Mónica García, ministra de Sanidad. Gabriel Luengas / Europa Press.
Sanidad El ‘hachazo’ a la sanidad privada de García tropieza con las competencias de las CCAA y el bienestar de los pacientesLa falta de apoyos en el Congreso es la principal barrera para que prospere la norma.
Más información:El Gobierno lanza una ley para quitar las "garras especuladoras" de la sanidad privada de los hospitales públicos
Eduardo Ortega Socorro Madrid Publicada 11 febrero 2026 02:40hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno impulsa una ley para limitar la gestión privada de hospitales y centros públicos, permitiéndola solo en casos excepcionales tras evaluación previa.
La propuesta ha generado críticas por supuesta invasión de competencias autonómicas y posibles efectos negativos sobre la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria.
La patronal sanitaria y el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad advierten que la medida podría perjudicar a los pacientes y reducir la eficiencia del sistema.
El debate sobre esta norma será central en el próximo Consejo Interterritorial del SNS, con especial oposición de la Comunidad de Madrid y del sector privado.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en primera vuelta, al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Una norma con la que Mónica García quiere impedir que las empresas de la sanidad privada puedan gestionar servicios o centros sanitarios públicos. Es decir, vetar el modelo denominado como gestión indirecta.
Sin embargo, el anteproyecto legislativo (que todavía tiene que superar los análisis de los diversos órganos consultivos del Estado) ya ha cosechado las primeras críticas y ni siquiera ha pasado los trámites gubernamentales. Sobre todo porque supone invadir competencias autonómicas y, según voces del sector, perjudicar los intereses de los pacientes.
El objetivo de la iniciativa gubernamental es imponer importantes límites a la gestión privada (o indirecta) de centros o servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sólo se podrá aplicar cuando no sea posible la gestión directa (es decir, pública) y haya una evaluación previa, entre otras condiciones.
El Gobierno lanza una ley para quitar las "garras especuladoras" de la sanidad privada de los hospitales públicosA falta de conocer la redacción que está manejando el Gobierno, no parece que se vaya a aplicar límite alguno (más allá de los que ya existen) a otras fórmulas de colaboración público-privada como los conciertos sanitarios, según voces del ámbito de la sanidad.
Con todo, fuentes de los sistemas de salud regionales denuncian que el proyecto impulsado por García supone limitar, de facto, las competencias autonómicas al respecto. De hecho, denuncian que tal y como está diseñada la norma, es considerada una invasión competencial.
Con total seguridad, esta norma va a ser el principal punto de debate del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se celebra este miércoles. Una de sus participantes, Fátima Matute, decía este martes que la Consejería de Sanidad de Madrid estudiará la forma en la que se articula el anteproyecto.
Recalcaba que no tendrá control sobre las concesiones de Madrid. Y consideraba que el Ministerio de Sanidad "intenta tapar su ineficiencia con una huelga de médicos que está haciendo un daño irreparable a nuestro Sistema Nacional de Salud, que es en lo que tendría que ponerse a trabajar".
El IDIS avisa de que limitar la gestión de servicios sanitarios públicos por empresas afecta "negativamente a los pacientes"Su jefa, Isabel Díaz Ayuso, usaba palabras más gruesas todavía. La presidenta de Madrid denunciaba que el Ejecutivo quiere provocar que "nada funcione en una región que no deja crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento", señalaba.
De hecho, lamentaba que el Ejecutivo central mande un mensaje negativo sobre hospitales como la Fundación Jiménez Díaz (que funciona bajo el modelo de gestión indirecta con la empresa Quirón a sus mandos) y diga a los pacientes que "se equivocan cuando eligen" estos centros.
También ha habido reacciones por parte de los actores del sector sanitario. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) es uno de ellos.
Este ente ha alertado de que limitar "la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria".
Impacto negativo
El veto a estas fórmulas, tal y como lo ha diseñado el Ejecutivo, "podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas".
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector hospitalario privado, comparte estas críticas. Y denuncia que la norma "el texto reduce de forma arbitraria los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial", indican desde la patronal.
"El Ministerio dirigido por Mónica García criminaliza al sector sanitario en su conjunto e identifica de forma simplista la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica del gestor", añade.
Además, ASPE muestra su preocupación por "la prohibición definitiva de los modelos de concesión administrativa, un instrumento ampliamente utilizado en las democracias más avanzadas para canalizar recursos privados hacia la creación de infraestructuras sanitarias bajo titularidad y control públicos".
Del olvido oncológico a la mejora de la salud mental: estas son las leyes sanitarias que el 23-J ha suspendidoCon esta norma, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno persiguen, también, reforzar la gestión pública del SNS. Se trata de una iniciativa que ya intentó Carolina Darias, hoy alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y ministra de Sanidad entre 2021 y 2023.
En este periodo, la política canaria trató de impulsar una norma con nuevas limitaciones para la colaboración público-privada en sanidad, aunque light para las pretensiones del socio del PSOE por entonces en el Gobierno, Unidas Podemos.
Pero murió aparcada en el Congreso hasta que terminó la legislatura dados los desacuerdos entre los aliados de los socialistas por entonces.
Fuentes de los grupos parlamentarios del Congreso indican que aún no es momento para opinar sobre la propuesta de García, pues todavía no ha terminado su trámite en las oficinas del Gobierno.
Sin embargo, estas voces avisan de que las matemáticas le dan la espalda al Ejecutivo. No hay suficientes apoyos para que la norma prospere. Al menos, por ahora.