- ERIC GALIÁN @EricGalian Barcelona
El Ejecutivo autonómico abre una consulta pública para sondear a los operadores privados su disposición a participar en tres nuevos proyectos de infraestructuras que está preparando.
Por primera vez en 14 años, la Generalitat planea recurrir a la colaboración público-privada para desarrollar proyectos de obra pública a través de concesiones. El Ejecutivo autonómico abrió ayer un período de consulta preliminar con inversores, constructoras, entidades financieras, fondos de capital riesgo y fabricantes de material, entre otros, para ver su disponibilidad ante la nueva propuesta y preparar las futuras licitaciones.
Según fuentes del Departament de Territori, esta fórmula se ha vuelto a poner encima de la mesa ante el crecimiento imparable de la población catalana, que ya supera los ocho millones de habitantes, y el evidente deterioro de muchas infraestructuras públicas. Las últimas concesiones otorgadas a operadores privados datan de la época del tripartito, como la L9 del Metro, el Eix Transversal (C-25) -cuya gestión directa fue recuperada por el Govern en 2022-, o el Eix del Llobregat (C-16).
A diferencia de las licitaciones presupuestarias o contratos de obra y servicio, donde el Govern paga un precio fijo por cada proyecto, en las concesiones son las empresas quienes realizan la inversión inicial y después la recuperan a lo largo de los años con el cobro de tarifas o de un canon.
El período de consultas abierto afecta a tres proyectos que suman una inversión total de 1.184 millones de euros. El primero es el programa de carreteras 2+1, que supondrá la mejora de 366 kilómetros de ejes viarios con una inversión prevista de 666 millones de euros hasta 2030.
El objetivo es reducir las colisiones frontales gracias a la puesta en marcha de un sistema de tres carriles, con uno por cada sentido y un tercero que se utiliza para adelantar y cuya dirección varía por tramos en función de las características de la vía.
El programa incluye una veintena de carreteras; la más larga es la C-12 de Amposta (Montsià) a Lleida. Durante el período de consultas se determinarán los tramos más atractivos para agrupar en una sola concesión, la estructura de capital y otros factores. A diferencia del sistema de peaje en la sombra aplicado en anteriores concesiones, por el que la Administración paga a los operadores en función del volumen de tráfico, el modelo propuesto se basa en el pago por disponibilidad, es decir, un canon en función de la calidad y el mantenimiento de la infraestructura. Según las fuentes de Territori, el Govern está pensando en contratos por 25 años.
Estaciones de la L9
El segundo proyecto de obra pública es la concesión de las estaciones del tramo central de la L9 del Metro entre Zona Universitaria y La Sagrera, que afecta a nueve estaciones con una inversión prevista de 500 millones de euros a través de la empresa pública Ifercat.
Incluirá la arquitectura y la instalación de elementos como las escaleras mecánicas o los ascensores, aunque los túneles, la vía y los sistemas ferroviarios críticos seguirán bajo control público.
Por último, el tercer proyecto es la creación de electrolineras, o estaciones de carga ultrarrápida para coches eléctricos, en áreas de servicio de titularidad pública que están dentro de vías como la C-33, la C-32 o el Eix Transversal. Se prevén 11 actuaciones con 18 millones de inversión a través de Cimalsa.
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