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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada hoy al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde ha inaugurado la I Jornada de debate sobre la Lecrim. Europa Press El Gobierno se resiste a dar por perdido el escudo social y aprieta a Junts: «Que piense en los 12.000 catalanes afectados»La ministra de vivienda alega que «la mayor parte» de las familias en situación de vulnerabilidad que podrían ser desahuciadas ocupan viviendas vacías de bancos y fondos, no de pequeños propietarios
Madrid
Miércoles, 4 de febrero 2026, 16:52
'escudo social' y las medidas que forman parte del real decreto ley aprobado este martes ... por el Consejo de Ministros, después de haber llevado a un texto aparte, como exigían el PP y Junts, la subida de las pensiones. Los posconvergentes no han confirmado aún, según fuentes de la dirección, el sentido de su voto y, todavía hay un mes de margen antes de que el Congreso tenga que pronunciarse, pero ya ha dejado ver sus reticencias hacia la moratoria antidesahucios, pese a las modificaciones pactadas por el PSOE con el PNV para que los pequeños propietarios no se conviertan en víctimas de situaciones de vulnerabilidad.Hasta la fecha, Junts se ha mostrado bastante inmune a las estrategias diseñadas para persuadir a sus dirigentes por la vía de señalarlos como insensibles a las necesidades de los más desfavorecidos. Pero en Moncloa no desisten. Bolaños lo hizo sin personalizar, con un mensaje que vale tanto para la formación independentista como para el PP, su principal rival. «Votar 'no' -dijo- es ser responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles». La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin embargo, sí se mostró más directa en una entrevista en TVE.
«Ellos que son tan nacionalistas y tan independentistas -arguyó la ministra- ... pues muchas de esas personas que hoy están con esa desazón, con esa inquietud, pensando en el futuro y en sus vidas son también catalanes. En torno a 12.000 o13.000 personas, es el dato que tenemos de la Generalitat; que no piense en el Gobierno y piense en ellas». Además, advirtió de que si el decreto decae, con el decaerán también otro tipo de ayudas. «Tendrán que explicárselo a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas confiando en esas deducciones fiscales que recoge el texto», dijo a modo de ejemplo.
Podemos, crítica
Todas las miradas se dirigen a la formación catalana porque, aunque Podemos se ha mostrado enormemente crítica con la modificación pactada con los nacionalistas vascos (hasta el punto de tildarla el martes de «criminal») en el Gobierno dan por seguro que no osará votar en contra de todo el decreto. El resto de fuerzas de la izquierda asumen que esa concesión es el mal menor. Y el Ejecutivo argumenta, aunque no da cifras, que el impacto sobre las familias vulnerables no será tan elevado.
Según los datos que manejan tanto los partidos del Gobierno como las organizaciones sociales, la moratoria de los desahucios -en vigor desde 2020- ha servido de amparo a entre 50.000 y 60.000 familias. El pacto con el PNV implica que aquellas que vivan en casas cuyo propietario solo tenga una o dos viviendas sí podrán ser desalojadas porque la administración estará obligada a darles prioridad a la hora de buscar una alternativa habitacional que permita al arrendador recuperarlas. Pero, según Rodríguez, la «mayor parte» de los afectados no pertenecen a este grupo sino que ocupan viviendas vacías de bancos o fondos buitre.
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