El Gobierno se salta la ley de Defensa de Zapatero al enviar la fragata a Chipre sin "recabar la autorización" del Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, este jueves en el Palacio de la Moncloa. EP

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005 se aprobó para que "nunca más" un Gobierno enviara tropas al extranjero como hizo Aznar en Irak.

Para operaciones en el exterior que "no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional", el Gobierno debe "realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso de los Diputados".

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El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional es taxativo. Para ordenar operaciones en el exterior que "no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional", el Gobierno debe "realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso de los Diputados".

Así lo que dice la norma, aprobada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que argumentó que José María Aznar había implicado a España en "una guerra ilegal" mandando tropas a Irak "sin una autorización expresa" de las Cortes.

Pero eso es precisamente lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho antes de enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre, una zona de conflicto activo, tras los ataques con drones de Hezbolá contra una base militar británica.

Según Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, "por las propias palabras del presidente, parece claro que se dan los supuestos negativos que exige ese artículo".

Es decir, que ésta es una operación que no está directamente relacionada con la defensa de España. "Así, según esta interpretación literal, debería de pedirse la autorización al Congreso", sostiene Ruiz Robledo.

Y añade un argumento de fondo: "Además, en caso de duda, debe resolverse a favor de la consulta, porque el artículo 1.3 de la Constitución declara que España es una monarquía parlamentaria". O lo que es lo mismo, que luego las normas con interpretación dudosa "hay que interpretarlas a favor de las Cortes y no del Gobierno".

¿Y cuál sería la duda? Que ésta sea una "misión defensiva", como han sostenido desde Margarita Robles a José Manuel Albares. O que, en realidad, a la fragata española no se le haya cambiado la misión, sino el destino.

Lo cierto es que la Cristóbal Colón participaba hasta esta semana en el ejercicio Steadfast Dart 26, unas maniobras de adiestramiento de la OTAN, en el Báltico, como buque de acompañamiento del portaaviones francés Charles de Gaulle.

Pero ahora se la traslada a una zona de guerra con la argumentación de que España acude al auxilio de un socio de la UE, que ha pedido ayuda en su defensa.

Pero Chipre no ha invocado la cláusula de defensa común de la Unión. Así que el Gobierno de España no puede ampararse en ello para interpretar la literalidad de la ley –"directamente relacionada con la defensa de España o del interés nacional"– de manera laxa.

Los hechos

Tras los ataques de Hezbolá contra Chipre, el domingo y la madrugada del lunes, Emmanuel Macron anunció el martes que redirigía el Charles de Gaulle al Mediterráneo oriental. Y pidió a los países integrados en la misión que le siguieran.

España aceptó, aunque no lo anunció hasta este jueves a mediodía, más de 24 horas después del "no a la guerra" invocado por Sánchez en su declaración institucional. El Gobierno ha ordenado a la fragata navegar hacia Chipre para funciones de defensa aérea y evacuación de civiles.

Según la ministra Robles, se trata de una misión "estrictamente defensiva". Pero el cambio es sustancial: se pasa de un ejercicio de entrenamiento a una operación real en zona de guerra. Y de la bandera OTAN a la (supuesta) bandera UE.

El presidente francés ha pedido a otra fragata neerlandesa que acompañe al grupo naval. Países Bajos lo está considerando. Macron llamó también este jueves a Giorgia Meloni y a Kyriákos Mitsotákis, y los ejércitos de Italia y Grecia también enviarán efectivos.

Aunque la UE tiene su propia cláusula de defensa mutua, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, similar al artículo 5 de la Alianza Atlántica. Pero Chipre, Estado miembro de la UE pero no de la OTAN, no la ha invocado. Toda la coordinación es bilateral, impulsada por Francia. No ha habido petición formal a Bruselas.

Antecedentes

La Ley Orgánica 5/2005 fue impulsada por el primer Gobierno de Zapatero, con José Bono en Defensa. Su motivación era explícita: que un Gobierno español no pueda enviar tropas al extranjero como había hecho el de Aznar con la guerra de Irak.

La ley se aprobó el 14 de septiembre de 2005 con 183 votos a favor –PSOE, CiU, ERC, IU-ICV, Coalición Canaria– y 135 en contra del PP, además de 11 abstenciones –PNV, BNG, EA y Nafarroa Bai–.

Hasta entonces regía la Ley Orgánica 6/1980, de tiempos de Manuel Gutiérrez Mellado, que no exigía autorización parlamentaria expresa para desplegar tropas fuera de España.

Así fue como Aznar envió tropas a Irak en 2003 sin un mandato del Congreso. El PP se limitó a someter a votación una proposición no de ley, que fijaba posición, y que se aprobó gracias a su mayoría absoluta.

Federico Trillo, hoy letrado del Consejo de Estado, fue el ministro de Defensa que mandó a las tropas españolas como apoyo logístico a las de EEUU y Reino Unido, que sí entraron en combate en la invasión de Irak.

Hoy, Trillo denuncia que el Gobierno "está vulnerando la ley totalmente". Y no es la primera vez, recuerda. Lo hizo también "cometiendo malversación" en septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo ordenó al buque Furor escoltar la flotilla humanitaria a Gaza sin autorización del Congreso.

Paradojas políticas

Que el Gobierno pida permiso al Congreso no es una mera formalidad. Es más, desde su entrada en vigor, los sucesivos gobiernos y oposiciones han incurrido en varias paradojas políticas.

Según el Diario de Sesiones, sólo durante la X Legislatura, la primera de Mariano Rajoy como presidente, el Gobierno del PP pidió "autorización parlamentaria" para no menos de ocho misiones.

Los populares acudieron siempre a la Cámara para debatir y votar el envío de tropas a lugares tan dispares como Mali, la República Centroafricana, con tras el ISIS en Irak, para estabilizar Afganistán y en el Mediterráneo Meridional.

Además, 20 años después, los papeles de PP y PSOE se terminaron de invertir.

En 2024, el PP registró una proposición para ampliar el artículo 17 y reforzar el control parlamentario.

Los populares querían que el Congreso se tuviese que pronunciar cuando cambiasen las circunstancias de una misión ya autorizada, para pulir las interpretaciones laxas de la norma.

Argumentaban los de Alberto Núñez Feijóo que "el consentimiento mostrado en un momento dado" no debe amparar "escenarios diferentes a los previstos". El PSOE rechazó la reforma. Y ése ahora el caso al que se quiere amparar el Gobierno con la Cristóbal Colón.

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