- JOSÉ ORIHUEL @JoseOrihuel Barcelona
La entidad dependiente de la Generalitat acude al banco de la Unión Europea para hacer frente a un programa que contempla la construcción o rehabilitación de 4.500 pisos.
Más recursos financieros para apuntalar la política de vivienda nueva del Govern de Salvador Illa, que se ha convertido en uno de los grandes ejes de la hoja de ruta del Ejecutivo socialista con el compromiso de impulsar hasta el año 2030 la construcción de 50.000 pisos destinados a alquiler asequible.
El Institut Català de Finaces (ICF), la entidad financiera de la Generalitat, está negociando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) la obtención de un crédito por un importe aproximado de 330 millones de euros para contribuir a la construcción o rehabilitación en Cataluña de unas 4.500 viviendas para alquiler asequible que gocen de elevados niveles de eficiencia energética.
Con el dinero aportado por el banco de la Unión Europea, el ICF proporcionará financiación a largo plazo a precios atractivos a las promotoras inmobiliarias privadas y públicas que deseen desarrollar este tipo de viviendas.
Fuentes de la entidad autonómica confirmaron ayer que las negociaciones para la formalización del nuevo crédito ya están en marcha. "Tanto para el Govern como para el ICF la vivienda es una prioridad y el BEI es uno de los socios más importantes que tenemos para financiar nuestra actividad", señalaron desde el organismo dirigido por Vanessa Servera.
El programa propuesto al BEI por el ICF contempla un volumen aproximado de inversión de 660 millones de euros, es decir, el doble del importe solicitado.
El objetivo último consiste en "mejorar la disponibilidad de viviendas públicas de alquiler adecuadas en Cataluña", donde "el problema subyacente del mercado radica en la persistente escasez de viviendas a precios asequibles, ya que la oferta actual no satisface la demanda", según la documetación presentada al BEI.
El nuevo programa del ICF es una reedición del que la entidad dependiente de la Generalitat firmó con el BEI en julio de 2024, durante el Govern de Pere Aragonès (ERC). En aquella ocasión, el importe total ascendió a 1.000 millones de euros y la financiación del banco comnunitario se situó en 490 millones. Esta inyección debía permitir la construcción de un total de 4.600 viviendas públicas para alquiler asequible.
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