El Gobierno y la Conferencia Episcopal llegan a un acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, el pasado enero. Europa Press

España El Gobierno y la Conferencia Episcopal llegan a un acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

La reparación económica a las víctimas correrá a cargo de la Iglesia. Se trata de un acuerdo histórico en el que el Defensor del Pueblo ha tenido un papel clave,

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S. de Diego Publicada 30 marzo 2026 07:18h Actualizada 30 marzo 2026 07:19h

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El Gobierno y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo.

A las 11:00 horas de este lunes está prevista la rúbrica del sistema para reconocer y reparar a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial, en la sede del Defensor del Pueblo, según han informado este domingo este órgano y la Conferencia Episcopal.

El acuerdo será firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

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La firma del protocolo llega después de que la Iglesia declarara el pasado 19 de marzo que quedaban "algunos flecos" para cerrar el acuerdopara indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en su seno y mostrara su confianza en alcanzarlo "en una o dos semanas".

Este protocolo es el resultado del acuerdo firmado el pasado mes de enero entre el Gobierno, la CEE y la Conferencia Episcopal para crear una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.

En 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

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Sin embargo, muchas de ellas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia y por ello se ha apostado por un sistema mixto Iglesia-Estado.

Desde la Conferencia Episcopal incidieron en que este proceso "es complementario al plan Priva, no alternativo". "Una persona que ha ido al plan Priva, no puede ahora volver al plan del Gobierno, es una puerta de entrada nueva a un proceso ya creado", recalcaron las fuentes consultadas por Efe.

Este punto estaba "sin definir" aunque en el acuerdo firmado en enero "ya se dice que el procedimiento a seguir implica la relación con el Priva, que es quien finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la valora", recordaron las mismas fuentes.

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De esta forma, se quiere evitar que aquellas víctimas que ya han aceptado el dictamen del plan Priva -aunque no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida- puedan reclamar en segunda instancia ante el Defensor del Pueblo.

Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora del plan Priva, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Priva y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o del Priva, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva

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