Pedro Sánchez conversa con Giorgia Meloni durante la penúltima cumbre del 22 de enero. EC
Política CRISIS MIGRATORIA El grupo de Meloni alertó a Von der Leyen de que el "nulo rigor" de Sánchez causará en la UE un "flujo imparable" de migrantesEl canciller Merz advirtió en la cumbre del PPE de que la regularización española es un problema para todos los socios del espacio Schengen y ha llegado a estudiar un posible cierre de fronteras.
Más información:La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenes.
Alberto D. Prieto Publicada 18 abril 2026 02:47h Las clavesLas claves Generado con IA
El Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, liderado por el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, alertó a la Comisión Europea del "flujo constante e imparable de personas a través del continente" que provocará "la falta de rigor fronterizo de España".
Lo hizo apenas una semana después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara su intención de aprobar una regularización masiva de inmigrantes. La carta, a la que ha tenido acceso este diario, fue remitida personalmente a Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, y al comisario de Interior, Marcus Brunner.
El proceso de regularización extraordinaria "sin control" que ya está en vigor en España, desde el jueves pasado, se convertirá "en una desventaja permanente para todos los Estados miembros", según la gobernante italiana.
El texto es un aldabonazo diplomático, porque acusa a Sánchez de "socavar la credibilidad del control migratorio de la UE".
Y recuerda además que, "en un plazo de apenas cinco años, o incluso dos, para ciertas nacionalidades", las al menos 500.000 personas regularizadas "podrán optar a la ciudadanía española y, por tanto, europea".
La misiva, redactada por el eurodiputado español de ECR Diego Solier, no deja margen a la interpretación, pues concluye con una afirmación que resume el malestar del bloque conservador europeo: "Sea cual sea el debate político interno en España, una medida de esta escala no puede tratarse como un asunto puramente doméstico".
Que Bruselas tome posición
El grupo pide a la Comisión que elabore una "evaluación formal y pública" del impacto de la regularización sobre Schengen, que aclare si la medida "se ajusta o no al Derecho de la UE", y que refuerce "la condicionalidad" de la política de visados frente a "los terceros países que no cooperen en la readmisión de expulsados".
El ECR zanja así el argumento del Gobierno español, que ha insistido en que se trata de "una competencia soberana".
Regularizaciones "repetidas y a gran escala", advierte la carta, no sólo "generan un efecto llamada", sino que incluso "minan la confianza entre los Estados miembros" y dificultan la aplicación efectiva de los retornos.
La Comisión Europea ya advirtió, en el debate monográfico que se tuvo en febrero en el Parlamento Europeo, de que no tiene competencia para vetar el decreto. Pero el comisario Brunner aclaró entonces que "un permiso de residencia no es un cheque en blanco" dentro del espacio sin fronteras interiores.
Alemania y sus fronteras
El canciller alemán Friedrich Merz no ha formulado una condena pública explícita. Pero su posición en los foros cerrados del PPE ha sido inequívoca. Según fuentes conocedoras de las reuniones del Partido Popular Europeo, Merz planteó ante sus homólogos los perjuicios concretos que la regularización genera para los demás socios europeos.
El argumento fue preciso: un nacional de un tercer país que obtenga la residencia en España tiene derecho a circular libremente por todo el espacio Schengen hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días, sin que ningún otro Estado miembro pueda impedirlo.
La arquitectura del tratado convierte la decisión unilateral de Madrid en un hecho consumado para Berlín, Varsovia o Helsinki.
En esa misma dirección, fuentes del entorno del canciller apuntan que, en otra reunión de líderes del PPE, llegó a plantearse la posibilidad de encargar al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, que convocara al embajador español en Berlín, Pascual Navarro, para pedirle explicaciones formales.
La opción no se ejecutó, pero su sola deliberación ilustra la gravedad con que Berlín tomó el asunto.
La prensa alemana amplificó el debate. Der Spiegel analizó el decreto como una apuesta "deliberadamente contracorriente". Die Zeit concluyó que España no puede ser un modelo para Alemania. Y el Ministerio del Interior descartó el modelo español por "incompatible" con la distinción alemana entre asilo y migración laboral, y advirtió del riesgo de crear "incentivos erróneos".
Decreto en vigor
El decreto entró en vigor el pasado miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde el viernes 16 de abril se pueden solicitar citas telemáticas y desde el lunes 20 de abril, citas presenciales, con un plazo de tramitación hasta el 30 de junio.
Las imágenes de largas colas ante consulados y oficinas de extranjería en varias ciudades ya han alertado a las autoridades locales por toda España.
Y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha lanzado una advertencia formal: el Gobierno aprueba "una reforma de enorme impacto operativo sin reforzar plantillas, sin mejorar sistemas y sin instrucciones claras para los policías que deben aplicarla".
Los agentes señalan, además, que la admisión de pasaportes y "títulos de viaje caducados" como documentación válida "dificulta" la verificación de los requisitos y "aumenta el riesgo de inseguridad jurídica en la actuación policial".
La falta de antecedentes policiales no será un requisito imprescindible. Sólo se tendrán "en cuenta" los informes policiales, pero "sin efectos automáticos", lo que, según el sindicato, incrementa la presión sobre los agentes y abre la puerta a "mayor arbitrariedad".
Otros socios europeos
La respuesta de Roma está siendo la más contundente. Meloni no se limitó a "inspirar" la carta del ECR, según fuentes implicadas en la iniciativa: tres días después del decreto de Sánchez, el Consejo de Ministros italiano aprobó un paquete legislativo de línea dura.
Su pieza más polémica es la autorización de "bloqueos navales temporales" de hasta seis meses para impedir el acceso de embarcaciones con migrantes a aguas territoriales italianas.
El alcance del mecanismo podría extenderse a llegadas procedentes de España si se acredita "presión migratoria excepcional". El paquete incluye además procedimientos acelerados de expulsión en frontera.
Por su parte, Donald Tusk situó a Polonia en el polo opuesto a Madrid. El primer ministro ha convertido la restricción migratoria en uno de sus ejes de su Gobierno: Polonia ya ha suspendido el derecho de asilo en su frontera oriental y calificó la regularización masiva de Sánchez como una "negligencia política intolerable", en la cumbre del PPE en Zagreb del pasado febrero.
Francia no ha emitido una condena oficial, pero mientras España regulariza de medio millón a un millón de personas, París explicó que sus políticas no tramitan más de 30.000 casos anuales, y de forma individualizada.
Quien sí reaccionó con dureza fue Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National: "Sánchez es uno de los dirigentes más laxos de Europa", declaró el día del decreto. Y alertó: "Los regularizados podrán circular libremente en Francia".
Finalmente, Finlandia dio la respuesta más nítida desde dentro de la UE. La ministra de Interior, Mari Rantanen, habló ante las cámaras de Euronews el 5 de marzo: "Yo nunca sugeriría iniciativas como ésta".
Rantanen advirtió de que regularizaciones masivas como ésta "minan la confianza entre los socios del espacio Schengen". Y reclamó a los Veintisiete coordinar este tipo de medidas, como marca el Pacto de Migración y Asilo, dejando claro el objetivo de su gobierno: "Disminuir realmente el número de personas que vienen a Europa".
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