, que una cosa sería lo que se dice públicamente y otra el día a día.
Desde Junts, el mensaje es que el aval a la amnistía no supone que vaya a cambiar su relación con los socialistas. Su secretario general, Jordi Turull, advirtió de que hasta que "no cumplan con todo lo que nos deben, que es mucha cosa, nosotros no podemos rehacer la relación con alguien del que no te fías".