David Azagra rechaza acogerse, como sí hizo el exlíder PSOE, a un alegato final
Regala esta noticia Añádenos en Google David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, durante un juicio. (Afp)Rocío Romero y Natalia Reigadas
Badajoz
09/06/2026 Actualizado a las 20:29h.Visto para sentencia. Así quedó este martes el juicio a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve imputados vinculados a la Diputación de ... Badajoz por el supuesto enchufe del hermano del hoy presidente del Gobierno en la institución provincial en 2017. Han pasado nueve años desde que David Azagra (su sobrenombre en el mundo musical en el que ha trabajado) firmó el contrato y restan aún varias semanas para conocer la sentencia de la Audiencia pacense. Los acusados y sus abogados confían en una sentencia absolutoria que pueda repararles la «condena social» que dan ya por hecha y de la que se sienten víctimas.
Gallardo, el expresidente de la Diputación y ex secretario general de los socialistas extremeños que afronta una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel -Sánchez, seis-, en el uso de su última palabra al que tenía derecho; una prerrogativa a la que declinó acogerse el pariente del jefe del Ejecutivo. «Las acusaciones populares ya han ganado el juicio social», afirmó tras ocho días de vista en la que ha escuchado a los abogados de las siete acusaciones populares señalarle como el creador de un puesto de trabajo dirigido al hermano del presidente.Gallardo defendió su inocencia y la del resto de acusados. «Su única culpabilidad es no tener las mismas ideas que la acusación popular», en clara alusión a que considera este procedimiento una suerte de enjuiciamiento político impulsado por asociaciones situadas en la esfera de la derecha. El pseudosindicato Manos Limpias presentó en mayo de 2024 la querella que desencadenó la causa, a la que fueron sumando otros colectivos como Abogados Cristianos y los partidos PP y Vox.
«La acusación popular ya ha perdido el interés de este juicio, algunos letrados ya se han ido porque han hecho la labor que pretendían: el juicio mediático paralelo. El juicio social lo han ganado independiente de lo que ocurra en esta sala», concluyó el expresidente de la Diputación de Badajoz, que incidió en que no hizo nada ilegal desde su responsabilidad y mostró su confianza en la justicia.
Solo cinco de los 11 acusados ejercieron su derecho a ese último alegato en su defensa. Junto a Gallardo lo hizo Francisco Martos. El alcalde de la localidad pacense de Castuera y diputado de Cultura entre 2019 y 2023 confesó: «Sigo sin entender qué ha pasado exactamente, no me da mi cabeza para entender lo que ha pasado aquí».
Tras 24 años como regidor de su pueblo, Francisco Martos realizó ante el tribunal un recorrido por su vida pública. «Hoy me veo aquí, llevo siete u ocho días sometido a un escrutinio que no acabo de entender», se dolió. «Pero sí quiero decir que en todo este tiempo de mi ejercicio político jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en mi actividad municipal o provincial».
El amigo llegado de Madrid
Tras él tomó la palabra otro de los acusados, Manuel Candalija, actual director del área de Cultura que empleó su última posibilidad de dirigirse al tribunal para reivindicar la labor de su departamento y asegurar que algunas actividades se han visto perjudicadas por este proceso judicial. Candalija también señaló a las acusaciones populares como responsables del «acoso mediático» que dijo haber sufrido. «Como funcionario de carrera siempre he intentado hacer bien mi labor y el calvario de estos dos últimos años no me lo merezco y espero que termine pronto», objetó por su parte, Félix González, imputado por participar en la comisión de valoración que otorgó el puesto a Sánchez. El último en tomar la palabra fue el actual diputado de Cultura de la Administración provincial, Ricardo Cabezas, que también hizo una defensa del trabajo de la institución.
Quien tampocó se dirigió a la sala fue Luis Carrero, el conocido como «hermanito» de David Sánchez -así se llamaban en los correos que intercambiaban-, exempleado de Moncloa y que fue su colaborador en la Diputación. Carrero está señalado por las acusaciones por haber sido trasladado a Badajoz para supuestamente atender las funciones del puesto que David Sánchez pretendía reacomodar a sus gustos e intereses.
El imputado no se dirigió a los magistrados pero sí lo hizo su abogado, que fue uno de los dos que expuso sus conclusiones finales justo antes de la última palabra; la víspera, en una jornada maratoniana por decisión del tribunal lo habían hecho las acusaciones. Salvador Morillas es el representante legal de quien ha trabajado como jefe de sección de coordinación de actividades transfronterizas en la Diputación de Badajoz hasta que renunció al puesto este verano tras un año y medio de cometido y a falta de seis meses de que cumpliera el contrato. Aseguró que no existen pruebas en su contra. «Si se dice que es un enchufado de Madrid porque se le han fabricado un puesto, hay que demostrarlo», retó.
Las defensas coinciden todas en la falta de pruebas, lo que les anima a pensar que la sentencia será favorable para sus patrocinados tras haber perdido el juicio social al que aludió Gallardo. La Fiscalía no se pronunció este martes, pero también ha pedido la absolución de todos los acusados.
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