Es más viejo que las propias series de Netflix con las que parece competir: los buenos que en realidad son malos. Y sucedió, presuntamente, en España, en el Estrecho de Gibraltar. Guardias civiles de la lucha contra el narcotráfico que, en realidad, compadreaban con los jefes de los clanes: se iban con ellos de fiesta, o viajaban juntos a Punta Cana o a Estambul.
Soldados en la lucha contra el tráfico de drogas que, en realidad, compartían celebraciones familiares con los narcotraficantes a los que deberían investigar. Que incluso se iban al bautizo de sus hijos. Servidores de lo público que de pronto lograban éxitos insólitos -claro que en la competencia de sus amigos narcos-, y cuyo patrimonio, después, crecía mágicamente. Sin límite ni causa aparente.
La Audiencia Provincial de Madrid acaba de decidir, en auto de 7 de abril al que ha tenido acceso EL MUNDO, que un jurado juzgará, probablemente en otoño, a David Oliva, el teniente coronel de la Guardia Civil que fuera ex jefe antidroga del Estrecho de Gibraltar, por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Tanto él como dos de sus colaboradores cruzaron la línea, creen tanto Fiscalía Antidroga como Asuntos Internos de la Guardia Civil, y presuntamente se habrían concertado para colaborar con el clan de los Ariza, a quienes se supone que investigaban. Oliva fue durante años famoso en el Estrecho -y en la Benemérita- por su ritmo insólito de aprehensiones y sus llamativos éxitos. Los investigadores creen ahora que en realidad podía estar valiéndose de su cercanía a los Ariza para desplumar a la competencia.
La Justicia resuelve así una intrincada telaraña de causas en torno a Oliva, que ha intentado desacreditar las investigaciones incluso culpando al Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska de desarticular injustamente en 2022 OCON Sur (Organismo de Coordinación del Narcotráfico), el grupo antinarcos que él dirigía.
En realidad, ya estaba establecido que los miembros de OCON serían distribuidos entre las comandancias de la zona para integrar la lucha antidroga en los grupos estables, y las autoridades llevaban tiempo sospechando que el ritmo de aprehensiones de droga de Oliva y su grupo, por más que el teniente coronel siempre hiciera gala en el seno de la Benemérita de rozar los límites y pisarlos en algún momento, podía fundarse en alguna connivencia con los Ariza.
Numerosos testimonios de confidentes así lo aseguraban, y tras varias pesquisas de la Policía Nacional fue Asuntos Internos de la Guardia Civil quien logró el indicio clave: tras pedir autorización judicial para intervenirle las comunicaciones, en el móvil del teniente Israel Fuentes aparecieron pruebas de que Oliva presionaba a otro guardia, David Bernal, para que hurgara en las bases de Asuntos Internos y descubriera si el propio cuerpo estaba ya investigando sus vínculos con el narco.
¿Qué prometió Oliva a Bernal a cambio de esa labor? Conseguir pasarle de Asuntos Internos, en cuyas bases Bernal estuvo buscando la información -llegó a robar los archivos-, a Antidroga, y de ahí el delito de cohecho que le imputa preventivamente a Oliva la Audiencia Provincial de Madrid, que desbarata la defensa mediática del ex líder de OCON Sur, quien intentó culpar a Marlaska de la supresión de su grupo para en realidad, creen los investigadores, ocultar su vínculo con el clan de los Ariza. La Audiencia ha desbaratado además la línea de defensa de los tres guardias, que sostienen que la investigación proviene entera de un informe de la Policía Nacional con información parcialmente falsa. El juez opina igual que el fiscal Antidroga encargado de la causa, Luis Uriarte: las pesquisas en absoluto provienen de ahí y hay indicios de sobra para juzgar.
Los indicios contra Fuentes son abrumadores. Asuntos Internos le pilló compartiendo «espacios y festejos» con un miembro prominente del clan Ariza, David Verdejo. Y también viajando con él a Punta Cana y a Estambul, y en la finca El Jaleo, propiedad de Verdejo.
Más aún. Fuentes, sostienen tanto Asuntos Internos como la Fiscalía Antidroga, mantuvo la titularidad de un Mitsubishi Montero que en realidad era de Verdejo para «evitar el control policial» del coche, y cuando en mayo de 2022 se fue al bautizo de un hijo de Verdejo pidió el día libre inventándose una justificación manifiestamente falsa.
Más grave quizás fue el sospechoso incremento de su patrimonio durante esos años, «completamente incompatible» con su sueldo de Guardia Civil: entre 2005 y 2022 Fuentes se hizo con seis viviendas, cinco plazas de garaje y un trastero, además lo consiguió con un escaso endeudamiento.
En 2022 compró una casa «a un valor muy inferior al de mercado y sin financiación»: es decir, probablemente en cash. Además, pagó a tocateja 180.000 euros para rehabilitar otro edificio, participando en cuatro sociedades inmobiliarias sin financiación, usando testaferros como su propia madre, de 74 años.
Cuando en julio del año 2022 los Ariza descubrieron una baliza en uno de sus coches y se fueron directamente al cuartel de la Benemérita -lo cual evidenció que sabía que se trataba de un dispositivo de la Guardia Civil, probablemente alertados por agentes-, Fuentes sondeó las bases policiales para ayudarles, desde su casa.
Fuentes, creen los investigadores, hacía labores de vigilancia para los Ariza al igual que el otro gran agente doble descubierto en España en los últimos tiempo, El Anodino, Óscar Sánchez Gil, a quien Asuntos Internos, pero esta vez de la Policía Nacional, encontró 20 millones de euros emparedados entre los muros de su casa en Alcalá de Henares (Madrid), y uno más en su propio despacho policial.
Fuentes llegó a decirle a Verdejo, en un mensaje interceptado: «Tu único delito es ser amigo mío y de David [Oliva]». Otro de Oliva a Fuentes fue muy revelador: «Solo tenemos que tener cuidado con lo q nos rodea q algunos nos venden [sic]». Fuentes le respondió: «Lo que sepa nuestra mano izquierda no debe saberlo la derecha».
El Anodino, cuya causa instruye actualmente la Audiencia Nacional, cayó, entre otros motivos, por buscar sus propios contenedores de cocaína en las bases policiales para protegerlos, según la investigación. Los guardias de OCON, por rastrear los registros de sí mismos.
Los tres guardias civiles imputados niegan terminantemente todo.