Atrás ha quedado ya una imagen que hizo correr ríos de tinta en Valencia: la del ministro de Transportes, Óscar Puente, brindando con cava con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Las tres administraciones aparcaban sus diferencias para celebrar -en un ya lejano diciembre de 2023- la ampliación del puerto de Valencia. Este lunes no hubo brindis, pero sí apretón de manos entre Puente y otro presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quienes se unió el alcalde de Alicante, el popularLuis Barcala.
La imagen de "unión" de un ministro del PSOE y un barón del PP rompe con la del choque encarnizado que vienen protagonizando especialmente ambos partidos en los últimos meses, condicionados por el escenario electoral y el calendario judicial que está dando alas al partido de Alberto Núñez Feijóo frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si la salida de Mazón de la Generalitat con su dimisión permitió a Llorca abrir una grieta en la política frentista, la distensión entre ambas administraciones se ha traducido ahora en un acuerdo "histórico" para Alicante.
Gobierno y Generalitat se dieron una tregua tras meses de cruenta batalla por la dana con la primera reunión entre Sánchez y Llorca en Moncloa. De aquel encuentro el pasado mes de enero nació el compromiso del Ejecutivo central de poner en marcha la comisión mixta de la dana que el Gobierno valenciano llevaba reclamando sin éxito desde poco después de la tragedia. Los rifirrafes entre ambas administraciones no han cesado, pero lejos de los focos se ha cocido un proyecto que da respuesta a una reivindicación de Alicante desde hace décadas.
Puente, Llorca y Barcala presentaron este lunes el llamado Parque Central de Alicante, un proyecto que requerirá de una inversión de 420 millones para eliminar la brecha que en la actualidad provocan las vías del tren que dividen la ciudad. El proyecto se articula en torno a siete acuerdos que proponen soluciones urbanísticas por fases hasta conseguir la conversión del actual entorno ferroviario en un parque multiusos.
Según explicó el ministro, la iniciativa urbanística convertirá el actual entramado de las vías ferroviarias y la estación de tren en "un parque con espacio para la movilidad de los vecinos, el ocio, el comercio y el acceso al transporte público", aunque sin optar por el soterramiento completo de las vías. "Lo que hoy es una cicatriz urbana se convertirá en el pulmón verde que Alicante merece", destacó el ministro, para quien el proyecto ha sido posible "gracias a que las tres administraciones, con independencia del color político, hemos decidido trabajar juntas y anteponer el interés de los ciudadanos de Alicante a cualquier otra consideración".
"Es lo que siempre debería ser", añadía Puente, quien recientemente mantenía un agrio enfrentamiento con la alcaldesa de Valencia por la llegada de los Cercanías a la capital en Fallas. Llorca, por su parte, apelaba a "la colaboración institucional y a la política útil" desde Alicante. "Hoy tenemos que abrir también una nueva vía de comunicación más directa, más cercana y efectiva, para conseguir esas inversiones que tanto añoramos en la provincia de Alicante", aprovechó para pedir el presidente de la Generalitat, que se refirió a la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche o a la finalización de las obras del Corredor Mediterráneo.
"Hablamos de generar un nuevo espacio de más de 200.000 metros cuadrados peatonales en el interior de nuestra ciudad y muy cerca del centro urbano, además de la ejecución de la Estación Intermodal y la construcción de más de 1.400 viviendas", apuntó por su parte el alcalde Barcala sobre el proyecto del Parque Central. Un proyecto decisivo "en el que el Ayuntamiento de Alicante está dispuesto a poner lo mejor de sí, pero para el que es necesaria la colaboración de todas las instituciones". "En beneficio de los alicantinos y al margen de colores políticos", añadió.
Lo cierto es que el pacto ahora a tres bandas con epicentro en Alicante se produce en un momento en que la izquierda ha puesto el ojo en esta ciudad, justamente con la intención de desgastar a un PP que ha visto rebajarse la tensión a cuenta de la dana en Valencia. PSOE y Compromís se han aferrado a las polémicas de la supuesta adjudicación irregular de viviendas de protección pública o la gestión del bono comercio para minar la posición de fuerza de los populares en su feudo alicantino.
La apuesta de Puente por Alicante, además, trata de contrarrestar el lamento de una provincia en el furgón de cola de la inversión estatal. Paradójicamente, quien lideró la ofensiva del Gobierno central contra la Generalitat del PP durante la crisis de la dana, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ausentó ayer del acto en Alicante para asistir a las fiestas de Cullera.