Joyas intervenidas en la segunda fase. Policía Nacional
Economía El infame final del Grupo Vera se amplía: detienen a otras 10 personas y elevan el saqueo a los 160 millones de eurosEntre los ahora arrestados hay varias personas allegadas a los fundadores de la constructora malagueña por dejar supuestamente sin patrimonio a la empresa y desviar fondos en perjuicio de los acreedores a través de testaferros y sociedades interpuestas.
Más información:El infame final del Grupo Vera: detienen al administrador y al exdirector financiero por robar 100 millones de euros
Ángel Recio Publicada 1 septiembre 2026 10:33h Actualizada 1 septiembre 2026 11:02h Las clavesLas claves Generado con IA
El mazazo en abril de 2025 fue tremendo. El Grupo Vera, una de las constructoras históricas de Málaga, tenía un final dramático y completamente ilegal. La Policía Nacional anunció que había detenido al administrador concursal y al exdirector financiero por robar 100 millones de euros.
Pero la operación, llamada Drave, no se quedó ahí. Los agentes han seguido investigando y este martes ha comunicado que ha habido otras 10 detenciones y que el saqueo inicial pasa de los 100 a los 160 millones de euros.
Entre los arrestados hay varias personas allegadas a los fundadores del Grupo Vera. En lugar de pagar a los acreedores, habían realizado supuestamente, a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos.
Se les imputan los presuntos delitos de frustración de la ejecución -acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial-, insolvencia punible y apropiación indebida.
A finales de julio la Policía hizo nuevos registros e incautó joyas valoradas en más de 200.000 euros. Se han bloqueado ahora activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.
Paco Vera, fundador y alma del Grupo Vera, fallecido en 2017. EE
El Grupo Vera estaba en concurso de acreedores en 2013 con un pasivo de más de 76 millones de euros. Francisco Vera, su fundador, logró un acuerdo con los acreedores, que confiaban en su palabra tras décadas de trabajo.
Pero Vera murió en 2017 y todo se fue a pique. Se mantuvo el concurso y los acreedores, empezando por Hacienda, esperaban cobrar lo que les correspondía.
La investigación policial
La investigación se inició en 2023 a raíz de una denuncia. Agentes del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga con la ayuda de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda se hicieron cargo del asunto.
La Policía afirma que se creó "un plan delictivo ejecutado de manera sistemática en dos etapas".
La primera etapa fue antes del concurso de acreedores. "Se acreditaron operaciones de vaciamiento patrimonial por un valor superior a los 28 millones de euros. Entre las acciones ilegítimas detectadas destacaban la simulación de contratos de prestación de servicios, treta utilizada para eludir embargos inminentes de la Hacienda Pública-; transferencias de capitales con destino a empresas de los investigados; y la venta fraudulenta de activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal, en beneficio de los sospechosos, quienes aprovechaban ilícitamente las ganancias recibidas por las concursadas para pagar sus propias deudas personales", detalla la Policía Nacional.
La segunda etapa fue ya en la fase de liquidación concursal del Grupo Vera "mediante la ejecución de continuas operaciones de descapitalización cuyo perjuicio económico se estimó en más 30 millones de euros adicionales".
"Para la consecución de dicho fin, los investigados articularon un procedimiento basado en la adquisición de inmuebles y carteras de créditos a través de la adulteración sistemática de subastas públicas, así como mediante la realización de ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas", añaden.
La Policía asegura que "la utilización de subastas públicas adulteradas y la firma de ventas directas sin publicidad y con cláusulas de reversión, en favor de allegados de los fundadores, conllevaron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas. Esto privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente a precio de mercado, recursos que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública".
Lo más llamativo es que, como indica la propia Policía, "tales operaciones delictivas fueron realizadas con la imprescindible connivencia de las administraciones concursales, cuyos integrantes ocultaron la descapitalización preconcursal, avalaron las operaciones propuestas por los investigados en perjuicio de las masas concursadas, participaron en la planificación de estas transacciones contrarias a los intereses de los concursos, obstruyeron la adquisición de estos derechos de cobro por terceros interesados minorando el dinero recuperado durante la liquidación de estos activos, y suprimieron información de sus informes con objeto de ocultar las transmisiones fraudulentas, impidiendo el control de los acreedores perjudicados y evitando alegaciones que expusieran las conductas ilícitas desarrolladas".
En total, entre esas dos fases, el expolio se estima en 160 millones de euros, 60 millones más de lo anunciado hace un año en la primera fase de la operación Drave en la que fueron detenidos el administrador concursal, el exdirector financiero y otras cinco personas.
Otro aspecto que llama mucho la atención es que la Policía subraya que ese expolio de 160 millones de euros es incluso mayor a la cantidad que finalmente debían a los acreedores, que ascendía a 150 millones de euros.
La Policía Nacional pudo constatar en aquella primera fase numerosas operaciones que escondían fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización, por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de “facturas”, que en la práctica suponían el ingreso de un dinero que destinaban a la compra de activos de los concursos: bienes inmuebles, derechos de cobro de entidades públicas pendientes de cobro, créditos, entre otros.
La primera etapa se saldó con siete detenidos, otros cuatro investigados, cuatro registros, la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones.